Uno podrá hacer las lecturas políticas del caso como quiera sobre lo que sucedió, pero no podrá negar que sucedió: el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, decidió que cualquier acto administrativo y presupuestario (como comprar computadoras o contratar a un consultor) que quiera hacer la Secretaría de Agricultura -y que hasta ahora decidía de manera autónoma, con empleados propios- deberá ser decidido ahora por un funcionario de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.
En términos políticos, la lectura más que obvia es que Caputo decidió eliminar la histórica autonomía que tuvieron los titulares de Agricultura, ya sean secretarios o ministros, sometiendo cualquier decisión administrativa que pudiera asumir el actual ocupante de ese área, Fernando Vilella, a su par de Industria, Juan Pazo, que en realidad es un hombre de su confianza extrema y es mucho más que un simple secretario de Industria.
Leído así, se trata de una grave derrota para Vilella y su equipo, que habían desembarcado en diciembre en el gobierno de Javier Milei con un imaginario de estructura para su anhelada “Secretaría de Bioeconomía” mucho más ambicioso, pero que poco a poco se fue desflecando.
En estos momentos se está terminando de definir la estructura definitiva de todo el gobierno, con un generalizado recorte de cargos jerárquicos y directivos. Habrá que ver finalmente cómo queda, pero seguramente Agricultura tendrá muchos menos cargos de los que el ex decano de la FABA se apuró a anunciar en una casona de San Telmo, cuando todavía no había tomado conciencia del ajuste que se venía. Para empezar, por ejemplo, perdió hasta la posibilidad de tener un jefe de Gabinete.
Frente a la noticia consumada, varios ex altos funcionarios de Agricultura opinaron que la pérdida de la SGA (Subsecretaría General de Administración) de ese organismo es una mala noticia para cualquiera que aspire a sentarse en ese lugar, pues sin duda complejizará mucho más el manejo operativo y el despliegue de las políticas públicas. Por ejemplo, si hubiera que decidir la transferencia de dinero para un programa ganadero en Salta, el secretario de Agricultura deberá pedir autorización de esa partida a su par de Industria.
Será ultrajante para quienes estamos del lado primario de la vida.
De hecho, fue alguien que ocupó el lugar de Vilella hasta el 10 de diciembre, el ex secretario Juan José Bahillo, quien dio la mala noticia. “Todo esto, además de complejizar los procesos, cercena la implementación de políticas públicas para el sector agropecuario. Será de imposible cumplimiento la aplicación de ley de emergencia agropecuaria. ¿Qué pasara si hay un nuevo brote de influenza aviar?”, indicó el entrerriano en sus redes sociales, alegando que los titulares de Agricultura, más allá de Vilella, quedarían sin “el control de todos los procesos administrativos, presupuestarios, jurídicos, Recursos Humanos y control sumarial a la SAGyP”.
Bichos de Campo consultó lógicamente a los voceros del organismo sobre este posible escenario: ¿Qué sucederá si por ejemplo sucede una explosión de langosta o cualquier otra plaga? ¿Habrá que pedir fondos especiales a Industria? ¿Y estaré el secretario de Industria en condiciones de evaluar la gravedad de la situación? Eso es lo que deberíamos preguntarnos todos, más allá de la situación personal del actual ocupante de Paseo Colón.
“No se prevén complejidades operativas porque habrá fluidez en las autorizaciones. Esta todo dado para así suceda, sin problemas”, contestaron las fuentes oficiales desde Agricultura.
El propio Vilella fue consultadas por el diario La Nación y relativizó esta lectura alarmista. “No es que es una cosa propia de la Secretaría de Agricultura, es de todos. Ninguna Secretaría va a tener DGA de ningún ministerio, no es solo lo mío, sino de todos; es el modelo que eligió el Gobierno, de centralizarlo en uno solo por ministerio”, afirmó.
La realidad no le da la razón al secretario de Agricultura, al menos por ahora, pues no se conoce que el ministro Caputo haya firmado otras resoluciones para unificar las DGA de otros secretarías que dependen ahora de su cartera, por caso la de Energía. Este caso es por ahora aislado.
Además si las cosas fueran como dice Vilella, lo más lógico hubiera sido que se decidiera que tanto el SGA de la Secretaría de Agricultura, como el de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo dependieran ambos de la Secretaría Legal y Administrativa del propio Ministerio, y no que sucediera lo que finalmente sucedió: una dependencia administrativa de Agricultura cone l jefe de administración de Industria.
De hecho, quien tendrá ahora el poder de la lapicera para aprobar gastos y designaciones es Joaquín Pérez Trípodi, actual subsecretario de Gestión Administrativa de Industria y Desarrollo Productivo, que depende de Juan Pazos. Si la lógica se aplicara debería ser José Ignacio García Hamilton, actual secretario Legal y Administrativo de Economía.
“Los fantasmas del 2001” en la Noche de los Museos en Agroindustria
Pero calma, porque las cosas todavía están en proceso de definición, como casi todo en el nuevo gobierno de Javier Milei. Pero más allá de la suerte política de Vilella, la comunidad agropecuaria ya debería comenzar a preguntarse sobre cuál es el rol definitivo y la preponderancia que le asignará el Poder Ejecutivo al área de Agricultura, Ganadería y Pesca. Por ahora, con el gobierno de LLA ese sector ha recibido el mismo manoseo que con otros gobierno, por ejemplo que cuando Mauricio Macri decidió degradarla de Ministerio a Secretaría en 2017, o cuando la misma decisión tomó Sergio Massa en 2022.
Hay que recordar que las cosas podrían llegar a ser todavía peor: ya sucedió en la crisis de 2001, cuando pasaron cinco presidentes en una semana, que Agricultura llegó a ser reducida a una simple Subsecretaría de Estado por unas horas. En ese momento, como ahora, la hicieron depender de Industria.
Había, en este contexto, una segunda pregunta qué hacer a los voceros autorizados: ¿La pérdida de una DGA autónoma para la cartera agropecuaria, cualquiera sea su rango, también llegará a sus organismos descentralizados?
“Sin cambios”, fue la somera respuesta oficial frente a la consulta sobre si organismos como el INTA o el Senasa también perderían la posibilidad de administrar sus propios presupuestos. Es decir que cada uno de esos organismos conservará su actuales sistemas administrativos y jurídicos.
Lo contrario hubiera sido el colmo del sometimiento. Por lo menos queda esa buena noticia. Cuando ataque la langosta, al menos, Senasa podrá enviar a los aviones a combatir las mangas y el INTA podrá pagarle el gasoil a sus técnicos para investigar el tema.
