Las sociedades rurales de Santa Fe, enroladas en Carsfe, reclamaron al gobernador Omar Perotti que “asuma sus responsabilidades” frente a la dimensión que ha adquirido la sequía, a la que definieron como una “catástrofe silenciosa” que “amenaza seriamente la continuidad del negocio y de la forma de vida de miles de ciudadanos santafesinos dedicados a la producción en el campo”.
Sara Gardiol, la presidenta de la confederación enrolada en CRA, lideró uan conferencia de prensa en la que la entidad reclamó “que las autoridades provinciales y nacionales acompañen y den soluciones a estas cuestiones, porque los productores vamos a tener consecuencia negativas durante 24 meses por lo menos”.
Carsfe, además, ratificó que se encuentra en estado de alerta y movilización, aunque condicionó su participación en una eventual protesta del agro a lo que se defina en el consejo dirctivo de CRA primero y luego en la Mesa de Enlace. “En este momento necesitamos una ayuda, una colaboración del sector público. Del sector rivado necesitamos empatía con lo que está pasando en toda la zona productiva de la Argentina”, pidió la presidente de Carsfe, tratando de volver a tender puentes con las autoridades.
Pero una carta que leyó Gustavo Sutter Schneider, otro dirigente santafesino, y que la entidad envió al gobernador Perotti, dejó en claro que hay una profunda decepción de los ruralistas con el gobierno provincial por la escasa ayuda recibida hasta el momento por el sector en medio de este emergencia, agropecuariao, económica y social.
Los párrafos salientes de la misiva dicen que:
- Manifestó “el desasosiego y malestar de todas las personas e instituciones que conforman CARSFE (dirigentes, asociaciones y sociedades rurales, así como los mismos productores individuales) ante la muy escasa acción efectiva desplegada por el gobierno de la provincia de Santa Fe frente a la extendida y grave contingencia climática que atravesamos”.
- Culpó que parte de la situación actual “es consecuencia de las erróneas y erráticas políticas determinadas por el gobierno nacional, que limitan toda capacidad de ahorro e inversión, de crecimiento y desarrollo, sin distinciones de actividad económica en el país, pero exacerbadas cuando del sector agropecuario se trata”.
- Marcó que frente a la sequía “el gobierno provincial no asume las responsabilidades que le son propias, tales como las de peticionar -y hasta exigir- el concurso del gobierno nacional para salvaguardar los intereses de sus habitantes, ni de agotar hasta el último recurso para asistirlos ante lo que se configura como una inminente catástrofe”.
- Lamentó que “lo que encontramos como respuestas del gobierno provincial es realmente muy pobre”.
- Recordó que Perotti dijo, días atrás en una reunión junto al secretario nacional Juan José Bahillo, que “no tenemos que perder ni producción ni productores, ese es el esfuerzo con recursos propios y recursos de Nación”. Pero acotó: “Lamentablemente no hemos visto firmeza en requerir al gobierno nacional para que retorne a Santa Fe parte de la enorme cantidad de recursos que los productores santafesinos generamos y transferimos”.
Ignacio Mántaras, secretario de Carsfe, contó que la emergencia agropecuaria por sequía está declarada parcialmente en Santa Fe desde hace 14 meses, sin que esto haya móvido el amperímetro de la ayuda oficial desde el gobierno nacional y provicnial. “Las respuestas están llegando de modo tardío e insuficiente y si el objertivo era que no se caigan productores, se van a caer muchos productores”, remarcó.
La entidad además mostró su malestar porque a fines de febrero el gobierno de Perotti difundió un comunciado en el que informaba que había distribuido unos 4.000 millones de pesos en medidas de ayuda al sector afectado por la sequía, contabilizando en esa suma recursos del Estado Nacional o que todavía no llegaron a la provincia, como los del Plan Impulso Ganadero, o que tienen origen en otros programas y no en este emergencia climático, como el Plan Ganar.
Mántaras también consideró como “una falacia” el argumento del gobierno santafesino que da cuenta de la necesidad de que la legsialtura provicnial apruebe un nuevo proyecto de ley de gestión del riesgo agropecuario, como solución a esta crisis. “Traquilamente se podrían destinar recursos ante la emergenica sin una ley nueva”, replicó el dirigente, quien además contó que si se aplicara la ley como está escrita, el fondo de emergencia a conformar también sería exiguo ante la situación actual, de solo 700 millones de pesos.
