La disputa que tiene como centro de la discusión al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario y sus trabajadores sumó un nuevo capítulo en estas horas, ya que la diputada nacional Eugenia Alianiello presentó un proyecto de Ley que busca derogar la resolución 1240/2025, que firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, “pasó a disponibilidad” a más de 350 trabajadores de distintos organismos públicos de agro, principalmente de INTA.
La diputada por Chubut del bloque Unión por la Patria, en su proyecto de ley, además de derogar la resolución de Economía, estipula que los trabajadores en ascuas sean reintegrados de manera inmediata en sus funciones.
“Presentamos un proyecto para derogar la resolución que pasa a disponibilidad a +360 trabajadores del INTA. La misma se emitió minutos después de que el Senado rechace el decreto que disolvía el organismo, desconociendo un fallo judicial y la decisión soberana del Congreso”, escribió en redes sociales la legisladora patagónica.
🏛 • Presentamos un proyecto para derogar la resolución que pasa a disponibilidad a +360 trabajadores del INTA. La misma se emitió minutos después de que el Senado rechace el decreto que disolvía el organismo, desconociendo un fallo judicial y la decisión soberana del Congreso👇 pic.twitter.com/lfHvk7fxc0
— Eugenia Alianiello (@eugealia) August 25, 2025
A su vez, la diputada agregó: “Expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y trabajadores afectados, en particular, con el ex director regional del INTA Chubut, Nicolás Ciano, con una destacada trayectoria y una función esencial en la región patagónica”.
El pasado 22 de agosto de 2025, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, publicó la Resolución 1240/2025, que puso en disponibilidad a más de 360 trabajadores del INTA, incluyendo personal con estabilidad adquirida, justo después de que el Senado rechazara el decreto que pretendía disolver el organismo y pese a un fallo judicial que lo prohibía expresamente.
La decisión generó además un fuerte rechazo en el Congreso y en los sectores vinculados con la ciencia pública y la producción agropecuaria.
La medida del Ejecutivo golpea de lleno a un organismo que desde hace más de 60 años desarrolla investigación aplicada para el agro en todas las regiones del país, con fuerte presencia territorial y un rol estratégico en la innovación tecnológica. Entre los desplazados figuran técnicos y profesionales, así como responsables de áreas clave en la Patagonia y otras regiones.
El proyecto de derogación buscará ahora su tratamiento en el Congreso, en medio de una fuerte discusión sobre los alcances del ajuste en el sistema científico y sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía.
