En el proceso de “cram down” –que representa la última oportunidad para salvar a la concursada Vicentin SAIC de la quiebra– se está perfilando la estrategia de los competidores que presentarán propuestas de rescate.
A fines de agosto pasado Bunge por un lado, y Molinos Agro junto a LDC por otro, solicitaron información adicional al juez concursal Fabián Lorenzini para poder diseñar una propuesta de rescate de la compañía agroindustrial.
Sin embargo, el grupo Grassi (Commodities SA) realizó una propuesta disruptiva al ofrecer entre 12 a 13 millones de dólares para asegurar la operación de las plantas industriales de Vicentin durante la parada técnica por realizarse este año.
Dicho aporte, según la propuesta presentada, “devengará con una tasa de interés a consensuar con la intervención (de Vicentin), acorde a la moneda y al mercado, y deberá ser restituida por el adjudicatario del cram down dentro de los 15 días posteriores a la homologación del acuerdo preventivo”. La condición para realizar ese aporte que ningún otro interesado pueda realizar contratos de fasón en las unidades fabriles.
En ese marco, el grupo Grassi está en conversaciones con Cargill no sólo para sustentar el aporte comprometido, sino también para contar con conocimientos sobre la gestión de la operación y del negocio de la molienda de soja.
Los síndicos del concurso, a través de un escrito, recomendaron al juez Lorenzini no acepar la propuesta del grupo Grassi y esperar que los interesados informen las propuestas de rescate para que puedan competir entre las mismas.
ADJUNTO TEXTO ACTUACIONEn diciembre del año pasado CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares
CIMA es un grupo cercano a Commodities S.A., lo que implica que la propuesta presentada por la familia Grassi tiene mayor probabilidad de alcanzar la mayoría por capital. El “partido” del cram down se jugará intentando convencer a los cientos de pequeños y medianos acreedores granarios y comerciales, cuya conformidad es necesario para lograr la mayoría numérica (el concurso tiene un total de 2638 acreedores).
Con la valuación de la empresa ya establecida, ahora el juez Lorenzini debe fijar el valor de las acciones representativas del capital social de la empresa. Posteriormente, las empresas habilitadas tendrán que presentar propuestas de salvataje, las cuales tendrán un plazo de 30 días corridos para lograr conformidades.
Lo interesante del proceso es que los acreedores –que deben elegir la propuesta final– pueden otorgar la conformidad a más de una, aunque la ganadora es la que obtenga en primer lugar las mayorías numéricas y de capital propias del período de exclusividad (la mitad más uno de los acreedores y dos terceras partes de la deuda concursal).
Si bien el plazo máximo de la competencia de ofertas es de 30 días, el primer inscripto que obtenga las conformidades debe informarlo en el expediente y será el adjudicatario del proceso de salvataje. Si ninguna de las propuestas presentadas lograra obtener la conformidad necesaria, entonces el juez concursal procede a declarar la quiebra, aunque, por la cantidad de propuestas presentadas y la magnitud de las compañías intervinientes, no se prevé ese escenario en el “cram down” de Vicentin.
