Los cuatro principales dirigentes de la Mesa de Enlace mantuvieron este miércoles una intensa actividad en la Expoagro 2025, la mega muestra agropecuaria que se realiza en San Nicolás. Cuando el ministro Luis Caputo visitó le exposición, ellos se mostraron tolerantes y comprensivos con los pedidos de paciencia que lanzó el funcionario. Pero el gobierno, al rato, no mostró la misma tolerancia a la hora de hablar de sus planes de ajuste en el INTA, que incluiría el despido de cientos de trabajadores.
“Vuelven a la carga”, fue la síntesis de una reunión que Nicolás Pino (de Sociedad Rural Argentina), Andrea Sarnari (Federación Agraria), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro) mantuvieron esta tarde con representantes del Ministerio de Economía. Del otro lado estaban el jefe de Gabinete de Agricultura, Manuel Chiappe; el presidente y la vice del INTA, Nicolás Bronzovich y Pilu Giraudo, y en cierto momento también participó el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Pero el que llevó la voz cantante fue el principal operador de Juan Pazo en este sector del gobierno, llamado Martín Fernández.
Contaron las fuentes que el tema más importante de la reunión fue el ajuste del INTA. Y el tono de la conversación fue de reproche y hasta de apriete. ¿Por qué razón? Porque hay cuatro representantes de las entidades rurales que por ley integran el Consejo Directivo del INTA. Y junto a otro representante de los grupos CREA y dos delegados de las universidades nacionales de Agronomía y Veterinaria, constituyen una mayoría de siete votos en un órgano de diez personas, donde solo tres responden directamente al Poder Ejecutivo.
Hace unos días, en la última reunión del Consejo Directivo del INTA, el gobierno de Javier Milei intentó que se aprobara un severo plan de ajuste, para reducir a 4.500 personas la planta de personal del organismo tecnológico agropecuario, lo cual implicaría la cesantía de más de un millar de personas. Para lograr semejante recorte, el Ejecutivo proponía el cierre definitivo de más de 200 agencias de extensión rural desplegadas por todo el país, así como los Institutos llamados IPAF dedicados especialmente a generar tecnologías para los productores minifundistas.
Bichos de Campo reveló días atrás el plan oficial, que planteaba reducir este mismo año un 30% la dotación de personal actual del organismo, pasando de los 6.123 empelados en la actualidad (de los cuales 5.280 son planta permanente y 843 están en condiciones precarias de contratación) a solo 4.500 personas.
Pero ese plan tropezó no solo con la resistencia dentro del propio INTA, con los gremios en estado de alerta y movilización, sino también de las propias entidades de la Mesa de Enlace, que rechazaron ese desguace y optaron por aprobar una segunda propuesta de ajuste, mucho más leve, elaborada por todos los cuerpos directivos del propio organismo. Dicha iniciativa reconoce que se podrían cerrar 41 agencias de extensión rural, entre otras áreas con funciones superpuestas. Pero a la hora de hablar del personal, no contempla despidos sino una paulatina reducción de la planta mediante retiros y jubilaciones.
“Si consideramos las proyecciones por bajas estimadas para los próximos años, a fines de 2025 la planta se estima en 5720 agentes y para fines de 2026 con 5560 agentes, cifra cercana a la identificada con la dotación del año 1990. Esto acumula en dos años una reducción de la planta de INTA en un 16%, y si se considera el valor de la dotación óptima, la reducción es del 23%”, detalla el documento que presentó la Dirección Nacional del INTA, conformada por jerárquicos elegidos por concurso.
Pero además el Consejo Directivo del INTA, en aquella reunión decidió despedir a partir de marzo a cuatro delegados directos designados por Juan Pazo para preparar el terreno para llevar a cabo el ajuste, entre ellos a Inés Liendo, una salteña que militaba en el PRO y pegó el salto a La Libertad Avanza, y que se convirtió en un símbolo del ajuste luego de desempeñarse como interventora del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, de donde se despidieron a unos 800 trabajadores en abril de 2024.
Heridos por aquel primer fracaso, durante la Expoagro 2025, en la primera ocasión que tuvieron los funcionarios nacionales de verse las caras con los líderes de la Mesa de Enlace, el gobierno redobló la presión sobre los dirigentes rurales para que alineen sus representantes con la decisión de llevar a cabo el fuerte ajuste en la estructura del INTA.
No hubo resolución. Para esquivar la presión y ganar tiempo, los dirigentes del campo transmitieron a las autoridades que primero quieren ver y estudiar un plan consistente, porque el que se presentó hasta ahora es simplemente un bosquejo con cifras aisladas sobre la cantidad deseable de personal y decenas de latiguillos que suenan bien bonito pero en el fondo no dicen nada. En rigor, este medio accedió a aquel documento presentado por el gobierno y apenas tenía 5 o 6 hojas sin ningún desarrollo.
En ese documento se insiste además en la intensión de poner a la venta muchos campos y edificios del INTA, como ya sucedió con la histórica sede de la calle Cerviño 3100, en Palermo. Pero tampoco se especificaba qué bienes podían correr con esa suerte.
Los enviados de Pazo, pese a esa falta de precisiones, pretendieron además convencer a los dirigentes agropecuarios sobre la necesidad de colocar al INTA bajo una suerte de “intervención administrativa” semejante a la que ya rige en el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa), donde el actual titular de ARCA y ex secretario coordinador de Producción en el Ministerio de Economía designó a una funcionaria suya, llamada María Eugenia Barbieri, en la Unidad de Gerenciamiento Ejecutivo. Para el INTA, Juan Pazo imagina una solución similar, aunque vaya a contrapelo con las reglas que rigen la vida institucional de ese organismo.
