Luego de once meses de gestión, el gobierno de Javier Milei procedió a eliminar las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) implementadas por el gobierno de Alberto Fernández en 2021.
Si bien desde diciembre pasado las exportaciones argentinas se realizan sin ninguna traba burocrática, la normativa en cuestión seguía vigente en términos legales.
El ministro de Desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger, está revisando la maraña de normativas implementadas en las últimos años que afectan al sector agropecuario y este martes procedió a dar de baja a un gran número de las mismas.
También se dio de baja el “fideicomiso aceitero”, por medio del cual el gobierno anterior empleó parte de lo recaudado por derechos de exportación para subsidiar el precio interno de los aceites vegetales a través de un complejo mecanismo que se usualmente se quedaba sin recursos.
Otro que pasó por la “motosierra” es el “Plan Argentina 25MT”, por medio del cual se puso a disposición asesoramiento gratuito (pagado por el Estado) a pequeños y medianos productores de trigo con el propósito de que mejorasen su perfil tecnológico, aunque no generó resultados significativos.
Se liquidó el programa de compensación para pequeños y medianos productores de lana de la región patagónica, además del programa nacional de promoción de certificados oficiales de calidad en alimentos argentinos.
También se dio de baja el modelo de Constancia de Inscripción y Declaración Jurada para el Transporte Interjurisdiccional de Trabajadores relacionados a actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
También pasó a mejor vida la “Iniciativa 200.000.000 de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” implementada en 2020, la cual, con cupos de exportación y retenciones, desde el día estaba más cercana de tratarse de una obra de ficción que de una política pública.
Otra baja corresponde a la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género en el ámbito del Ministerio de Agricultura, algo que no tiene cabida en una gobierno que le declaró la guerra la “agenda 2030”.
Otra medida tomada este martes es la baja de la obligación de informar a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario los incumplimientos, en el marco de su competencia, a los acuerdos de precios establecidos entre empresas y el gobierno nacional, de manera tal de poner trabas a las exportaciones de las firmas “incumplidoras”.
También se dio de baja la distribución del cupo de exportaciones lácteas destinadas a Colombia correspondiente al año 2021, así como la reformulación del sistema de distribución del cupo de exportación de carne vacuna a EE.UU. instrumentado también en 2021.
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