La inmensa mayoría de los productores agropecuarios argentinos quedaría a salvo del manotazo fiscal que el gobierno prepara contra quienes hayan obtenido una “renta inesperada” como fruto de los altos precios de los alimentos y otras materias primas en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al efectuar los anuncios, el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, aclararon que el tributo excepcional se cobraría solo a un grupo de empresas que obtenga ganancias de más de 1.000 millones de pesos en 2022.
El ministro Guzmán explicó que se prepara una suerte de IFE o ingreso adicional para trabajadores informales de la denominada economía informal (serían 18 mil pesos pagaderos en dos cuotas entre mayo y junio) y un refuerzo de 12 mil pesos (pagaderos en mayo) para los jubilados que cobren hasta dos veces la mínima.
Se especuló mucho en estos días sobre el origen del dinero para poder hacer esa erogación, que el ministro calificó necesaria para “proteger el poder adquisitivo” de esos sectores más postergados en el marco de la espiral inflacionaria que se registra en los últimos meses, y que el presidente aprovechó (lo dijo varias veces) para enrostrar a la situación bélica internacional, sacándose gran parte del sayo que le correponde.
“Tenemos que entender lo que esta viviendo el mundo, que es un shock sin precedentes desde la combinación de una pandemia, y ahora la guerra en Ucrania, lo que está generando muy fuertes presiones en los precios de los alimentos, la energía y los metales. El fenómeno de la inflación es global, y países que hasta hace muy poco tiempo no tenían inflación hoy padecen índices récords”, ratificó Guzmán, exculpando a la política económica de ser la responsable de la inflación doméstica.
Más allá de las culpas, nadie podría discutir la justicia y necesidad de este aporte a los sectores de menores ingresos. Pero lo que se venía discutiendo era quién pondría la plata necesaria.
Finalmente Guzmán terminó con el suspenso e indicó que “en las próximas semanas vamos a estar convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas a trabajar en la construcción de un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada, que es producto de ese shock”.
El ministro no identificó con claridad cuáles son los “sectores que tienen una renta extraordinaria” como fruto del contexto global, pero dejó en claro que el corte no será por la actividad económica sino por el tamaño y las ganancias obtenidas por las empresas. Es decir que no pagarán todas las empresas del agro sino solo ciertas empresas del agro.
El titular del Palacio de Hacienda, en este sentido, adelantó que el Estado propondrá como “punto de partida” para las discusiones que se cobre “una alícuota sobre este componente de la renta inesperada”. No definió de qué porcentaje se trataría, pero aclaró que el tributo adicional a las Ganancias normales “se enfocará en un conjunto de empresa que tienen ganancias netas imponibles altas, en términos absolutos”.
¿Qué se considera una ganancia alta? Que acumulen una rentabilidad de más de 1.000 millones de pesos (unos 5 millones de dólares al tipo de cambio libre) al cabo de su ejercicio o declaración jurada correspondiente a 2022.
“No será esa la única condición, pero sí será una condición necesaria. Es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas del país”, aclaró Guzmán, que precisó que en 2021 solo el 3,2% de las sociedades había llegado a esa cifra. Con la inflación dominante, puede suceder que este año sean muchas más.
Aunque puede haber empresas vinculadas al agro (sobre todo a la provisión de insumos o el comercio de granos) que logren esos márgenes de ganancia, la inmensa mayoría de los productores agropecuarios está muy lejos de poder obtener un monto semejante. A primera vista, quizás algún grupo de siembra importante pueda caer en esta volteada. Pero el montón zafaría.
Esto da por tierra con los temores de un impuestazo masivo que penalizara a todos los productores agropecuarios sin importar su escala o si le había ido bien o mal en la campaña.
Con la vicepresidenta Cristina Kirchner a la cabeza, los sectores más duros del oficialismo, que ahora aparecen enfrentados a Alberto y cuestionan a Guzmán, habían reclamado a viva voz un aumento de las retenciones a las exportaciones, que el gobierno se ocupó varias veces en desmentir. Pero muchos sectores, incluidos funcionarios del propio gobierno, no tenían claro el alcance que tendría este nuevo impuesto.
Incluso el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se ocupó de aclarar que los productores no habían capturado en su provecho las últimas subas de los precios de los granos, que sí podían ser atribuidas a la situación bélica.
Habrá interrogantes sobre la letra chica de este nuevo aporte “patriótico” hasta último momento. Pero por ahora está ese número de corte y la posibilidad de que se contemple que las ganancias reinvertidas en incrementar la producción sean deducidas del cálculo correspondiente. “Se incluirá un criterio en que si la renta inesperada se canaliza hacia la inversión productiva, el monto de la contribución será menor”, prometió el ministro.
