Si no puedes arreglar las cosas cambiales de nombre. Y si aún así resulta difícil, movelas de lugar.
El gobierno de Javier Milei acaba de hacer uso de aquel lema tan vulgar para encarar la disolución del RUCA (El Registro Único de las Cadenas Agroalimentarias), que administraba la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA). Como no pudo arreglar nada allí, y como además convive con muchos altos funcionarios heredados del gobierno anterior, ahora decidió cambiarle de nombre y lugar a ese registro obligatorio para quienes comercializan granos, carnes o lácteos dentro del país.
El sueño de un Estado que manejara un gran registro de operadores en estas cadenas (donde los niveles de evasión son altísimos) para evitar la competencia desleal entre empresa y controlar los incumplimientos fiscales, parece estar quedando en el pasado.
Para deshacerse del RUCA, la Secretaría de Agricultura dispuso este martes dos cosas:
- Por un lado determinó la migración total de operadores del sector agrícola a la ex AFIP, ahora llamada ARCA, y que maneja el SISA (Sistema de Información Simplificada Agrícola). Para el gobierno, con la inscripción ante el organismo fiscal de los productores y otros operadores agrícolas, es suficiente para realizar los controles. Esta mudanza había comenzado el año pasado con los feedlot y oros productores que compraban granos para su consumo propio. Ahora incluirá a todo el resto del los sectores, como los acopios y los exportadores.
- Por el otro, derogó todas las normativas vinculadas con el RUCA (la mayor parte venían del último intento serio de control realizado por el Estado, en tiempos del gobierno de Cambiemos) pero creó un nuevo registro que se llamará Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL), donde migrará los registros de esos dos sectores y que también dependerá de la ex ONCCA.
Cambio de lugar para los operadores de la cadena agrícola. Cambio de nombre para los operadores de carnes y lácteos. En definitiva, simular cambiar para que casi nada cambie, y para que los funcionarios a cargo de estas tareas dentro del Estado puedan disimular su propia ineficiencia. En este caso, la conducción de Agricultura está a cargo del productos Sergio Iraeta y la Dirección de Control Comercial Agropecuario la maneja el consultor ganadero Matías Canosa, quien ahora se enfocará solamente en los rubros pecuarios y cederá su radio de acción en granos.
Esta decisión se tomó mediante la Resolución 50/2025 firmada por Iraeta y publicada en el Boletín Oficial.
El artículo 1 deroga decenas de resoluciones vinculadas al desaparecido RUCA (el ropaje viejo). El artículo 2 creó el SIOCAL “para la inscripción de los operadores de los rubros ganados, carnes y lácteos”.
El artículo 3º se refiere a una serie de anexos que definirán como será a futuro la tarea de control realizada desde la Secretaría de Agricultura, con la información de operadores de carnes y lácteos. Y el 4° dispone que “las matrículas del rubro ganados y carnes y del rubro lácteos que se encuentren vigentes y/o suspendidas, así como las solicitudes en trámite ante el RUCA pasarán a ser migradas” al SIOCAL, “sin necesidad de inscribirse nuevamente”.
“Establécese que el SIOCAL es continuador del RUCA, en lo que respecta a los operadores de la cadena de ganados, carnes y lácteos”, exagera la nueva resolución, como si no quedara claro.
El artículo 5° habla de los operadores del rubro agrícola, que ahora serán cobijados directamente por la ex AFIP, que maneja ahora Juan Pazo, el concuñado político de Iraeta. Los productores nunca debieron estar inscriptos en el RUCA, así que a ellos no les toca demasiado el asunto: seguirán como siempre debiendo declarar sus datos anualmente en el SISA.
Pero en otros rubros (como acopios, corredores, exportadores de granos, etcétera), “las matrículas del rubro granos que se encuentren habilitadas y vigentes ante el RUCA al momento de la entrada en vigencia de la presente medida, serán migradas al SISA, sin necesidad de inscribirse nuevamente”.
En ese sentido, una segunda norma publicada en el Boletín Oficial con la firma de los dos concuñados (Pazo e Iraeta), la Resolución General Conjunta 5673/2025, estableció “el procedimiento registral y de habilitación de las plantas de acopio y/o procesamiento y/o industrialización de granos y/o derivados granarios” ante el SISA, ya que ese registro solamente se limitaba a los productores primarios y ahora recibirá al resto de la cadena.
Como para que en la Secretaría de Agricultura no extrañen las funciones de control sobre esos operadores que ahora le arrebatará la ex AFIP, en esta norma se define que “las solicitudes de alta, modificación de datos y/o reactivación de plantas que realicen los operadores a través del SISA, serán puestas a consideración de la Secretaría de Agricultura para su análisis y posterior aprobación y otorgamiento del número de planta, o rechazo, según corresponda”.
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Entonces será todavía la ex ONCCA “la encargada de resolver las solicitudes realizadas en los términos del artículo anterior, para lo cual efectuará los controles y verificaciones que estime necesarios”, aunque el plazo para la resolución de las solicitudes no podrá exceder los 45 días corridos, para evitar las sospechas de expedientes congelados y la aparición de gestores que garanticen la celeridad del procedimiento a otros operadores.
Allí también se dispone que “será migrado de oficio al SISA el padrón de las plantas habilitadas y con estado vigente, obrante en el RUCA”, concretando así el cambio de lugar.
