La breve historia de la resolución 246/18, que alguien bautizó en el Instituto Patria como “la resolución del Veneno”, puede ser resumida así: la emitió el ex ministro Leonardo Sarquis en 2018, pero su vigencia (prevista para 2019) se prorrogó por oposición de Marcelo Tinelli y de su esposa, que la objetaron en nombre de sindicalistas docentes y militantes ambientalistas. Nunca se aplicó.
Ahora, el ministro de Desarrollo Agrario de Axel Kicillof, Javier Rodríguez, acaba de disponer su suspensión por un año más, a la par de que anunció la conformación de un comité de organismos para establecr nuevas regulaciones y de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos. En ninguna de estas instancias están invitados a participar orgánicamente las entidades profesionales del sector ni las organizaciones rurales. Un vocero del Ministerio aclaró que de todos modos la comunidad productiva será convocada en una segunda instancia, luego de un trabajo académico de los organismos del Estado bonaerense.
Entre las idas y vueltas de la anterior gestión de María Eugenia Vidal, y la revisión que propone ahora la gestión de Kicillof, la provincia agropecuaria más importante del país, con cerca del 40% de la producción total, sigue sin contar con una norma rectora en materia de aplicaciones de agroquímicos. Así se han perdido tres valiosos años para acordar sobre el asunto, para evitar que sean los partidos los que apliquen sus propias normas, muchas veces sin ningún sustento técnico. cerca de Rodríguez dijeron que llenar ese vacío normativo es ahora el objetivo.
La norma firmada por Sarquís en octubre de 2018 era, a los ojos de la comunidad productiva, bastante sensata, pero fue rechazada de plano por Tinelli, por los ambientalistas y también por el kirchnerismo. La norma proponía definir “distancias de amortiguamiento” para el uso de agroquímicos en torno a escuelas rurales o zonas pobladas. Pero no hablaba de prohibiciones sino de establecer recaudos, apelar a las buenas prácticas y utilizar una receta agronómica para las aplicaciones.
“Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio tiene que tener una fundamentación científico-técnico que la respalde basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las Universidades, INTA, Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)”, afirmó el nuevo ministro de Desarrollo Agrario al anunciar la suspensión de esta norma por un año más.
En la gacetilla oficial donde se da cuenta de la novedad se dice que “la falta de compromiso de la gestión anterior se hizo notar no sólo en la falta de cumplimiento de la iniciativa sino también en la argumentación” a favor de la misma. “La redacción de esta norma es un tanto particular porque cuando parece que está prohibiendo lo que está haciendo es permitiendo. Se trata de esas contradicciones discursivas a las que el Gobierno anterior nos tenía acostumbrados”, evaluó Rodríguez.
Y agregó: “En pocas palabras lo que sostenía la norma, cuando se la analizaba en detalle, es que se podía fumigar sin ninguna regulación o amortiguamiento real, efectivo, de ninguna índole”.
A favor de esta revisión se argumentó que “la anterior gestión no contempló la diversidad de las distintas realidades productivas que tiene la Provincia de Buenos Aires y desestimó los avances que tienen varios municipios en materia de regulación de agroquímicos”.
Días atrás, Bichos de Campo anticipó que el nuevo gobierno bonaerense iba a revisar esta resolución y establecer nuevas regulaciones, aunque prometían hacerlo consultando a los productores. Ahora se sabe que esa consulta se producirá recién luego de que -en un lapso rápido de menos de 90 días- los organismos públicos hagan su propia propuesta.
En este sentido, Rodríguez anunció que convocaría a “organismos públicos bonaerenses a que sean parte de una mesa de trabajo con el fin de coordinar la implementación y evaluación de políticas públicas relativas para la aplicación de agroquímicos”.
“Esta Mesa se hace en función al cuidado de la salud, del medio ambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua, donde las definiciones en materia de agroquímicos surjan a partir de la información entre los organismos públicos”, enfatizó el jefe de cartera agraria. En la misma participaran el Ministerio de Salud bonaerense, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA). Luego se sumaría a los actores privados a este debate.
También anunció la creación de un Observatorio. “Hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate, ese será la función del Observatorio”, avisó el ministro.
Para participar allí se convocará a las universidades nacionales, provinciales, el INTA, los centros de investigación científico técnico con asiento en la Provincia de Buenos Aires y el CIC. “El Observatorio se dedicará a la producción, vinculación e intercambio de trabajos e investigaciones en relación a la utilización de agroquímicos y su impacto en la producción, la salud y el medio ambiente”, se explicó.
La gacetilla oficial citó una frase de la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro, Liliana Monterroso, quien valoró: “Es una iniciativa muy importante que se escuchen todas las voces de los protagonistas. Entre todos podemos lograr una muy buena reglamentación pensando en la calidad y la inocuidad de los alimentos que consumen los bonaerenses”.
También citó al vicerrector de la Universidad Nacional de la Plata, Marcos Actis, quien remarcó que “la actitud del Ministro de encarar un problema como una decisión compartida con la sociedad con el sistema científico, universidades, centros de investigación y que también estén los que producen, porque la cuestión es buscar una solución al problema que todos lo sabemos que hace años pasa, es un gran avance porque la normativa que salga va a tener en cuenta todas las opiniones”.
La presentación se hizo en un auditorio donde se pudo observar la presencia de investigadores y representantes de numerosas universidades nacionales y provinciales, entre ellas: UNLP, UBA, UNAJ, UTN, UNNOBA, UNICEN, UNLu, UNHur, UPSO, y UPEzeiza.
Estuvieron presentes por la cartera agraria bonaerense el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, Cristian Amarilla; la directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio. Además, la Subsecretaria de Planificación y Contralor Sanitario del Ministerio de Salud, Leticia Ceriani; el Subsecretario de Fiscalización de OPDS, Mariano Barrios; la Directora Provincial de Gestión Hídrica de ADA, Andrea Cumba.
De los productores nadie. Los usuarios bien gracias.
El ser humano va a la autodestrucción ,no estamos tomando conciencia del daño que nos están causando los agroquímicos. Recomiendo viaje a los pueblos fumigados de Pino Solanas si no se toma conciencia vamos a desaparecer todos.