La semana pasada en el marco del evento “A Todo Trigo” el responsable de la política agropecuaria argentina, Juan Pazo, prometió que pronto se instrumentaría una norma para evitar la enorme burocracia relativa a las presentaciones requeridas por el Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA).
Este martes el funcionario comenzó a cumplir su promesa al publicar en el Boletín Oficial la resolución general conjunta 5510/2024 que se propone disminuir en forma relevante la cantidad de presentaciones anuales que deben realizar los empresarios agrícolas en lo que respecta al SISA.
A partir de esta medida, los productores realizarán dos presentaciones juradas al año en lugar de cinco, lo que representa un incordio burocrático innecesario que hace perder valiosas horas que podrían dedicarse a cuestiones más productivas.
Queda vigente la presentación de la información de las existencias y de la capacidad de producción por campaña agrícola. La “información productiva 1” (IP 1) se presenta en el mes de octubre de cada año y la “información productiva 2” (IP 2), correspondiente a la superficie agrícola destinada a ciertos cultivos, debe informarse entre los meses de diciembre y febrero de cada año.
Por lo tanto, la norma eliminó las declaraciones anuales de existencias de trigo respecto a las variedades detalladas (IP 3) y dos declaraciones de producción de granos (IP 4 e IP 5).
“La AFIP y el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Bioeconomía, avanzaron en esta decisión conjunta al entender que se trataba de un requerimiento excesivo, sin beneficios para los productores, ya que la obligación debería cumplirse ‘aun cuando el sujeto obligado no disponga, al momento de suministrar la información, de existencia de trigo o de producción de granos y semillas en proceso de certificación”, indicó el gobierno por medio de un comunicado.
“La reducción en la cantidad de presentaciones anuales dentro del SISA representa un paso significativo hacia la simplificación normativa para los productores agrícolas y busca aliviar la carga administrativa sin comprometer la eficacia y la trazabilidad en el sistema agrícola. Esta medida no afecta la trazabilidad ni el control sobre el comercio de granos y semillas, para lo cual se realizó una readecuación de los regímenes vigentes”, añadió.
A fines de 2018 el gobierno de Mauricio Macri implementó el SISA con el propósito de concentrar en una sola plataforma los múltiples requerimientos de datos que hasta entonces eran solicitados a empresas agropecuarias por parte de la Afip, Inase y Senasa.
El sistema, si bien representó un desafío enorme, terminó siendo un éxito porque, además de cumplir el objetivo central –simplificar “pesados” trámites burocráticos–, posibilitó disponer de una gran base de datos sobre el sector agropecuario.
Sin embargo, con la llegada al poder de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa eso se acabó y los empresarios agropecuarios –y sus sufridos contadores– tuvieron que trabajar por demás para sumar trámites burocráticos que quitan tiempo para otras cuestiones más urgentes o importantes.
Se volvieron así a instaurar los regímenes de información de stocks de cultivos de invierno, de producción de trigo y de producción de cultivos de verano, los cuales no tienen sentido porque se trata de datos ya están en poder la Afip.
La cuestión es que, a medida que se incorporaron más procedimientos burocráticos, la posibilidad de que haya inconsistencias se incrementan y entonces son mayores las probabilidades de que las empresas agropecuarias sean degradadas en el sistema de “scoring” del SISA. En ese sentido, aquellos productores, especialmente pequeños, que no cuentan con asistencia de un contador profesional están en clara desventaja.
En el SISA los empresarios agrícolas son clasificados en tres categorías. La primera de ellas, denominada “Estado 1”, comprende a aquellos contribuyentes que no hayan presentado incumplimientos formales en los últimos 24 meses seguidos, mientras que el “Estado 2” es para aquellos que hayan tenido algunos incumplimientos en ese período. En cuanto al “Estado 3”, el mismo le corresponde a aquellas personas o empresas que no cumplen con la presentación de declaraciones juradas o presentaciones de regímenes de información en los plazos previstos, requerimientos vencidos y/o pendientes de cumplimiento, procesos judiciales y quiebras decretadas, entre otros factores.
A los productores categorizados como “Estado 1” se les retiene el 5% del IVA con una devolución también del 5% en un plazo de 45 días. En lo que respecta a los productores “Estado 2”, se les retiene el 7% con una devolución del 6%, mientras que a aquellos comprendidos en el “Estado 3” les corresponde una retención del 8% del IVA
En lo que respecta al impuesto a las Ganancias, los operadores categorizados en el “Estado 1” no sufren retenciones, mientras que en el “Estado 2” la misma es del 2% y en el “Estado 3” del 15%.
Vale recordar además que los perjuicios generados por una degradación de categoría en SISA se magnifican en un contexto inflacionario, lo que representa un daño por partida doble para las empresas agropecuarias.
Impuestos más bajos = menos robo. El resto pavadas.