“En atención a la finalización del contrato de concesión sobre la vía navegable troncal, y en función del inicio de los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional (…) para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y mantenimiento de la vía navegable, resulta imprescindible crear un organismo técnico, plural y especializado para la aprobación de la documentación licitatoria, efectuar los actos preparatorios, su adjudicación y posterior control”.
Con este argumento, que por lo menos confirma que los planes oficiales son convocar a una nueva licitación para la Hidrovía y no avanzar en una estatización total de estos trabajos, el gobierno nacional formalizó este miércoles la creación de un Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, a través del Decreto 556/2021 publicado en el Boletín Oficial.
El decreto no hace mención a una sigla que resuma tal denominación y por eso nosotros nos tomamos la molestia de resumirla como el ENCOGEVINA.
Si funciona bien, será una buena cosa porque algo hay de verdad en una de las críticas del oficialismo respecto del funcionamiento de la Hidrovía hasta ahora: tras más de un cuarto de siglo de concesión (la tarea quedó a cargo de Hidrovía SA en 1995), nunca se creó un organismo de control específico. La responsabilidad le cabe a varios gobiernos, con mayor extensión en el tiempo al kirchnerismo, que prorrogó la concesión en 2011 en una sospechosa negociación.
“Dicho órgano de control no fue constituido oportunamente”, reconoce el decreto firmado por Alberto Fernández y sus ministros. También reconoce que la Auditoría General de la Nación (AGN) “ha observado reiteradamente la falta de creación de un órgano de control especializado para el contralor de la concesión de obra en la vía navegable troncal concesionada”.
Es curioso, pero en el decreto el gobierno que creó la ENCOGEVINA evita llamar a la “vía navegable troncal” del río Paraná como “Hidrovía”. Se ve que se viene un cambio en la cosmética del nombre.
Como sea, el gobierno decidió ahora, a días de que venzan los plazos para lanzar una nueva licitación internacional para concesionar al menos una parte de los trabajos (los más complejos de dragado), crear un ente de control y gestión específico que debería trabajar para “asegurar la ejecución de las obras, modernizaciones y ampliaciones que atiendan las necesidades del tráfico fluvial actual y su posible incremento y el adecuado mantenimiento y conservación de los canales fluviales existentes”.
“Créase el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable como organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera, en el ámbito jurisdiccional del Ministerio de Transporte, con personería jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado”, define el decreto en su primer artículo. El Encogevina cobró así repentina vida.
Luego se define que este nuevo organismo “tendrá la misión de velar por la calidad y adecuada prestación de los servicios, la debida protección de los usuarios y las usuarias (¿serán los barcos y las barcazas?), el resguardo de los bienes de dominio público y privado del Estado Nacional y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y marcos contractuales y regulatorios” vinculados con la Hidrovía.
El organismo no solo será de control, pues podrá también determinar o modificar la traza del río, o las tarifas, o los contratos de concesión que puedan firmarse a futuro, según se establece en el artículo 2°. Sus tareas se desplegarán “sobre la vía navegable troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata”.
El nuevo Ente para la Vía Navegable (no hay sigla que le cuaje) ofrecerá puestos para todos y todas: su Consejo Directivo estará integrado por 15 personas, pero éstos tendrán carácter “ad honorem”. Serán designados por el Poder Ejecutivo de la siguiente manera:
- El Presidenteserá designado directamente por la Presidencia.
- El Vicepresidente y dos Vocales por el Ministerio de Transporte.
- El Vicepresidente 2º y un Vocal a propuesta del Ministerio del Interior.
- El Vicepresidente 3º y otro vocal por el Miunisterio de Desarrollo Productivo.
- Otgors siete vocales a propuesta de cada una de las Provincias signatarias del Acuerdo Federal Hidrovía.
No hay que hacer demasiadas cuentas para advertir que de los 15 lugares la Nación se asegura el control con 8 sillas y a las provincias les quedan 7. Tampoco hay que ser vidente para advertir que el Ministerio de Agricultura no tendrá ningún representante en el nuevo Ente, a pesar de que el 80% de las cargas que recorren la Hidrovía tienen origen en el agro.
Entre otras funciones, este nuevo Ente tendrá que “confeccionar y aprobar, por mayoría absoluta de sus miembros, los pliegos de bases y condiciones que regirán los procesos licitatorios relativos a concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables”. Además, en esos pliegos, “deberá establecer que se abonará al adjudicatario o a los adjudicatarios, los valores correspondientes de conformidad con lo que se establezca en los pliegos de bases y condiciones”.
La mención de “adjudicatarios” deja abierta la puerta a que se dividan las licitaciones. Una versión decía que podría hacerse una licitación por la tarea de dragado, que debería ser internacional pues no hay empresa local con capacidad aparente de realizar ese trabajo. Pero la misma especia decía que las tareas de dragado y balizamiento podían ser cedidas a algunso gremios cercanos al oficialismo.
A futuro, el nuevo Ente debería hacer lo que no se hizo demasiado boien hasta ahora por parte del Estado: “Realizar inspecciones batimétricas sobre el estado del balizamiento, las escalas hidrométricas, mareógrafos, ambiental y de cualquier otro aspecto de las vías navegables”, así como “crear y administrar un banco de datos sobre movimientos fluviales, trazas, batimetrías, compilar estadísticas e indicadores de la actividad e índices económicos-financieros de las concesiones bajo su ámbito de competencia abierto a consulta pública”.
También deberá este organismo “controlar la operación y/o expansión de la vía navegable con el fin de lograr una protección eficaz del ambiente y de la seguridad pública”.
El artículo 5° del decreto establece que las tarifas de peaje “sean fijados en razón de concesiones otorgadas” y que “serán percibidos por el Ente por cuenta y orden del concesionario o de los concesionarios y remitidas a este o estos, previa detracción de los montos que correspondan, de conformidad con los términos contractuales y normas que rijan tales concesiones”.
En criollo, este será el Ente que cobrará a los barcos y barcazas que ingresen a la Hidrovía las tarifas correspondientes, y luego con ese dinero pagará a los concesionarios que le presten diversos servicios.
“La percepción por el Ente de las tarifas y/o peajes previstos en el presente artículo se hará efectiva a partir del inicio de la operación por parte del adjudicatario o de los adjudicatarios de la licitación prevista”, se aclaró. Por ahora todo sigue como era.
¿Los usuarios del sctor provado tendrán chance de opinar o incidir en alguna cosa? El artículo 8° establece que se creará una Comisión Asesora, pero suyas decisiones no tendrán caracter vinculante, es decir que no deberían ser obedecidas por el Ente. Allí si aparece un vocal para el denostado Ministerio de Agricultura, otro para el Ministerio de Ambiente, otro para el Ministerio de Seguridad, otro para Obras Públicas, otro para los sindicatos, otro para las universidades y otro -a propuesta del Ministerio de Tranporte- para representar a las asociaciones de usuarios representativas del sector.
Es decir, los privados que se ocupan de movilizar el 75% de las cargas del comercio exterior argentino por dicha Hidrovía que ya no se llamará de ese modo tendrán que pelearse por ocupar esa lejana silla. Quien finalmente la ocupe, tendrá que viajar a Rosario, pues allí estará la sede del nuevo Ente.
