Esta semana el gobierno implementó un fideicomiso, financiado con aportes del sector agroindustrial, destinado a subsidiar el precio mayorista de los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas en envases de hasta cinco litros que se comercialicen este año en el mercado interno.
Si bien el cálculo del aporte forzoso que hará la industria aceitera se instrumentará en función de las registraciones de exportaciones de harina, pellets y grano sin procesar de soja y girasol, el fideicomiso se compromete a integrarse con un total de 190 millones de dólares hasta el 31 de enero de 2022.
Ahora bien, ¿cuánto representa en términos relativos esa cifra? El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario se tomó el trabajo de hacer el cálculo, que consiste, en primer lugar, en estimar la generación total de divisas de los complejos sojeros y girasoleros en la campaña comercial 2020/21, la que arroja una cifra preliminar del orden de 23.315 millones de dólares.
El siguiente paso, claro, es comparar la proporción del aporte “solidario” con el monto total de divisas, el cual representa una proporción del 0,8%.
En otras palabras: el derecho de exportación del poroto de soja, que es del 33,0% y no puede aumentar por ley hasta fines del presente año, fue incrementado de manera indirecta por medio del aporte “solidario” que se instrumentará mediante un fideicomiso. Lo mismo corre para el girasol que tiene una retención del 7,0% del valor FOB.
Quizás un aumento de 0,8 punto –que podrá eventualmente ser de un punto o de 0,6 punto, según cómo evolucionen los precios de los productos oleaginosos– pueda no parecer mucho, pero el dato es que se trata de un tributo indirecto adicional que se suma a otro que en el caso de la soja captura ya el 33% del ingreso bruto del negocio sin permitir deducir nada del mismo del resto de los impuestos nacionales.
Otra cuestión es cómo se redistribuirá el pago de los 190 millones de dólares o de la nueva retención encubierta disfrazada de fideicomiso. En primer orden, el dinero sale del bolsillo de la industria aceitera, pero es probable que, en aquellos momentos en los cuales la oferta de mercadería sea superior a la demanda, las fábricas descuenten parte o todo el aporte forzoso realizado en los precios ofrecidos del girasol o de la soja.
¿Había alguna otra alternativa? La propia industria aceitera indicó que la medida se tomó para evitar que el gobierno cierre los registros de exportación y descalabre la dinámica del negocio, tal como demostró que está dispuesto a hacer con el reciente cierre del registro del maíz disponible.
Foto @javiergustavore
