El fondo de Emergencia Agropecuaria quedó desactualizado y desde 2009 se sub-ejecuta

Desde la sanción de la nueva Ley de Emergencia Agropecuaria en 2009, el fondo disponible en el Estado Nacional para socorrer a los productores agropecuarios afectados por fenómenos climáticos está encajado en 500 millones de pesos anuales. Esa partida forma parte del presupuesto de cada año, pero quedó congelada gracias a que Cristina Kirchner vetó el artículo que disponía su actualización. Son 500 palos. Así, desde hace una década.

En la Argentina, se sabe, yacaré que se duerme es cartera. Y eso pasó con el Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que pasó de ser de unos 150 millones de dólares (tomando un dólar a tres pesos y monedas en 2009) a solo 12,5 millones de dólares en la actualidad, con el dólar a 40.

Es gravísima la acelerada devaluación de la ayuda oficial para quienes pierden sus producciones por sequías, inundaciones, tornados, granizo, huracanes y rayos y centellas. Y es injusta. El agro genera bienes valuados en unos 50 mil millones de dólares anuales, que dejan en las arcas oficiales ingresos solo por retenciones de unos 10.000 millones. Como dicen los chacareros, el Gobierno es socio en las buenas y nunca en las malas. Cuando tiene que poner, solo dispone de 12,5 millones.

Pero si el exiguo monto que maneja hoy el Fondo de Emergencia Agropecuaria parece insultante, más grave resulta saber que el Ministerio de Agroindustria no llega a gastar todo ese dinero, sub-ejecuta las partidas.

Pese a que los problemas climáticos en el agro se suceden y tienen cada vez consecuencias más dañinas, entre octubre 2009 y fines de 2015 la gestión kirchnerista utilizó en promedio solamente 49,57% de los recursos disponibles. Menos de la mitad.

Es decir que en esos seis años de administración a manos de funcionarios a los que el dinero público les gustaba más que el dulce de leche, se gastaron unos 1.500 millones de pesos para socorrer a los productores, cuando la disponibilidad de fondos había sido del doble.

De todos modos, el kirchnerismo no era bobo. Y los sucesivos ministros de Agricultura (Julián Domínguez, Norberto Yauhar y Carlos Casamiquela) se las ingeniaron para que Agroindustria pudiese desviar los saldos sin utilizar de cada año hacia otros menesteres mucho menos románticos que ayudar a los productores perjudicados por un clima cada vez más virulento.

La gestión de Mauricio Macri lleva tres años y acumula traumas climáticos como ninguna otra: inundación, sequía, de nuevo inundación… Pero ni siquiera así llegó a ejecutar por completo los benditos 500 millones de pesos del fondo de Emergencia, que cada vez valen menos. En promedio, según un informe oficial, entre 2016 y 2018 se utilizó casi 81% del dinero disponible para atender estos casos. Mejoró mucho la performance anterior. Pero solo se gastaron aproximadamente 1.215 millones de los 1.500 millones disponibles, mientras se desperdiciaron otros 385 millones.

¿Y se desviaron al menos esos recursos sobrantes a otros programas rurales, como en los tiempos del despilfarro kirchnerista? Hugo Rossi, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Agroindustria, que tiene a su cargo la administración de la Ley de Emergencia Agropecuaria, confesó que no hubo desvíos, ya que la actual gestión prioriza el “ahorro de recursos fiscales” por sobre cualquier otra política pública. Y como los recursos nunca están en poder de la cartera agropecuaria sino que dependen de Rentas Generales, el que no se gasta es dinero que se pierde. No se ahorra.

En este punto vale la pena formular una pregunta: ¿Qué hubiera sucedido si el dinero del Fondo de Emergencia Agropecuaria que no se utilizó un año se hubiera acumulado para el año siguiente, y así sucesivamente? Pues que la Argentina habría reunido de 2009 a la fecha cerca de 2.000 millones de pesos en un fondo anticíclico para hacer frente a las emergencias climáticas. No sucedió y hoy, frente a una nueva inundación, hay que rascar del fondo de la olla.

“Enfrentamos una situación fiscal que conocemos todos. Pero algún día, cuando esto mejore, sería interesante tener un fondo mas potente, porque incluso hay muchas obras pequeñas de infraestructura, al margen de los grandes planes de obra pública que dependen de otras áreas, que podrían encararse con estos recursos. Es decir, el gobierno puede construir una autopista, pero los productores afectados también necesitan el camino de tierra en buen estado para llegar hasta ella”, razonó Rossi.

Frente a las nuevas inundaciones en las provincias del Norte, los dirigentes rurales han comenzado a reclamar la actualización del Fondo de Emergencia Agropecuaria. Carlos Achetoni, de Federación Agraria, calculó que debería haberse incrementado por lo menos hasta 5.000 millones de pesos en este ejercicio, diez veces más que el presupuesto original de 2009. Pero lo que pocos ruralistas están debatiendo es sobre la mejor manera de que esos recursos, sean muchos o escasos, se canalicen hacia los productores afectados.

Rossi, un dirigente radical que surgió de las filas del ruralismo, dijo en ese sentido que en los últimos años se han ido estableciendo diferentes mecanismos para utilizar el dinero, que siempre debe llegar al territorio a través de convenios entre Agroindustria y los intendentes o gobernadores de las zonas afectadas. Los que ejecutan la ayuda son ellos, porque están cerca de la zona dañada por el clima y conocen a los productores. Y son también los gobiernos locales los que deben rendir cuentas por los fondos.

A diferencia del kirchnerismo, que asignaba 90% de los recursos como “asistencia directa” a los productores afectados por fenómenos climáticos, la gestión macrista optó por diversificar los usos de ese dinero, que por ser escaso se enfoca sobre todo en regiones extrapampeanas, donde hay mayor proporción de productores familiares. El foco de la atención también está puesto en actividades productivas, como la fruticultura o la horticultura, mucho más endebles que la agricultura extensiva y la ganadería.

Según explicó Rossi, en el último ejercicio el Fondo de Emergencia se dividió a grandes rasgos más o menos en estos capítulos:

• Un 60% se destinó a asistencia directa para ayudar a la recuperación productiva de los productores que padecieron fenómenos adversos. Una parte importante de esa ayuda (se estima podrían llegar a ser 100 millones de pesos este año) se canaliza hacia el financiamiento, ya sea a través de “fondos rotatorios” o mediante subsidios a las tasas de interés de los bancos públicos, de modo de ayudar a recomponer el capital de trabajo de las explotaciones.
• Un segundo capítulo que absorbió 21% de los recursos y viene creciendo ha sido la adquisición de maquinaria para los municipios afectados. En especial se apunta a comprar motoniveladoras o retroexcavadoras para el arreglo de caminos rurales. “Una motoniveladora salía antes de la devaluación unos 4 millones de pesos, que es lo mismo que salía hacer un camino. La diferencia es que el fierro queda en poder del municipio y tiene una vida útil de entre 10 y 15 años”, explicó Rossi, principal impulsor de esta alternativa. En total se firmaron más de 100 convenios de este tipo.
• Otro modo de utilizar el Fondo de Emergencia, con el 18% en los últimos ejercicios, ha sido invertir directamente en infraestructura rural para las zonas afectadas, ya sea en caminos rurales, alcantarillas, canalización de arroyos, ectétera. De todos modos, hay otras áreas de gobierno, incluso dentro de la propia Secretaría de Agroindustria, que deberían ocuparse de esos menesteres.