Con la reciente publicación del Decreto 132/2022, que crea un fideicomiso con el que el gobierno pretende desacoplar el precio del trigo, la pregunta que primero aparece es con qué herramientas cuenta hoy el propio Estado que impulsa estos mecanismos para controlar su cumplimiento. Y esta pregunta es pertinente porque el propio Ministerio de Agricultura parece haber dejado de controlar ex profeso al sector. Si van a aplicar estímulos sería conveniente que, al menos, el Estado pudiera controla que los molinos procesen el trigo que compran.
Desde hace al menos dos años, con el cambio de signo de gobierno, la molinería de trigo muestra números de caída en términos de molienda registrada. Es necesario aquí un breve repaso de algunas medidas adoptadas en el pasado reciente que permitieron al Estado y a las cámaras del sector (la FAIM y Apyminra), representantes de la totalidad de los molinos Inscriptos en RUCA (Registro Único de la Cadena Agroindustrial) contar año a año con información certera sobre el aumento de los índices de molienda registrada, es decir el trigo industrializado y destinado a la producción de harina. Esos números en crecimiento permitían proyectar mejores negocios a futuro, aumentar la recaudación y minimizar la competencia desleal entre los distintos actores del sector.
Las tareas de control que propiciaron esa mejora fueron llevadas adelante desde el año 2016 por la DNCCA (Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario o ex ONCCA) dependiente del Ministerio de Agricultura. Pero, como dijimos, parecen haber sido interrumpidas a partir de 2020.
¿Qué pasó? ¿Por qué caen los números de molienda registrada? ¿Por qué las cámaras y algunos empresarios del sector comenzaron a declarar que se ven afectados por la comercialización de harina proveniente de mercados marginales?
En 2018 se publicó la resolución 84 que puso en marcha el Controlador Electrónico de Molienda de Trigo (CEMT). La norma que se intentó reglamentar sin éxito durante fines del 2019 y el 2020, cuando todavía Marcelo Rossi estaba a cargo de la DNCCA, no ha sido publicada a la fecha en el Boletín Oficial por las autoridades del Ministerio, que hoy conduce Julián Domínguez. La reglamentación se encuentra escrita y archivada desde aquél entonces.
El CEMT mide el caudal de trigo procesado y el consumo eléctrico de la maquinaria con la que se muele el grano en la primera etapa del proceso industrial, además de estar dotado de 6 cámaras filmadoras en todos los niveles del proceso que deberían permitir al Estado monitorear que el equipo no sea adulterado en su operatividad.
¿Cómo van a controlar en los nuevos fideicomisos que el trigo que los molinos declaren haber comprado se convierta efectivamente en harina?
Es vox pópuli en los pasillos del Ministerio que el área de informática ha sido diezmada en sus recursos humanos más específicos desde la asunción del nuevo gobierno por problemas salariales y de recursos para trabajar. El hecho impactó directamente en los sistemas de control diseñados para monitorear la molienda de trigo, que eran parte de la Disposición reglamentaria nunca publicada.
Hoy desde los servidores del Ministerio no hay manera de acceder a las cámaras de los CEMT, y esto constituye toda una luz verde para los denominados ‘by pass’ que se utilizan para eludir los instrumentos de medición que controlan la molienda.
También es cierto que el área de informática hoy no tiene manera de saber si la información de pesaje y consumo eléctrico que los equipos remiten de manera on line es fidedigna. Si un equipo deja de reportar no se sabe si es que dejó de funcionar o que el sistema -por obsoleto y sin mantenimiento- impide la transmisión de los datos.
Incluso la nueva conducción de la ex ONCCA ha suspendido matriculas porque un equipo deja de transmitir. Pero luego el molino en su descargo demuestra que funciona correctamente.
Esto tiene una explicación: Abandonado el sistema por parte del Ministerio, el denominado CEMT hoy se encuentra en manos de los Operadores de mantenimiento de los equipos habilitados por la propia autoridad de control, que está a cargo de Luciano Zarich (foto).
Si bien es función de la DNCCA intermediar entre las empresas de mantenimiento y los molinos, arbitrar para que no existan abusos, esta función se ha abandonado a tal punto que los molinos se encuentran siendo extorsionados por algunos operadores privados al pago de cuotas mensuales poco claras, en concepto de mantenimiento, o a suscribir contratos que sustentan esa facturación (exigida en dólar billete) a riesgo de que si no pagan su cuota, el CEMT les sea desconectado de los servidores. Este desenlace provocaría incumplimientos involuntarios a la Resolución 84/2018 por parte de las industrias. El hecho es que si el equipo queda desconectado, serán pasibles de sanciones que pueden llegar hasta a la suspensión de la matrícula de RUCA.
Bichos de Campo pudo acceder a un contrato del principal Operador de Mantenimiento de CEMT, del que extraeremos una parte en la que plantea de manera extorsiva que si no se cumple con la cuota mensual (no regulada por ninguna norma vigente), el controlador no contará con ningún servicio técnico de reparación que pudiera requerir a futuro. Dice ese contrato:
“CONDICIONES COMERCIALES:
Precios: netos más IVA
Forma de pago: Las facturas del canon bimestral se abonarán dentro de los 30 D.F.F. Las facturas de viáticos se abonarán mediante efectivo o cheque a la fecha.
Disponibilidad del servicio: El servicio estará disponible a partir de la aceptación comercial del mismo, mediante la devolución del contrato debidamente firmado y comunicando la conformidad a la casilla de correo de … (la casilla contiene el nombre de la empresa)
Cláusulas importantes a tener en cuenta:
-
No solicitar un servicio programado si no hay personal autorizado para realizar el pago de los viáticos, los cuales sin excepción se pagarán una vez terminado el servicio.
-
En caso de un atraso en el pago del canon de un mes se notificará por escrito y si éste continúa por el término de otro mes, se cancelará este contrato sin previo aviso y se avisara a la DNCCA que Censa no se responsable del mantenimiento del CEMT.
Quedamos a vuestra disposición a los efectos de atender cualquier consulta técnico – comercial y saludamos atte”.
Pero hay más “torpezas” por parte de la actual administración de la DNCCA. Durante la primera semana de febrero notificaron a todos los operadores de granos que a partir del 15 de ese mes comenzarían a suspenderse las matrículas de aquellos que tuvieran deuda de presentación de Declaraciones Juradas (DDJJ) de movimientos y compras de granos a instancias de la resolución 21-E/2017 y 456/2003. Es decir, notificaron que empezarían a hacer cumplir la normativa vigente, cosa que a priori hace suponer que antes de esa fecha no la estaban haciendo cumplir.
Por supuesto que la DNCCA tiene facultades para suspender matriculas por falta de presentaciones de estas declaraciones. El tema es que estás suspensiones tienen la misma lógica de las que se cursan por problemas con los CEMT: las DDJJ se envían a un correo electrónico que no avisa ni siquiera si la información se procesó correctamente. Con los servidores obsoletos, hay cantidades de matrículas suspendidas por deudas de información que no existen.
Tras la intimidante advertencia general, y habiéndose dado las suspensiones (tener la matrícula de RUCA suspendida le impide al operador recibir cartas de porte, procesar y comercializar su mercadería), digamos que se trata de una sanción de máxima porque afecta de manera directa la economía y operatividad de las empresas.
En medio de este zafarrancho, en la última semana de marzo del corriente se ha notificado a 7 pymes de la molinería multas superiores a los 6 millones de pesos por expedientes del año 2018 en el que el CEMT se encontraba en una instancia de puesta a punto. Es decir, son multas aplicadas a supuestas infracciones a una reglamentación que no existe.
