El cambio climático no existe, pero en el Presupuesto 2026 el gobierno estimó que desde 2014 el agro perdió 33.400 millones de dólares debido a eventos climáticos

El proyecto de Presupuesto 2026 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento tiene un capítulo destinado a analizar los “Riesgos fiscales”, es decir las variables externas que podrían alterar las metas de recaudación previstas por Economía. Allí, a pesar de que el propio presidente Javier Milei se ha ocupado varias veces de desmentir la existencia del “cambio climático”, el propio gobierno admite que el mayor peligro en términos fiscales son los eventos climáticos que cada vez con mayor frecuencia padece el sector agropecuario.

“Entre 2014 y 2023 se han registrado pérdidas económicas por un total de 33.400 millones de dólares en
el sector agropecuario debido a eventos como sequías, inundaciones, heladas, y granizos”, precisa esa parte del informe, dando cuenta del tamaño del daño que padecen los productores de materias primas frente a este tipo de eventos.

La cifra es equivalente al valor de toda una cosecha.

En general, los sucesivos gobierno esconden este tipo de cálculos porque su exposición pública deja en evidencia lo poco y nada que ayudan a los productores agropecuarias en este tipo de circunstancias. El Fondo de Emergencia Agropecuaria de que dispone la Secretaría de Agricultura no se actualiza desde la sanción de la última ley en 2009, y sigue siendo de solo 500 millones de pesos (menos de medio millón de dólares) para actuar en todo el país.

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Pero además, el Poder Ejecutivo siempre se ha mostrado renuente a poner dinero para poder diseñar un sistema de seguros agrícolas efectivo, que le permita al productor recuperar la menos su capital de trabajo para poder mantenerse en el ruedo. Inevitablemente este tipo de coberturas multirriesgo requiere, según la experiencia de otros países, de que el Estado participe activamente subsidiando el alto costo de la póliza de cobertura.

Aquí, mientras tanto, el gobierno de Milei (y las autoridades de la propia Secretaría de Agricultura) evitan hablan del asunto, y descreen de los múltiples informes del sector científico que alertan sobre los cambios vertiginosos en el clima. En el Presupuesto 2026, sin embargo, se coló este apartado que mensura de modo espeluznante el daño que provocan estos fenómenos climáticos sobre la producción agropecuaria. Lo hace, claro, pensando en la salud de las cuentas fiscales y no en la supervivencia de los productores.

“A lo largo de los años, las sequías han sido los eventos más destructivos. La sequía de 2017-2018 redujo la producción de soja en un 31%, lo que resultó en pérdidas de 5.900 millones de dólares. Por su parte, las sequías registradas entre 2022 y 2023 implicaron pérdidas por 14.100 millones en los cultivos de soja, trigo y maíz. Esto provocó una caída en las exportaciones de granos y subproductos y, como consecuencia, tuvo un impacto en la recaudación de derechos de exportación estimado en 2.300 millones de dólares, así como otros 3.700 millones en otros impuestos, incluyendo ganancias”.

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Es decir que lo que el Poder Ejecutivo lamenta es haber enfrentado “una caída de 6.000 millones de dólares en los ingresos públicos” durante los últimos diez ejercicios.

“En este contexto, el riesgo de sequía se configura como uno de los principales desafíos fiscales para 2026 y requiere de un monitoreo específico por parte del gobierno”, definen las autoridades.

Según esta mirada, “entre los desastres naturales, las sequías se destacan como el fenómeno más frecuente y destructivo para Argentina, representando alrededor del 40% de los eventos registrados y ocasionando pérdidas recurrentes de gran magnitud. Las sequías representan una amenaza constante y relevante para la estabilidad fiscal, ya que afectan directamente la capacidad productiva y, por ende, la recaudación de impuestos, especialmente aquellos relacionados con las exportaciones agrícolas”.

Otro riesgo externo (para el Fisco) evaluado en el proyecto de ley es una potencial baja de los precios de la soja, para el cual el gobierno de Milei pronostica bajas en 2026.

“Se analiza un choque al precio internacional de la soja que disminuiría a 333.7 dólares por tonelada desde un valor de 386 dólares durante el año 2026, lo que representa un desvío estándar respecto de la media histórica de la variable (2003-2024)”, define el documento.

De todos modos, en este caso el gobierno suspira aliviado porque “el efecto sobre la inflación sin embargo se produce en menor medida pues la caída en el precio de la soja no compensa el incremento en el tipo de cambio debido a la menor cantidad de divisas ingresadas. En términos fiscales, agregados los efectos, son muy similares a los del precio del petróleo, con leves caídas en los ingresos que afectan muy marginalmente (en el segundo decimal) los parámetros fiscales”