Nota de opinión escrita por Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura, de Rosario, provincia de Santa Fe.
El combustible es vital para la vida de todos los argentinos. Pero sobre todo para la vida de los argentinos que vivimos en el interior de nuestro país.
Cualquier cambio en el precio de cualquiera de las etapas del procesamiento de petróleo afecta a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y afecta al costo de la actividad económica hacia dentro de cada una de las empresas industriales, comerciales, de servicio y agropecuarias, que se desarrollan en nuestro interior.
Todos nos preguntamos por qué cuando baja el precio del petróleo en el mundo, en Argentina no baja el precio de la nafta ni del gasoil. Esto tiene algunas explicaciones:
- El precio del combustible tiene casi un 50% de impuestos nacionales y un 5,50% de impuestos provinciales y municipales.
- En el precio del combustible, se incluye una parte que va a las arcas de las provincias petroleras que cobran regalías, porque en la reforma de la Constitución de 1994 la regalías mineras se provincializaron. Así, para la provincia de Neuquén casi el 50% de sus ingresos se generan en regalías mineras y la provincia de Santa Cruz casi el 25% de los ingresos previstos para 2020 se generan por las regalías mineras.
Fruto de la reforma de la Constitución, todas las provincias que no tenemos actividad minera dejamos de percibir coparticipación federal de regalías, que antes de la reforma se coparticipaban.
El Estado Nacional también subsidia el consumo de gas y petróleo. Así en el 2019 se aplicaron casi 4.000 millones de dólares para el consumo.
Pero además, con fondos federales subsidiamos a las empresas petroleras. Así por ejemplo, en el año 2019 el Estado Nacional pagó unos 1.000 millones de dólares de subsidio las empresas de gas y petróleo.
En el mismo periodo, el Estado Nacional recaudo por retenciones agropecuarias 6.700 millones de dólares.
Así el interior agropecuario transfirió, vía Estado Nacional, en forma implícita al sector petrolero y a las provincias petroleras, el equivalente al 30% de las retenciones agropecuarias.
Es llamativo subsidiar a un sector privado que tiene 10 empresas como beneficiarias, que generan poco empleo directo e indirecto, y que sostienen las finanzas provinciales de provincias que están entre las de menor pobreza e indigencia de nuestro país.
Al contrario, las tres provincias de la “Región Centro” (Córdoba, Entre RÍos y Santa Fe), que aportamos casi el 70% de las retenciones agropecuarias, tenemos en conjunto el segundo mayor aglomerado de pobreza y desempleo (después de AMBA). Pero pese a estos datos reales, nuestros representantes siguen interactuando a nivel nacional como si no tuviéramos pobreza.
Con 1.800 millones de dólares podríamos subsidiar los aportes patronales y seguro de trabajo de 1 millón de empleos en todo el país, incluidas las provincias petroleras. Hoy con 1.800 millones de dólares sólo sostenemos unos 20.000 empleos directos e indirectos.
El subsidio al petróleo (“Barril Criollo”) va a mantener más alto que en el mundo el precio del combustible, cuando todas nuestras empresas necesitamos bajar costos para poder exportar.
Es llamativo, que se decidan subsidios a este sector concentrado, cuando esto repercute en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos, porque un precio alto del combustible aumenta los costos de logística, lo que aumenta los precios de los productos que pagamos en el interior, todos los habitantes.
Es llamativo que se subsidie a un sector que en todo el mundo está criticado por la demanda de prácticas ambientales menos invasivas del medio ambiente.
En los últimos 10 años, desde el Estado Nacional transferimos al consumo, los provincias y las empresas 110.000 millones de dólares. Con esto podríamos haber instalado molinos eólicos (40.000 Mw) para producir electricidad de casi nulo impacto ambiental por el equivalente a nuestro consumo anual de electricidad.
En Santa Fe y en las provincias de la Región Centro, donde producimos biodiesel mucho más amigable con el medio ambiente, nuestros representantes no muestran ninguna preocupación por este sector al que las petroleras no compran lo que les obliga la ley. Tampoco dejan que nuestras pymes puedan abastecerse de biodisel, al 100%, para logística y labores.
