El ajuste llegó al escandaloso FETA, que tras un año de aportar dinero a una gran empresa (Molino Cañuelas) ahora se concentrará solo en subsidiar la harina común

Durante casi un año, el gobierno estuvo subsidiando productos farináceos que no eran de primera necesidad y la mejor prueba de ellos es que ahora, cuando ya no queda casi dinero en el Fondo  Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), dejará de hacerlo y concentrará esas compensaciones hacia la bolsa mayorista de harina Triple Cero, que es la que se utiliza para elaborar el pan común.

Lo dispuso el secretario de Comercio, Matías Tombolini, mediante la Resolución 319/2023 que se publicó este viernes en el Boletín Oficial. La norma, que excluyó a todo el resto de harinas de los alcances de los subsidios del Fideicomiso Triguero, resulta la mejor admisión de que todo ese operativo dilapidó dinero en subsidiar productos que consumía el público de mayor poder adquisitivo, porque esta era la manera indirecta que encontró el gobierno para ayudar a la mayor empresa del sector, Molinos Cañuelas, que desde 2021 tramita un concurso de acreedores tanto o más grande que el de la aceitera Vicentin, por más de 1.300 millones de dólares.

Desde su creación, en abril de 2022 y a instancias del ex secretario kirchnerista Roberto Feletti, el FETA subsidiaba no solo la harina 000, que es la que se utiliza en las panaderías, sino también la Cuatro Ceros, las premezclas y el semolín, que son diversos tipos de harinas con aditivos y más refinadas utilizadas en preparaciones más costosas. Una de las explicaciones para semejante generosidad es que Cañuelas -que maneja 25% de la molienda de trigo- es uno de los pocos proveedores al mercado de ese tipo de harinas.

Este fue uno de los reglamentos del FETA que siempre despertó sospechas de que este fideicomiso en realidad nació para subsidiar a una empresa y no a los consumidores, a punto tal que las tres cámaras de la industria molinera desaconsejaron su implementación y más de 120 molinos, sobre un total de 155 empresas, se negaron a ingresar al sistema y no cobraron las compensaciones.

Aunque hay una total falta de transparencia en el fondo manejado por el banco oficial BICE y la Secretaría de Comercio no informó nunca abiertamente cómo se distribuyeron los más de 400 millones de dólares que el Estado recaudó de la suba en 2 puntos de las retenciones a los derivados de la soja (equivalentes a unos 35 mil millones de pesos), un pedido de acceso a la información pública permitió saber que Molino Cañuelas había recibido el 71% de los recursos distribuidos hasta fin de noviembre, justamente por el impacto de sus ventas de harinas de mayor calidad y precio que la Triple Cero.

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Esta desvió de fondos hacia la empresa más grande del mercado, a la que de otro modo le hubiera resultado complejo acceder a capital de trabajo en medio de su monumental concurso de acreedores, le permitió a Cañuelas ganar varios puntos de participación en el negocio, a expensas de quitarles negocios a empresas más pequeñas. Esto desencadenó en una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que todavía no arrojó resultado alguno. También hay una denuncia penal de diputados de la Coalición Cívica para que se investigue a Cañuelas, a Feletti y a sus sucesores en el cargo, incluyendo a Tombolini. También parece cajoneada, pues el expediente no registra movimientos.

Ahora la novedad en este caso sensible es que Comercio decidió excluir las harinas más refinadas, el semolín y las premezclas de las mercaderías a subsidiar por el FETA. “Con el objetivo principal de proteger el precio del pan y los productos farináceos más consumidos por la población, a partir de ahora, todos los fondos del fideicomiso están dirigidos a subsidiar la bolsa de harina 000 común de 25 kilos, que es la que compran las panaderías para hacer pan y para la segunda industrialización”, explicó un tímido comunicado de Comercio Interior, que buscó excusas ridículas  -como antes con la guerra- en “la inédita sequía que afecta la producción agropecuaria e incide sobre los precios de los alimentos”.

Como sea, Tombolini admitió en el comunicado que todo este tiempo (él asumió en septiembre pasado) estuvo avalando un subsidio a mercadería que no era necesario subsidiar, y que el 40% de los fondos se utilizaron para eso, ya que la harina 000 “representa alrededor del 60% de la harina que se utiliza para la producción de farináceos de consumo masivo”.

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Aunque esta medida de concentrar los subsidios en la harina que realmente consume la población de más bajos recursos parece apuntar en contra de los intereses de Cañuelas, la verdad es que el FETA ya consumió prácticamente todo el dinero que había recaudado, pues en noviembre pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco del Dólar Soja 2, reinstaló el diferencial de retenciones para la harina y el aceite de soja, que bajaron de 33 a 31%, y el fideicomiso se quedó sin fuente de financiamiento. Es decir, Comercio deja de subsidiar lo trivial y se enfoca en lo importante cuando ya no queda casi dinero por repartir.

En febrero pasado, tras reunirse con el titular de la Federación de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, Massa y Tombolini anunciaron la continuidad de este sospechado fideicomiso público (es decir, con dinero del propio Estado), pero no dieron precisiones sobre una nueva fuente de financiamiento. El titular de Hacienda deslizó que podría ser directamente con otras partidas con origen en las retenciones a la soja, pero con las pérdidas provocadas por la sequía esta cuenta se enflaquecerá notablemente este año y complicará las finanzas públicas.

Apretado por un ajuste inevitable, Tombolini parece haber aplicado esta corrección en el reglamento del FETA a último momento, ya que esta misma semana él publicó otra resolución, la 269/2023, que estableció nuevos precios para la harina común y el resto de las harinas especiales que subsidiaba hasta ahora el fideicomiso. En ese listado, la harina 000 común a la salida del molino debía venderse a 1.764 pesos más 10,5% de IVA y unos puntos más por flete. Ese valor casi no se encuentra en el mercado, en especial entre los distribuidores mayoristas.

Pero Comercio tampoco controla eso. Quizás por esa razón el Fideicomiso Triguero lanzado hace casi un año un estrepitoso fracaso, pues los precios del pan común subieron más arriba que la inflación general de la economía, cerca del 110%.