Luego de una semana histórica para el sector agropecuario, en la que se decidió la baja de retenciones a 0% para la exportación de granos hasta agotar un cupo de los 7 mil millones de dólares, tomó forma una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. También contra las cinco principales exportadoras de granos.
Además del malestar que generó en el sector productor primario la pronta finalización del programa, en el que se supone que se benefició con la medida a las grandes empresas agroexportadoras, también generó sospechas de corrupción y connivencia entre las autoridades del Estado Nacional y las empresas que hicieron el millonario negocio.
Este es el texto de la denuncia presentada ante el fiscal en Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. Se supone que quien realizó la presentación fue un abogado que no quiso exponerse, debido a que trabaja dentro del mismo Estado Nacional.
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El mecanismo utilizado en los hechos denunciados fue el de eliminar los derechos de exportación a los granos el lunes a la mañana, y menos de 72 horas después, copar al cupo establecido para volver a subirlos. En ese período, las empresas agroexportadoras calzaron las respectivas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 19 millones de toneladas de granos, que exportarán en los próximos meses a un valor por tonelada de grano completo, es decir, sin deducir retenciones. Por eso salieron ahora a comprar los granos a valor con retenciones, trasladando solo parcialmente la rebaja que obtuvieron a sus proveedores de materia prima, es decir los productores.
Mientras la medida duró, el sector productivo solamente gozó de los beneficios que otorgó una suba cercana a un 15% en el precio de la soja, cuando las retenciones llegaban a 26%, lo que generó un rechazo absoluto del primer eslabón de la cadena granaria, que acusa a las exportadoras de hacer negocio a costa suya.
Este mecanismo generó un malestar mayor contra las autoridades nacionales. Lo que cree el sector productor es que debido a la urgencia de Economía de hacerse de divisas de manera rápida. Como sea, la medida terminó teniendo el efecto contrario al buscado por los productores, que lejos de festejar la concreción de un reclamo histórico salieron a manifestar su enojo contra el gobierno, con fuertes mensajes en las redes sociales.
Pero el principal damnificado sería el Estado, ya que se estima que mediante esta operación se dejarán de recaudar retenciones por un monto cercano a los 1.500 millones de dólares.
Todo este proceso generó que prospere una denuncia penal contra el presidente y el equipo que diseñó la medida, acusándolos de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
La denuncia está basada en que la conducta a investigar se encuadra en los tipos penales referidos al haber dictado normas que impusieron una alícuota 0% a las retenciones. “Coordinadamente, las empresas trasnacionales exportadoras de granos, participes necesarias de la maniobra, concentraron en esas 48 horas declaraciones juradas por exportaciones que equivalen a la tercera parte de todo lo que exportan en un año. El ardid conllevó un daño al fisco de entre 1000 y 1500 millones de dólares”, explica la denuncia formal.
A su vez, el texto esgrime: “La maniobra continúa en ejecución dada la no aplicación por parte de los mencionados de la Ley Martínez Raymonda, que impide el artificio de presentar de declaraciones juradas sobre operaciones aun no realizadas en los hechos”.
La denuncia anónima, que ya está en manos del fiscal Rodríguez, también apunta contra los responsables de las empresas exportadoras de granos Bunge Argentina S.A, LDC Argentina S.A, Cofco International Argentina, Viterra Argentina S.A. y Cargill SAIC en calidad de partícipes necesarios, por la comisión del delito Administración Fraudulenta (artículo 173 inciso 7 del CP) en perjuicio del Estado Nacional, y del 248 CP por abuso de autoridad.
Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) son una manifestación unilateral que hace una empresa exportadora (intermediaria entre el productor y el comprador de otro país) ante el fisco. En esa manifestación, le informa al fisco, para registro y cobro de derechos de exportación correspondientes, que vende al exterior cierta cantidad de granos. No implica que ya haya embarcado esos granos ni tampoco que tenga celebrado el contrato con el importador del país de destino. Ni siquiera que tenga ese grano en su poder, porque ya se lo compró al productor.
La denuncia apunta a un accionar coordinado entre las principales exportadoras y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según el planteo, las sospechas no solo se sostienen en el inusual volumen de registros de exportaciones concentrado en los días 23 y 24 de septiembre, sino también en dos resoluciones sucesivas dictadas en ese mismo período.
El martes 23 se publicó la Resolución 184, que establecía que las DJVE tendrían vigencia por un año, incluso si habían sido registradas con anterioridad al decreto 682/2025, el que redujo a cero las retenciones, siempre y cuando el embarque de la mercadería se realizara después del 23 de septiembre. Esto dejaba fuera de ese beneficio a aquellas operaciones que ya habían sido embarcadas antes de esa fecha.
Un día más tarde, la Secretaría corrigió la medida con la Resolución 185, ampliando la exención e incluyendo también a los embarques previos al 23. De esta manera, las empresas pudieron sumar a la “ventana de retenciones cero” operaciones pasadas y futuras, generando el perjuicio para el Estado estimado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.
El esquema, plantea la denuncia, permitió a las exportadoras acumular DJVE en apenas dos días y asegurarse el beneficio fiscal por el resto del año. Los grandes perdedores serían los productores, que sí sufrieron el descuento de las retenciones en su liquidación, mientras que las compañías se quedaron con ese descuento como ganancia extraordinaria.
Lo interesante de la denuncia anónima es que, según algunas fuentes, se generó en las entrañas de la administración pública, siendo este el único mecanismo para denunciar a una autoridad superior del Estado sin correr el riesgo a una represalia.
La denuncia se presentó el pasado viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana, mediante el canal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y se enmarca como denuncia por delitos de corrupción o irregularidades de la Administración Pública Nacional, dado que estas maniobras son cuestiones técnicas que solo las entienden quienes conocen al dedillo el negocio, o forman parte de la misma administración pública, que debido a la subordinación jerárquica, no se podría denunciar a un jefe.
Esta denuncia anónima, de prosperar, competirá contra otros casos, como los que se investigan supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Desde ahora, el fiscal debe comenzar la investigación, y en todo caso, de considerarlo pertinente, elevar el caso a un juez de Comodoro Py. De ese modo se podría formar la causa penal.
Antecedentes de denuncia de este tipo en el ámbito agropecuario hay varias. La más reciente estuvo ligada a la venta de un edificio del INTA en Buenos Aires. En ese caso, la fiscalía dictaminó y notificó que encontró unas diez posibles irregularidades en la venta del inmueble de Cerviño 3101, que fueron ignoradas para efectuar la operación. Una denuncia similar obligó a despedir funcionarios del área forestal durante administraciones pasadas.
