La decisión de cerrar las exportaciones de maíz de la vieja cosecha en el primer bimestre de 2021, para así intentar forzar una baja de los precios que alivie a quienes usan ese grano en el mercado interno, se tomó en menos de 48 horas, aunque alguna intervención venía gestándose desde que Cristina Kichner habló en el acto de La Plata y -a los ojos de todos- le marcó la cancha al presidente Alberto Fernández y a todo su gabinete de ministros.
Como todos los diarios, La Nación escribió varios artículos sobre ese acto pero uno particularmente se refería a su impacto sobre el sector: “La frase de Cristina que puso en guardia al campo”, se titulaba. Hacía referencia al pedido de la vicepresidenta de “alinear salarios, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas” como estrategia económica para 2021.
Como al pasar, en ese acto la ex presidenta que colisionó de frente contra el campo en 2008 también hizo mención a los temibles ROE, los permisos de exportación con los que su gobierno definía hijos y entenados en materia de comercio de granos y carnes. A muchos productores les corrió sudor frío por la espalda.
Lo cierto es que tras aquella apretada de clavijas todo el gobierno comenzó a moverse tratando de calmar el apetito intervencionista de su jefe política. La mayor presión se sintió sobre las espaldas del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su secretaria de Comercio Interior, Paula Español, finalmente los responsables más directos en esto de “alinear” los precios de los alimentos con otras variables de la economía igualmente desbocadas.
Desde principios de marzo, casi vecinos a la cuarentena, estos funcionarios impusieron una lista de precios cuidados o máximos sobre una extensa canasta de productos de consumo masivo. En los últimos tiempo, esta estrategia de Comercio Interior -consensuada al principio del gobierno con las grandes alimenticias- comenzó a hacer agua, porque nadie puede sostener por mucho tiempo los precios de venta al público de un artículo cuyos costos de producción se han disparado, salvo que le guste mucho perder dinero. Y no suele ser ése el caso de los empresarios argentinos.
En las últimas semanas, cada vez que Paula y Matías recibían la queja de alguno de los sectores involucrados en los precios cuidados, el diálogo era más o menos como el que sigue:
-Necesitamos que sigas vendiendo tus productos al mismo precio…
-Están locos. Todos mis costos se fueron al diablo. Quizás si me bajaran el peso de los impuestos.
-No podemos porque hay déficit fiscal.
-Bueno, entonces permitan subir un pocos los precios al consumidor, para equilibrar con mis costos.
-No podemos porque habría más inflación.
-¿Entonces qué hacemos? La única manera sería que me bajen alguno de mis otros costos. ¿El combustible?
-No podemos. YPF tiene los precios congelados hace rato.
-¿Y entonces qué bajamos?
Cuando los que se sentaban frente a Kulfas o Español eran los empresarios de la carne (o mejor dicho, de las proteínas animales porque esto involucra al vacuno de feedlot, al cerdo, a los pollos, a la leche y a los huevos) había una excusa adicional para tratar de romper los compromisos asumidos en materia de precios: además de los factores internos de la economía estaban comenzando a pesar con fuerza la suba de la soja y el maíz en EE.UU., que se traslada casi automáticamente a los valores domésticos, inflados además por la creciente inflación argentina.
Justo hoy, la Bolsa de Cereales de Córdoba sacó un bello cuadro resumen que muestra la evolución de estos dos insumos críticos para la producción pecuaria: la soja subió en 2020 casi 37% mientras que el maíz lo hizo más del 41%.
-¡Vení, bajame ésta!- habrá ironizado algún empresario en las reuniones con los funcionarios del viejo ministerio de la Producción. Pero, ¿cómo reducir un precio de una materia prima básica que, como tal, cotiza en dólares porque puede venderse en cualquier momento y casi cualquier mercado del mundo?
En ese punto, y con Cristina soplándole en la nuca a todos los funcionarios (en especial a los de las carteras más mencionadas como botín de recambio por la proia tropa), en Desarrollo Productivo comenzaron a trasladar presión sobre sus pares de Agricultura, que es finalmente el área responsable de ejecutar políticas sobre las materias primas de origen agropecuario.
Siempre con su pachorra a cuestas, el ministro Luis Basterra ya había logrado cumplir con su demorado plan de reintegro de retenciones sojeras a pequeños productores y aspiraba a tener un verano relativamente tranquilo. Pero lo intimaron para que comenzara a negociar con diferentes sectores nuevos acuerdos de precios a nivel mayorista.
Y eso es precsamente lo que ha hecho el disciplinado ministro Basterra a lo largo de esta semana. Ya lo contó Bichos de Campo: hubo llamados a frigoríficos exportadores, aceiteras, molinos harineros y avícolas. Pero las posibilidades de avanzar siempre chocaban con el mismo argumento:
-¿Cómo querés que hagamos Luis? Ya estamos perdiendo plata. Todos los costos han subido y además mirá el salto que pegaron la soja y el maíz en los últimos tres o cuatro meses.
En Agricultura también veían el acto de Cristina en La Plata como un “punto de inflexión” y suponían que a partir de ahí había que optar por estar entre los “duros” y los “blandos”, los “halcones” o las “palomas”. Era una cuestión de supervivencia: Basterra es uno de los ministros que más suenan a la hora de hablar de cambios en el Gabinete. Tiene detrás, además, a una alfil que responde directamente a Cristina y le lleva informes de la gestión cuando hace falta: la jefa de Gabinete del Ministerio, Diana Guillén, se pasó los años de macrismo militando en el Instituto Patria.
Ningún funcionario va a confesar de quién fue finalmente la idea de cerrar las exportaciones de maíz por un lapso de dos meses, hasta que el empalme con la nueva cosecha saque un poco de presión al mercado. Es claramente una decisión que requiere de conocimiento técnico, porque implica entrometerse con el complejo entramado de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Más allá del impacto que pueda tener en el mercado, ciertamente se trata de una medida bastante más refinada que el hacha y tiza que practicaban una década atrás Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno.
Los funcionarios de Agricultura analizaron la pobre paleta de herramientas que estaban a su alcance. La situación de escasez y de suba de precios se venía repitiendo en las últimas campañas estos meses de verano. La posibilidad de reimplantar los ROE o de subir las retenciones al grano forrajero (por ley, solo pueden aumentar del 12 al 15% en el caso del trigo y maíz) los excedía. Por eso finalmente se decidió este cierre temporal por vía del registro de DJVE.
La propuesta se presentó el lunes. Y el miércoles ya habían obtenido el aval político de la plana mayor del gobierno, más allá de que todo el kirchnerismo era consciente de lo que significaría en términos políticos.
“Le estamos dando pasto a los gurkas”, definió uno de ellos, en referencia a que ya se sabía de antemano la respuesta negativa que esta medida iba a tener entre los productores agropecuarios y sus entidades. Imposible no remitirse al conflicto de 2008, por las retenciones móviles.
El tenor de la medida está muy lejos de aquello: este cierre resulta casi inofensivo y no implica discutir la renta sojera, como sucedía en aquel momento. Pero la carga simbólica que tiene este cierre de las exportaciones es innegable y puede ser el puntapié inicial a una nueva batalla entre el kirchnerismo y el campo. Inevitablemente, divide aguas. Porque, para empezar, ya todos los productores confirmaron lo que antes solo sospechaban: que la que manda en el gobierno es Cristina y que, por lo tanto, los funcionarios no serán capaces de hacer otra cosa que lo que ella quiera. La historia reciente lo confirma.
Por hora Alberto, el presidente, tenía frente al campo la imagen de aquel jefe de gabinete conciliador, que intentó destrabar el conflicto de 2008 hasta último momento, y que renunció por no haber podido hacerlo.
En la intimidad de Agricultura conviven las dos caras de este gobierno y se están aproximando los momentos de las definiciones, luego de un año de “hacer la plancha” en medio de la crisis del Covid. Hay algunos funcionarios que secretamente aspiran a que este cierre de exportaciones tenga el efecto deseado y no haya que recurrir a cirugía mayor en marzo, porque los precios del maíz no han bajado. Esa cirugía mayor, para empezar, sería comenzar a discutir cupos de mercado y mecanismos más estables de administración de la exportación.
Entre esos sectores moderados ,incluso persiguen la idea de que -como ya sucedió este año con el trigo- haya una negociación “amable” entre distintos sectores privados que operan en el mercado del maíz para “disciplinar” los precios de motus propio y no tener empalmes de cosecha tan complicados.
Pero esos sectores del funcionariado también son conscientes de que han encendido un pequeño fósforo en medio de la oscuridad de un galpón lleno de fardos de paja. Saben que, como sucedió con la resolución 125 en 2008, a una medida “técnica” como ésta del maíz le van a seguir las declaraciones de alto voltaje por parte del ruralismo que posiblemente luego sean respondidas desde la propia política oficialista. “Empieza a jugar la cuestión política. Y ese es otro partido”, imaginan.
