La creciente inflación generada por una súper emisión monetaria es la causa principal de muchos de los conflictos que se registraron en el agro argentino en los últimos meses con trabajadores aceiteros, transportistas e industrias usuarias de maíz.
Para el año 2021 el panorama se presenta complejo luego de que la Administración Pública Nacional cerrara el 2020 con un déficit fiscal récord sólo comparable al ocurrido en los períodos 1975-1976 (“Rodrigazo”) y 1981-1983 (megadevaluación luego del abandono de la “tablita” de José Martínez de Hoz).
“El 2020 fue un año atípico, con recesión y fuertes expansiones fiscales en todo el mundo como consecuencia y respuesta a la crisis sanitaria del Covid-19. Sin embargo, mientras que otros países del mundo pueden acudir a la emisión monetaria sin riesgos inflacionarios o al mercado de crédito para colocar bonos a tasas muy bajas, la Argentina no cumple ninguno de los dos requisitos”, indica un informe de la consultora Invecq.
En este contexto, la emisión para financiar al Tesoro Público superó los ocho puntos del PBI a pesar del incremento de la presión tributaria llevada a cabo por el gobierno de Alberto Fernández.
La mayor parte del déficit se explica por programas para atender los perjuicios generados por el aislamiento obligatorio, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y las transferencias extraordinarias a las provincias, mientras que en segundo y tercer lugar se ubican los subsidios destinados a mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos y “otros gastos” para contener fundamentalmente el déficit de las empresas públicas.
Sin embargo, el dato clave que en 2020 es el gobierno nacional ajustó jubilaciones, salarios de trabajadores públicos y obras públicas para evitar que el déficit terminase siendo mucho más pronunciado.
“Pensando en el 2021 hay una serie de factores a tener en cuenta. Con respecto a la evolución de los ingresos públicos, si el gobierno logra, aún a fuerza de controles cortoplacistas, contener la nominalidad de la economía (es decir, que no se le escape el dólar oficial y poder moderar la inflación), es esperable algún rebote en la demanda agregada y el PBI que permita la recuperación de los ingresos tributarios. Esto jugaría a favor de un proceso de reordenamiento fiscal”, asegura Invecq.
Por otra parte, el equipo económico anunció que los programas extraordinarios del Covid-19 ya no estarán presentes este año. “Sin embargo, el gobierno no estará dispuesto a contraer todo el gasto público en un año electoral y menos aún a la luz de las encuestas actuales que le arrojan resultados muy preocupantes”, advierte la consultora.
“De esta manera, es casi seguro que las tarifas sigan congeladas a lo largo de casi todo el año y, por ende, el gasto en subsidios continúe creciendo. Al mismo tiempo, y como se ha visto en los últimos meses, seguramente se eche mano a la clásica reactivación de la obra pública en campaña electoral. Los salarios de los empleados públicos difícilmente podrán volver a perder contra la inflación, por lo que habrá presión sobre esta partida del gasto que durante 2020 fue un buffer del déficit”, añade.
En el balance de situaciones proyectadas para 2021, el desequilibrio fiscal podría mostraría cierta corrección durante este año, pero –remarca Invecq– el “desequilibrio monetario y cambiario que caracteriza hoy a la macroeconomía argentina demanda una corrección mucho más rápida que la que el oficialismo está dispuesto a llevar a cabo. Mientras tanto, los riesgos de experimentar una nueva crisis cambiaria siguen presentes”.
