“No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hechas por empresas argentinas, que no se pueden vender en la Argentina”.
Así lo indicó el presidente Javier Milei durante el acto de apertura del período de sesiones ordinarias 2026 del Congreso de la Nación, en el cual hizo referencia al notable crecimiento de la producción de soja en Brasil, que contrasta con el estancamiento registrado en la Argentina.
Luego de esa afirmación, Milei dijo que propiciará un nuevo régimen de propiedad intelectual para los obtentores de semillas, el cual seguramente es el sistema UPOV 91.
Milei probablemente se refirió a la empresa semillera internacional GDM, la cual, si bien nació en la Argentina, se encuentra presente en las principales naciones agrícolas del mundo, incluyendo Brasil. El relato del presidente puede lucir atractivo en términos políticos, pero no se corresponde con la evidencia científica.
De hecho, en 2024 se publicó un trabajo científico muy interesante realizado por investigadores de GDM, CONICET y FAUBA que se propuso cuantificar precisamente la tasa de progreso genético en cultivares de soja desarrollados por GDM en la Argentina y Brasil.
El trabajo, publicado en la revista científica Field Crop Research, muestra que la tasa de progreso genético en soja en lo que va del presente siglo en la Argentina fue de 41,4, 23,6 y 16,6 kg/ha−1 anual en los ambientes de rendimiento alto, medio y bajo, mientras que Brasil fue de 43,0, 40,5 y 17,8 kg/ha−1 anual respectivamente.
Otro trabajo realizado por investigadores de INTA en 2024 detectó una tasa de ganancia genética entre 1994 y 2020 para el grupo de madurez III largo de 42,0 y 28,8 kg/ha−1 anual en la región núcleo pampeana y en el oeste de la isohieta de 850 milímetros respectivamente. Para el grupo IV largo, las ganancias fueron de 37,1 y 22,3 kg/ha−1 anual en las mismas regiones.
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También puede citarse otra investigación realizada por científicos del Instituto de Investigaciones en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, CONICET y Corteva Agriscience (2020) que muestra que la tasa de progreso genético de la soja en Argentina durante un período de 35 años fue de 42,0 kg/ha−1 anual, mientras que estudios en EE.UU. y Brasil muestran niveles de entre ∼23 y 41 kg/ha−1 anual.
agg2.20041Este último trabajo fue actualizado en 2025 con una investigación que estudió la evolución de genotipos de ciclo de madurez IV entre 1984 y 2014 en la región pampeana para determinar que en condiciones climáticas favorables el progreso genético fue de 31,6 kg/ha−1 anual y en situaciones de estrés hídrico de 12,8 kg/ha−1 anual; en ambos casos, la ganancia relativa fue del 1% anual.
Es cierto que en Brasil se registran anualmente muchos más cultivares de soja que en la Argentina porque existen condiciones más propicias para que las empresas semilleras puedan recuperar su inversión. Pero eso no necesariamente implica que en la Argentina se haya producido un “apagón” tecnológico al respecto porque la evidencia científica indica que no es el caso.
No es necesario estudiar economía para darse cuenta que un impuesto sobre el ingreso bruto, especialmente si tiene niveles confiscatorios, representa un atentado contra la inversión tecnológica, ya que las empresas agrícolas, en tales circunstancias, concentran todos sus esfuerzos en estrategias defensivas orientadas hacia la supervivencia.
El viernes pasado la soja disponible Paranaguá (Brasil) se comercializó en un valor promedio de 411 u$s/tonelada, mientras que la soja Rosario (Argentina) se negoció en apenas 332 u$s/tonelada. Es imposible que semejante nivel de extracción no tenga una repercusión a nivel productivo.
No es razonable “poner el carro delante del caballo”, especialmente si la introducción del sistema UPOV 91 promete generar conflictos entre los actores de la comunidad agropecuaria, los cuales podrían evitarse al actualizar la actual Ley de Semillas (Nº 20.247) en un marco de consenso sectorial.
La mejor manera de propiciar que cada uno reciba lo que le corresponde en función del esfuerzo realizado –tal como pregona la filosofía libertaria– es que el Estado deje de apropiarse de parte del capital de trabajo de las empresas agrícolas por medio de un impuesto sobre la exportación.
