Pedro Ernesto Manzur, un hombre de 61 años que vive en San Miguel de Tucumán, trabaja para el gobierno de la provincia y fue candidato a diputado dentro del Frente para la Victoria, fue denunciado por participar de la usurpación de un campo de 600 hectáreas junto a otros varias personas en la localidad de Leales, al sur de la capital provincial.
La toma, que fue denunciada ante la justicia el 27 de diciembre, se habría realizado de modo violento y hasta habría habido disparos de armas de fuego, según denunciaron quienes dicen ser los propietarios legítimos del predio. Para justificar su accionar, el mencionado Manzur habría mostrado un contrato de compraventa de ese campo firmado en 1999, que de todas maneras nunca había sido presentado antes en los diferentes juicios sucesorios y por eso se presume sería falso.
Durante algunas horas, entre los productores y dirigentes rurales tucumanos que salieron a apoyar a la familia de productores damnificada -que tardó un mes en hacer pública esta situación argumentando sentir “miedo”-, circuló la versión de que el tal Pedro Manzur sería primo del ex gobernador y actual jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, porque así además se habría presentado el individuo ante varios testigos.
Pero finalmente otras fuentes descartaron que existiera tal parentesco. La versión sobre dicha relación fue alimentada por una vieja nota de 2016 sobre la crisis del ingenio San Juan, donde un periodista de La Izquierda Diario identificaba a este Manzur -uno de los interesados en arrendar ese ingenio- como “primo del gobernador”. Lo que sí se pudo determinar con claridad es que el individuo es empleado del gobierno provincial desde 1980 y que además fue segundo candidato suplente a diputado nacional por la lista de José Alberto Vitar en 2021.
Poco importan eso datos frente a la gravedad del hecho denunciado: El 24 de diciembre de 2021, luego de romper varios hilos del alambrado, un grupo de 60 hombres ingresó a una de las fracciones de un campo ubicado en una zona conocida como El Barrerito, en el departamento Leales. El paraje se llama Caranchi Pozo. Ese campo de 1.600 hectáreas formaba parte de una propiedad más grande de 7.000 que desde el año 1920 había pertenecido a la familia Cabeza de Teisaire, y que a partir de la muerte de algunos de los herederos terminó siendo de los hermanos Gregorio y Ernestina Teisaire y de Aníbal Picón, viudo de María Cristina Teisaire.
El productor Federico Mollica, yerno de Picón, relató a Bichos de Campo que el 24 de diciembre se encontraban en ese predio familiar de 1.600 hectáreas, cuando “este Pedro Manzur apareció con un boleto de compraventa del año 1999, y con este boleto dijo haber arrendado el campo a otra gente”. En la denuncia se identifica al señor Alejandro Seleme, quien se presentó como el nuevo inquilino del campo que le habría alquilado Manzur. El hombre llegó con dos máquinas de un contratista local para sembrar de inmediato un lote de 600 hectáreas.
En aquel primer episodio, según el relato de Mollica, los intrusos desistieron luego de la llegada de la policía. Pero al día siguiente, cerca de las 22,30, cuando se consumía el día de Navidad, “volvieron a ingresar a la propiedad dos sembradoras y tractores junto a unas 20 personas armadas, realizando disparos y amenazas a los propietarios y empleados de la firma”. Luego de una segunda intervención policial ordenada por la fiscalía, el supuesto arrendatario dejó allí un contenedor de la empresa Reinoso Transporte, que utilizan ahora como casilla.
La primera denuncia fue hecha por uno de los herederos de la propiedad, Gregorio Tesaire, el 27 de diciembre. Esta es una copia de la misma:
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Según relató Mollica a este medio, los intrusos permanecen en el lugar -una porción de 600 hectáreas sobre una superficie total de 1.600 hectáreas que tiene esa finca- y ellos optaron por no acercarse, por temor a sufrir nuevas agresiones. En el sector que conservan tiene ganado y un feedlot, además de la vivienda de los caseros. Pero en la parte del campo que ya no controlan habían sembrado 90 hectáreas de maíz, y no han podido desde entonces realizar los tratamientos correspondientes.
El juez de Paz Martín Molina, con sede en Los Puestos, departamento de Leales, quedó a cargo de caso, pero hasta el día de la fecha no ha tomado ninguna decisión argumentando que la justicia se encuentra de feria y que además se enfrenta a una multiplicidad de denuncias y amparos judiciales, ya que el propio Manzur habría presentado un recurso reclamando que se respete su derecho sobre la propiedad que dice haber comprado en 1999.
-¿Por qué tardaron más de un mes en contar el caso a los medios?- le preguntamos a Mollica.
-Uno tiene miedo de exponerse, no sabe qué le puede hacer a uno después. Por eso para ese sector del campo ya no vamos más, no podemos ir. Después de las amenazas, mejor no hacerlo. Nosotros no nos dedicamos a eso.
