La Municipalidad de Villa Constitución, en el sur de Santa Fe, pretende aumentar la recaudación municipal cobrándole a los productores agropecuarios del distrito el Derecho de Registro e Inspección (DREI) por la actividad que se realiza en los campos. La situación puso en alerta a los productores locales, que consideraron un abuso esa pretensión.
“Es descabellado pensar que el Municipio pueda brindar un servicio de inspección e higiene cuando no existe un local habilitado; sobre un fin comercial difícil de determinar en su base imponible y cuando la actividad que se realiza es la siembra y cosecha de un cultivo, realizado en un campo ubicado en la zona rural de esta localidad y de otras cercanas”, indicó un comunicado de la Filial Regional Sur de Santa Fe de la Federación Agraria Argentina.
La entidad ya solicitó una audiencia urgente al intendente local Jorge Berti, y presentó nota al Consejo Deliberante para llamar a una audiencia de partes. También pidió a la Cámara de Contadores del Departamento Constitución “que se expida sobre esta normativa que intenta gravar con DREI a la comercialización de la producción”, que se definiría a través de las ordenanzas 4798 y 4859, ambas del 2019, referidas al Código Fiscal Municipal.
“Sin desconocer las potestades tributarias que les corresponde, el cobro de una tasa o derecho debe corresponder siempre a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”, le recordaron los chacareros santafesinos a su intendente.
Luego dijeron que el pretendido cobro a los campos de ese derecho “para nosotros no se trata de una tasa municipal sino que claramente es un nuevo impuesto que se le aplica a la producción y que se superpone a los que ya soportamos en este país en crisis, desconociendo además, los principios tributarios básicos”.
Y advirtieron los federados: “Sabemos que esta ciudad es la punta de lanza, el laboratorio de lo que otros intendentes provenientes del mismo espacio político, están tratando de imponer desconociendo las reglas establecidas, con artimañas y artilugios legales, desconociendo el solo hecho de que esta actividad se encuentra exceptuada en el Código Tributario provincial”.