Esta semana la Argentina realizó la primera exportación de harina de soja con un certificado georreferenciado con el propósito de poner a prueba la plataforma (Visec) desarrollada por Ciara para poder cumplir con la nueva legislación anti-deforestación de la Unión Europea que comenzará a regir en 2025.
Esta semana también se realizó en Brasil un evento organizado por Abiove –la entidad que agrupa a las principales industrias aceiteras, es decir, la versión brasileña de la argentina Ciara– que precisamente se dedicó a tratar el impacto en el país de la nueva legislación europea.
A partir del 1 de enero de 2025 no podrán ingresar al territorio de la UE-27 productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.
La cuestión es particularmente importante para Brasil porque los productos agroindustriales comprendidos en la normativa representan el 34% del comercio brasileño con la UE-27 que equivale a una suma nada menos que del orden de 17.500 millones de dólares.
Durante el evento el vicepresidente brasileño y también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, afirmó que es necesario evitar que las “cuestiones proteccionistas” obstaculicen el comercio justo entre los países.
“Tenemos que trabajar día y noche para mostrar a Brasil como un ejemplo de energía renovable, preservación de nuestros biomas y avances en sostenibilidad.
Y, por otro lado, evitar temas a veces proteccionistas, que buscan obstaculizar lo que todos queremos, que es un comercio más justo, oportunidades para los países en desarrollo, generación de empleos e ingresos para nuestra población”, afirmó Alckimin en referencia a la normativa europea.
Por su parte, la secretaria de Comercio Exterior de Brasil, Tatiana Prazeres, remarcó que no se trata de cuestionar la legitimidad del objetivo de promover la lucha contra la deforestación, sino de advertir que la norma la UE-27, tal como está diseñada, impone barreras innecesarias al comercio internacional.
La funcionaria aseguró que el gobierno está trabajando con el propósito de la nueva legislación no se transforme en un costo adicional para los exportadores brasileños, para lo cual la UE-27 aún debe hacer varias aclaraciones sobre la aplicación de la normativa que han sido dilucidadas.
Raoni Rajão, director del Departamento de Políticas de Control de Deforestación y Quemas del Ministerio del Medio Ambiente, recordó que ya existe en Brasil un acuerdo entre privados que impide que la soja producida en áreas deforestadas después de 2008 sea comercializada. Y explicó que Brasil cuenta con un registro digital obligatorio (Cadastro Ambiental Rural o CAR) en el cual es factible monitorear si una partida de soja proviene o no de un establecimiento que deforestó.
“Tenemos más de seis millones de inscripciones en el Registro Ambiental Rural (CAR)”, apuntó Rajão, para luego añadir que el mismo permite “crear un sistema que integre informaciones y pueda comprobar que el productor respeta la legislación”.
Sin embargo, Rajão dijo que una de las preocupaciones es la posible inclusión de otros tipos de ecosistemas en la norma anti-deforestación en la UE-27, dado que la Unión Europea, además de la selva amazónica, puede eventualmente también incorporar a los pastizales del Cerrado en la misma, lo que haría que buena parte del producción agropecuaria brasileña quedara muy comprometida.
Adicionalmente, el nuevo marco normativo clasificará a los países, o incluso a regiones dentro de ellos, como de riesgo “bajo”, “estándar” o “alto”. Los productos de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de control, el cual se intensificará de manera proporcional en las siguientes dos categorías. Todos los países serán considerados inicialmente como de riesgo “estándar” y luego serán recategorizados por la UE-27 en función de la documentación y garantías presentadas por los mismos.
La cuestión es que existen grandes posibilidades de que Brasil sea categorizado como de riesgo “alto”, lo que podría llevar a los importadores europeos a buscar proveedores alternativos de riesgo “estándar” y preferentemente de riesgo “bajo”.
Brasil, por si la cuestión se llegara a complicar a partir de 2025 con la UE-27, está buscando una alternativa tanto productiva como geopolítica, de manera tal de poder hacer frente a las restricciones que va camino a implementar Europa.
Al respecto, el ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, mencionó en el evento que próximamente será lanzando oficialmente un programa de recuperación de pastizales degradados por medio del cual se pretende recuperar nada menos que 40 millones de hectáreas de áreas de baja productividad del Cerrado brasileño con fines fundamentalmente agrícolas.
“Vamos a intensificar nuestra producción de alimentos, porque sabemos la responsabilidad de nuestro país de ser un gran proveedor de alimentos para Brasil y el mundo. Con responsabilidad ambiental y laboral podemos intensificar sin tocar el bosque y debemos hacerlo”, afirmó el ministro de Agricultura.
La clave de ese programa monumental es que será implementado en gran parte con inversiones de conglomerados chinos, los cuales, además de asegurarse una porción de la oferta de productos generados por la iniciativa, enviarán un claro mensaje político a la Unión Europea.
En definitiva, lo que está en juego es quién tendrá el poder suficiente en las próximas décadas para establecer las nuevas “reglas de juego” en el ámbito del comercio internacional.
