Decenas de organizaciones ambientalistas se pronunciaron en contra del mega proyecto de Milei: ¿Qué puntos les cuestionan?

La palabra de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos ambientales se hizo escuchar durante el Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

Representantes de Fundación Vida Silvestre y de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) asistieron en representación de todo el arco de ONG que consideran que el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” presentado por el oficialismo busca “eludir el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sustentable, así como el deber de preservarlo”, reconocidos en la Constitución.

“En un contexto de crisis ecológica, climática y desigualdad social, el proyecto hiere de muerte los sistemas de protección establecidos en leyes que llevó mucho esfuerzo alcanzar, y que en línea lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Nacional, garantizan una protección ambiental uniforme en todo el país. La ley Ómnibus, tal como está planteada es regresiva en materia de protección de nuestros bienes ambientales, y en materia de transparencia y participación pública”, dijo en la apertura de la presentación Andrés Napoli, director ejecutivo de FARN.

Plenario de Comisiones de @DiputadosAR 100 organizaciones exponen su oposición a las modificaciones que propone el proyecto #LeyOmnibus sobre las leyes de protección ambientalhttps://t.co/XCmZcSKk7B pic.twitter.com/GxzGvmPIJ7

— Andrés Nápoli (@andresnapoli) January 16, 2024

A su turno, Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, indicó que han “trabajado por años en demostrar exitosamente que el desarrollo y la conservación no son elementos antagónicos, que es posible – y necesario- articular un modelo de desarrollo económico que no sea a costa de afectar negativamente al ambiente y a los sectores sociales más vulnerables. El verdadero desarrollo es sustentable. Si no es sustentable no es verdaderamente desarrollo. Es solo una trasferencia de recursos en la cual el ambiente y los sectores vulnerables de la sociedad cubren las externalidades negativas de esa transacción.”

“El proyecto presentado propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad y en consonancia con lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente”, añadió.

Estas organizaciones señalaron además que se ley vulnera el principio de no regresión ambiental, contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566 en plena vigencia y ratificado por nuestro país), “dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”.

Luego detallaron cuáles son las principales leyes que no deberían recibir modificaciones.

“Las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 de bosques nativos pretenden habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías roja (I) y amarilla (II). De aprobarse el proyecto, más de 42 millones de hectáreas, cerca del 80% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas. Por otra parte, las modificaciones desfinancian el presupuesto para la protección de los bosques nativos al eliminar el mínimo planteado por la Ley del 0,3 del presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales”, afirmaron.

Respecto a la Ley 26.639 de glaciares, consideraron que modificarla “permitiría la actividad económica en los ambientes periglaciares vulnerando la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas”.

“Las modificaciones propuestas a la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca facilitaría una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina”, agregaron a continuación.

En cuanto a la Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema, sostuvieron que agregar la definición de “aprovechamiento productivo”, entendido como “toda actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno” permitiría realizar quemas sin control ni autorización.

“Si bien el proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada”, explicaron.

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Finalmente, en la sección del proyecto de ley sobre Transición energética indicaron que “lejos está de proponer de qué manera se llevará a cabo la transición energética hacia una matriz energética más limpia en Argentina, y cuál será la hoja de ruta para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones a 2030 y carbono neutralidad a 2050 en el marco del Acuerdo de París”.

“Por otra parte, faculta al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de GEI y penalización en caso de incumplimiento. Si estas actividades quedan vinculadas al PEN, no queda claro el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no gubernamentales competentes en la temática”, añadieron.

En paralelo, Greenpeace junto a otras organizaciones también emitieron un comunicado y comenzaron a juntar firmas en defensa de las leyes ambientales.

“El proyecto de Ley Ómnibus, recientemente enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, incluye modificaciones a varias leyes ambientales, como las de bosques y glaciares, que se lograron por la fuerte presión de la sociedad. Los cambios propuestos ponen en serio riesgo el futuro de ecosistemas vitales para enfrentar la actual crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos”, afirmaron.

“Esta regresión de derechos ambientales conquistados es completamente inadmisible. Las normas que pretenden modificarse fueron el resultado de largos debates democráticos y no deben cambiarse en beneficio de sectores corporativos, lo que provocará la destrucción impune de bosques y glaciares, entre otros ecosistemas”, concluyeron.