La historia en la Argentina es circular. Y como no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina, siempre se repiten las mismas escenas.
El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria) acaba de informar que elaboró un nuevo proyecto normativo para “fortalecer la inspección de bodegas de los buques graneleros”. Lo presentó esta semana ante representantes de las cámaras portuarias, indicando que la iniciativa “significa un avance para reducir la corrupción”.
Es lo mismo que decía Senasa hace dos años, con el gobierno de Cambiemos. En aquel momento, la gestión de Ricky Negri modificó el sistema de control de bodegas en los puertos de Rosario argumentando que los niveles de corrupción eran enormes. El responsable de la Regional Centro de esa gestión, el contador Cristian Cunha, llegó a declarar que “durante años se pagaron 1.200 millones de pesos en coimas” a los inspectores del Senasa, que cobraban “hasta 20.000 dólares” para habilitar los buques a la carga.
Ahora la nueva gestión de Senasa, que es del mismo signo político de la que había sido denunciada por corrupción, dejó entrever que la corrupción se produjo cuando la anterior gestión del Senasa modificó las reglamentaciones que ahora volverían a modificarse. Es un trabalenguas. Un insólito en el que la gente de a pie no sabe a quien creerle: a los viejos o a los nuevos. Los corruptos son los que ganan seguro con estas idas y vueltas de parte de un Estado que debería ser siempre el mismo, pero que va mutando.
Lo cierto es que ahí vamos de nuevo. “El Senasa elaboró un proyecto normativo que busca fortalecer los procedimientos de inspección de bodegas de buques en el marco de la certificación fitosanitaria para la exportación de productos de origen vegetal. El director nacional de Operaciones del Senasa, Juan Ángel Cruz, presentó el proyecto ante representantes de las cámaras de la actividad portuaria durante un encuentro celebrado en la sede del organismo”, se informó en un comunicado.
En la reunión, Cruz realizó un abordaje general de los contenidos del proyecto y recibió el compromiso de las cámaras de realizar sus aportes para optimizar la operatoria. “A pesar de que el Senasa cuenta con un procedimiento de consulta pública, es importante la presentación de proyectos normativos de manera directa, donde las partes asumen compromisos de participación”, comentó Cruz al término del encuentro.
La gacetilla del Senasa citó declaraciones de María Rebizo, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que participó del encuentro y afirmó: “La reunión fue muy positiva y permite continuar trabajando de manera articulada entre el sector público y privado en la mejora del sistema de inspección de bodegas”.
Y agregó: “Esto significó un avance importante en la reducción de casos de corrupción reconocido por la Red Marítima Anticorrupción y una mejora en la eficiencia para la exportación, manteniendo el control de la inocuidad de los productos que exportamos y las condiciones fitosanitarias certificadas por el Senasa. Analizaremos el proyecto de norma que nos fue compartido para hacer llegar nuestros comentarios al respecto a las autoridades del Senasa”.
En 2018, una modificación semejante se produjo con la gestión anterior. De la manod e Negri y de Cunha, un reconocido militante del PRO en la zona de Rosario, se intervinó la regional Santa Fe del Senasa y se desbarató a los viejos inspectores del Senasa en el puerto rosarino. A cambio se impuso un sistema de controles de bodegas en el que los controles pasaron a manos de certificadoras privadas.
A través de la resolución Resolución 693-E/2017, el Poder Ejecutivo habilitó a que los certificados sanitarios sean emitidos por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”. Además, a diferencia del criterio histórico en el que se controlaba la totalidad de los barcos, se decidió examinar solo a aquellos cargueros que se dirigirían a países que exigían sí o sí ese tipo de inspecciones sanitarias.
Esto, en su momento, fue bien recibido por el sector privado, incluyendo a las empresas que conforman Ciara-CEC. Los trabajadores del Senasa, en tanto, repudiaron la ofensiva de Cambiemos.
Aquella decisión desencadenó una denuncia penal que presentó el diputado provincial Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri por el delito de “traición a la patria”. Según sus cálculos, ese “relajamiento en los controles” significó una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.
