Diego Montón es un dirigente social campesino de Mendoza de larga trayectoria, dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza – MNCI Somos Tierra, entidad que ahora forma parte de la Mesa Agroalimentaria Nacional que conforman varias organizaciones y cuyo núcleo es la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra).
Justamente en el medio digital promovido por esa organización, Tierra Viva, Montón describe el caso del campo “Potrerillos de la Cordillera”, de unas 12.300 hectáreas, que el gobierno mendocino acaba de ceder a una empresa turística sin contemplar la situación de los pequeños campesinos puesteros que hacen pastoreo allí desde hace décadas. De esta nota hurtamos los párrafos centrales que resumen el conflicto.
La reciente cesión gratuita de 12.351 hectáreas a una empresa del campo “Potreros de Cordillera” (propiedad del Estado) entra en contradicción con diversas leyes nacionales y provinciales, entre ellas: Ley Nacional de Glaciares (26.639), Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), las normativas que regulan las áreas y zonas de frontera, y la Ley Provincial de Promoción y Arraigo de Puesteros (6086). Ademas de jurisprudencia internacional como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y el Convenio 169 de la OIT.
Mendoza atraviesa una crisis económica y social profunda, los niveles de desocupación y pobreza superan a los nacionales y de las provincias vecinas, y el endeudamiento en dólares condiciona el presente y futuro. La provincia se enclava en una zona árida donde el agua es un recurso limitante y escaso, situación agravada por la crisis climática provocada por el calentamiento global, consecuencia de esto el ordenamiento territorial y ambiental es fundamental para poder establecer un proceso de desarrollo sustentable con inclusión social.
La entrega gratuita de 12.351 hectáreas se formalizó a través del Decreto 2138/2021, firmado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, el 23 de diciembre de 2021. La empresa beneficiada, El Azufre SA, fue creada hace cuatro años y tiene un capital accionario de solo 100.000 pesos. En sus objetivos estatutarios incluye negocios inmobiliarios y quienes la integran son Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela. Nofal tiene una trayectoria corporativa relacionada al marketing y la comunicación con empresas vinculados al Grupo Clarín y los Beccar Varela, entre otras actividades, poseen un estudio jurídico y un negocio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades.
La manera poco transparente y contradictoria con la que salió a la luz la cesión de tierras fiscales en Malargüe encontró muchos reclamos y llamados de atención. Como la información oficial es escasa, mucho de lo que sabemos es por trascendidos en los medios y las declaraciones de los propios funcionarios y empresarios. Que es importante aclarar se contradicen o modifican según el medio y la ocasión de la entrevista.
El argumento de los empresarios es que van a invertir mas de 80 millones de dólares en un centro de esquí que va a incluir una ciudad de alta montaña, un millón de arboles ( pinos según una de las entrevistas) y que será auto sustentable enérgicamente.
Según informan Federico Soria y Eduardo Sosa, la zona cedida es la de mayor reserva hídrica del sur de la provincia y se están regalando, junto con las tierras de Mendoza, humedales alto-andinos, nacientes de ríos, arroyos y vertientes termales, además de glaciares de los cuales se contabilizan 416 en la sub-cuenca donde se ubica el proyecto.
Cabe destacar que las tierras son del estado nacional y fueron cedidas en custodia al estado provincial por actos administrativos en 1961 y1993 con cargos a su uso y que plantean centralmente en sus prioridades a los pobladores locales, su regularización dominial y mejor calidad de vida.
En una entrevista concedida al programa Muchas gracias de radio Libertador de Mendoza el ministro de Economía, Enrique Vaqué, dio declaraciones que aumentan la incertidumbre. Para él, quien debe definir finalmente es el Estado Nacional, mientras que el gobierno de Mendoza ya avaló la entrega de la tierra para el proyecto, y relativizó la superficie: “Pueden ser 12.000 o pueden ser 50.000 hectáreas” expresó. Y dijo que depende del masterplan y el estudio de impacto ambiental que aun no se realizaron. Es decir, según el Ministro las tierras regaladas a la empresa podrían ser aun más del doble de lo que se conoció.
Verificando los puestos de veranada que aparecen en el Registro Único de Puesteros del estado provincial, alrededor de catorce puestos campesinos están afectados al área de Potreros de Cordillera. La veranada es una de las etapas del ciclo de trashumancia con el que se crían los chivitos del sur de Mendoza, producción que se destaca por ser mayoritariamente campesina y porque Mendoza ocupa el segundo lugar nacional con más de 800 mil cabezas caprinas. En el verano los crianceros arrean a los piños (majadas) hasta los potreros cordilleranos y luego, en el inicio del otoño, retornan a los campos de invernada donde se encuentran sus casas en la precordillera o el llano. En los registros de la Provincia se contabilizan cerca de 3600 familias campesinas dedicadas a la cría de cabras, aunque según las estimaciones de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) la cifra llega a las 5000 familias.
La empresa dice haber “arreglado” con dos familias. Sin embargo, también ahí los trascendidos son contradictorios: por un lado se habla de compra de derechos y por otro de “acuerdos”.
El abuso de la buena fe y palabra de los campesinos es moneda corriente en la historia de Mendoza. Un ejemplo es la situación en el campo de las Leñas (de más de 100 mil hectáreas) que a pesar de que estaba nominalmente inscripto en títulos privados, sus poseedores históricos fueron “puesteros” campesinos y mapuches. Sin embargo, la empresa Las Leñas (de capitales foráneos) adquirió ese titulo y hoy sus originarios poseedores deben pagar “derechos de pastoreo” que van desde el 30 al 50% de los chivitos anuales. Mas de 100 familias campesinas se encuentran en ese campo en zonas de invernada y veranada.
Por otro lado, la organización territorial mapuche Malalweche denuncia que en el territorio cedido al proyecto Azufre se afecta parte del territorio comunitario relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), correspondiente a la comunidad mapuche Lof Butamallin.
El campo Potrero de Cordillera, como su nombre lo indica, ha sido utilizado como potrero por generaciones enteras de familias campesinas e indígenas. Es además zona de frontera, ya que una gran extensión del mismo limita con chile.
El Decreto del Gobernador menciona entre sus justificaciones que la empresa ha realizado inversiones importantes en el lugar. Desde los trascendidos se informa de alcantarillas y de desvío de arroyos. La pregunta es cómo se realizaron esas obras e inversiones sin aprobación de las instituciones correspondientes, en este caso del Departamento General de Irrigación, y sin estudio de impacto ambiental. ¿Es que el Estado mendocino no controla esas áreas estratégicas? ¿Cualquiera puede ir a Mendoza y realizar inversiones en tierras de frontera con áreas de glaciares, periglaciares, vegas y arroyos sin ninguna autorización ni control del Estado?
El senador provincial Lucas Ilardo denunció entre otras irregularidades el proceso viciado de la mensura que se incorpora en el Decreto. La misma no se tramitó, según la normativa, y sin ser publicado en su momento en el Boletín Oficial, fue parte de un trámite “express” y firmada directamente por el ex ministro de hacienda de Suárez y actual diputado nacional de Cambiemos, Lisandro Nieri.
El deterioro institucional de los organismos de ordenamiento y planificación territorial y ambiental de la provincia ha sido evidente los últimos años. Y ese es el contexto en el que se fueron denunciando situaciones poco transparentes y prácticas neoliberales de intentos de privatización de tierras fiscales y bienes naturales.
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Fotos: Subcoop
