Los últimos meses, la inseguridad rural volvió a copar la agenda del sector, que advierte por la falta de controles y de recursos para combatirla y las consecuentes pérdidas productivas y económicas que se desprenden de ello.
A pesar de ser una práctica muy difundida, sobre todo en contextos de crisis, lo cierto es que no existe una figura específica en el Código Penal que la tipifique y establezca penas específicas para quienes, por ejemplo, rompen silobolsas, roban hacienda, o afectan a los cultivos o plantaciones.
Por eso es que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó un proyecto de ley para que el “vandalismo rural” sea incorporado a ese cuerpo normativo y sea penado con años de prisión.
Es una “remake” de la idea que había motorizado el propio Sergio Massa en 2020. En tiempos de campaña, había prometido una reforma similar e incluso motorizó proyectos en el Congreso, que jamás salieron. Luego se olvidó del asunto.
Cuando arreciaban los ataques contra los silobolsas, en plena pandemia, el entonces titular de la cámara de diputados Sergio Massa había presentado un proyecto para modificar los artículos 186 y 189 e incorporar el artículo 184 Bis sobre Vandalismo Rural en el Código Penal. Tras dormir largas siestas en los pasillos del Congreso, finalmente perdió estado parlamentario sin ser tratado.
En ese entonces, CRA había apoyado la iniciativa oficialista, a la que consideraba clave para ponerle fin al delito en los establecimientos productivos. Por eso, no es sorpresivo que, cuando el tema volvió a recuperar lugar en la agenda, la entidad ruralista haya echado mano a ese proyecto para volver a ingresarlo al Poder Legislativo.
Lo cierto es que, según explicaron desde CRA, la presentación es la misma que había hecho Massa años atrás: la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis, que crea la figura de “Vandalismo Rural”.
De ese modo, señalaron, “se prevén penas de dos a cinco años de prisión para quienes afecten el normal desempeño de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silos bolsa, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes vinculados a la actividad agropecuaria”.
“No se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”, agregaron desde la entidad.
La propuesta de CRA vuelve sobre la figura del “estrago”, un delito ya contemplado en el Artículo 186 del Código Penal pero que juzgan necesario actualizar para abarcar las nuevas prácticas que hoy hacen a la delincuencia rural.
En concreto, lo que hace el proyecto es incorporar nuevas modalidades -como la liberación de patógenos-, y establecer escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia, así como cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Desde la entidad gremial explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estos hechos.
Cabe recordar que, antes de naufragar en el Congreso, el proyecto massista había sido apuntado precisamente por ese punto, pues algunos especialistas en la materia aseguraban que calificar como delito de daño a los incendios o rotura de silobolsas -ya contemplados en el Código como delitos contra la seguridad pública- lo que había era bajar las penas previstas.
