Patricio Eleisegui, periodista y autor del libro “Envenenados”, informó que el en juicio promovido por docentes de la escuela rural N° 44 “República Argentina”, de Colonia Santa Anita, en la provincia de Entre Ríos. acaban de ser condenados a un año y 6 meses de prisión -en suspenso- los tres imputados por aplicar agroquímicos en cercanías del establecimiento escolar.
La decisión la tomó el tribunal oral de Concepción del Uruguay, que inició este juicio el pasado 17 de septiembre. En su sentencia también se fijó una inhabilitación por un año para quien hizo efectiva la pulverización de forma aérea.
“Se trata del primer dictamen en la Argentina en torno a la protección de docentes y alumnos rurales frente al uso irrestricto de agrotóxicos”, destaca Eleisegui.
Los declarados “culpables” son el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; el dueño del campo de arroz y maíz que contrató el servicio, José Mario Honecker; y el piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti. Se los acusaba de “lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa”, tras realizar pulverizaciones en los alrededores de la escuela en horario de clase.
A la sentencia en cuestión se llega a partir de la denuncia de la docente Mariela Leiva y desde la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, encabezada por la filial Basavilbaso, seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Leiva denunció fumigaciones y haber sufrido contaminación con pesticidas mientras trabajó en la escuela 44 entre 2008 y 2017.
El tribunal estuvo conformado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, integrada por Federación Agraria, FARER, Sociedad Rural y FEDECO, había expresado su “preocupación” frente al caso.
“De acuerdo a lo informado por el productor, se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”, remarcaron las entidades rurales entrerrianas en un comunicado. Y agregaron que “la empresa que la realizó se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes”.
“Desde nuestras entidades hemos sido muy claros en pedir la aplicación plena de las leyes y el control que ejerce el Estado provincial sobre la aplicación de agroquímicos. Es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”, habían advertido los dirigentes.
