“No hay nada que discutir: Toto quiere vender las tierras”. Ese -de acuerdo a diferentes fuentes- fue el mensaje que transmitió, a pocos meses de que asumiera el gobierno de Javier Milei, el titular de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgpjz, al luego desplazado ex presidente del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el cordobés Juan Cruz Molina. La anécdota es clave para entender la curiosa Resolución 88/2025 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, en la que la AABE intenta blindar judicialmente a altos funcionarios libertarios luego de ciertos abusos cometidos por el Ministerio de Economía en la entrega de tierras pertenecientes a dicho organismo. De hecho, coincide con una denuncia penal anónima que vuelve a poner el tema en escena.
En concreto, la resolución firmada por el propio Pakgpiz “desafectó” del patrimonio de dos organismo, el INTA y el Instituto Nacional del Agua, dos terrenos que fueron “cedidos” de modo apresurado por decisión de Economía y la AABE y a pesar de la conducción de ambos organismos. En el caso del INA, se trataría de un lote en Ezeiza cedido al Club Ríver Plate. Y en el caso del INTA, que es el que nos ocupa como medio especializado en agro, se trata de un campo de 41 hectáreas en Cerrillos, Salta.
Ese campo de Cerrillos, que provocó los primeros chisporroteos entre la conducción del INTA y el equipo de Caputo (donde Juan Pazo siempre llevó la voz dominante y su concuñado Sergio Iraeta fue el brazo ejecutivo como secretario de Agricultura), fue el antecedente de la venta en diciembre de 2024 del edificio de la calle Cerviño 3101, en un formidable negocio inmobiliario que reportó ingresos para el Estado por 18,5 millones de dólares. De ese dinero, el 70% debía volver al organismo, según la promesa del vocero Manuel Adorni, pero un decreto de Milei de febrero de 2025 se llevó toda la plata al Tesoro. El INTA siempre protestó por el vértigo que Economía le puso a esa operación.
El campo en Cerrillos, en plena zona tabacalera salteña, también fue motivo de una polémica algo más silenciosa que la de Cerviño. En agosto de 2024 (es decir hace más de un año), el gobernador Gustavo Sáenz firmó un convenio con Nicolás Pakgojz, el titular de la AABE, porque Caputo había decidido ceder esas 41 hectáreas del INTA para asignarlas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). “Esas 41 hectáreas están en producción, cualquiera que pasa por ahí las puede ver, siempre estuvieron en producción”, se quejaron en su momento los técnicos locales de ese Instituto.
El problema es que en el INTA, desde el año pasado, nadie aprobó formalmente la cesión de esos activos. El órgano que debía hacerlo era el Consejo Directivo Nacional, formado por tres representantes del Ejecutivo, cinco de las organizaciones rurales y dos de las universidades, que no lo hizo. Ese era la máxima instancia de conducción en el organismo tecnológico, y a partir de aquella negativa fue permanentemente hostigado por los principales funcionarios de Milei, a punto tal que fue eliminado (junto a la autarquía del INTA) en el decreto 462/2025, impulsado por Federico Sturzenegger.
La misma “insolencia” frente a los impulsos inmobiliarios de Toto Caputo mostró el Consejo Directivo en el caso del edificio de la Calle Cerviño, puesto de manera apresurada a la venta en diciembre de 2024 y que hasta ese entonces era ocupado por más de 80 empleados del Instituto.
En este caso, el Consejo Directivo fue presionado para aprobar esa venta a posteriori de que se llevara a cabo. Previamente -en octubre de 2024, es decir luego de la cesión de Cerrillos- Juan Cruz Molina fue echado de su cargo por negarse a firmar la cesión del edificio de Palermo, ya que esa era una decisión que debía tomar el Consejo Directivo.
“Si no firmás no nos servís”, fueron las destempladas palabras que usó para echarlo del puesto Martín Fernández, un oscuro contador enviado por Pazo para manejar todos los asuntos sensibles dentro de la Secretaría de Agricultura. Según los testimonios recogidos por Bichos de Campo de diversas fuentes, ante la negativa del Consejo Directivo, Molina había recomendado que la desafectación del inmueble fuera pedida directamente por el secretario Iraeta, haciéndose cargo de la definición política del Ministerio de Economía. Pero éste no quiso poner el gancho.
Es decir que tanto la venta de Cerviño como la del campo de Cerrillos se hicieron sin el aval oportuno de la máxima instancia de conducción del INTA hasta ese momento, el Consejo Directivo Nacional. Este fue un punto central objetado por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ni bien la AABE procedió al remate del edificio de Cerviño, en diciembre de 2025. “La primera actuación -desafectación del inmueble- fue iniciada por un organismo incompetente. No se encuentran informes que den sustento a la tantas veces repetida innecesariedad del inmueble”, señalaron los fiscales que fueron desoídos.
Toto y su equipo, en aquel momento en la cúspide del poder por los avances que estaban logrando en materia de lucha contra la inflación, hicieron caso omiso a esta posición de los fiscales. Ya habían cambiado al díscolo Molina por Nicolás Bronzovich, un productor ligado a Aapresid que se mostró absolutamente dócil ante los planes inmobiliarios sobre los terrenos del INTA, al punto de ordenar a las autoridades de cada una de las Experimentales distribuidas en todo el país que informaran a la AABE qué campos estaban usando y cuáles podían ser sometidos a un proceso semejante al de Cerviño.
Economía, que estuvo a punto de salirse con la suya y poner a la venta al menos 27 mil hectáreas de campos experimentales del INTA, avanzó a partir de ese momento en la intervención total de la conducción colegiada del organismo tecnológico. Sturzenegger redactó el Decreto 462 y MIlei lo firmó, eliminando cualquier posibilidad de autonomía y de resistencia.
Desaparecido el perro, muerta la rabia: los inmuebles cedidos hasta ese momento (Cerrillos y Cerviño) no necesitarían ya de ningún aval porque el Consejo Directivo había sido eliminado y reemplazado por un presidente “todopoderoso”, el mencionado Bronzovich, que respondía directamente a las órdenes de la Secretaría de Agricultura y su cadena de mandos: Martín Fernández, Sergio Iraeta, Juan Pazo y finalmente Luis Caputo.
El problema en este derrotero es que en los planes del Poder Ejecutivo se cruzó el Congreso Nacional, que hace quince días derogó el Decreto 462, y con ello le devolvió el poder de decisión al Consejo Directivo que había sido destituido. El mismo Consejo Directivo que se había negado a firmar las autorizaciones para la venta de ambos inmuebles en el INTA.
Sin más vericuetos legales a los que apelar, en los últimos días Economía reconoció esa decisión legislativa y hasta se vio obligada a dar marcha atrás con más de 300 despidos en el INTA intervenido, entre ellos los de sus máximos dirigentes sindicales y el de su Director Nacional, Ariel Pereda, que también se había opuesto a la enajenación de los bienes.
Este miércoles, los dirigentes nacionales de la Mesa de Enlace -que también se han mostrado bastante ingenuos frente a este proceso de enajenación de bienes de un organismos que ellos cogobernaban-, volverán a reunirse con el secretario Iraeta, para ver cómo hacen para rearmar la conducción colegiada del INTA, reestablecida por orden del Congreso.
En los últimos días, como condicionante a todo este proceso, se presentó una denuncia penal “anónima” contra el titular del la AABE, Pakgpiz, y el presidente del INTA, Bronzovich, que hace referencia a supuestos ” hechos de corrupción” cometidos por ambos.
“En el Exp. PIA N° 1292/24 se detectaron 10 irregularidades administrativas en la venta del edificio de Cerviño 3101, notificándoselas a los presidentes de INTA y de AABE. No obstante, el 23/12/2024 se remató igual el edificio adjudicándolo a Brukman & Mansilla por la suma de 18,5 millones de dólares”, dice esa denuncia que ahora preocupa en los despachos oficiales. Es lógico pensar que si la justicia decidiera tirar de la cuerda, ambos funcionarios de segundo rango apuntarían que las órdenes les llegaban directamente desde Economía.
La denuncia a la que accedió este medio también afirma que “por la RESOL-2024-890-APN-CD#INTA, el INTA debería haber percibido 13 millones de dólares de esa cantidad, algo reconocido por el vocero presidencial. Pero a la fecha, el INTA no ha recibido nada”.
Por eso considera que “Bronzovich queda incurso en administración fraudulenta” mientras que “Pakgpjz incumple el art. 8 inc.7 del Decreto 1382/2012 que impone que la enajenación que se haga de un bien del Estado sea para constituir emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social y acá se remató Cerviño para hacer una torre de lujo”.
Por otro lado, la controversia por el edificio de Cerviño tiene ribetes políticos indisimulables, tanto que el diputado opositor Miguel Ángel Pichetto, hace unos días, publicó en sus redes sociales sugestivas acusaciones contra las autoridades de Economía por querer armar “un emprendimiento inmobiliario con los mismos empresarios de siempre”. Por cierto, el estudio que ganó la subasta de Cerviño tiene ligazones muy claras con empresarios cercanos al presidente Milei. Casualidad o no, eso será otro capítulo de esta historia.
Vendieron el edificio del INTA en la calle Cerviño y ahora preparan la venta de tierras e instalaciones del Regimiento de Patricios, en pleno corazón de Palermo. Buscan armar un emprendimiento inmobiliario con LOS MISMOS EMPRESARIOS DE SIEMPRE. Están destruyendo y rematando…
— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) September 3, 2025
Solo conociendo todo este contexto político y judicial uno puede entender la resolución de la AABE de hoy, donde concreta la desafectación de un inmueble del INTA -el campo de Cerrillos, en Salta- que se cedió por orden de Economía hace más de un año.
“Desaféctanse, en los términos del artículo 29 del Anexo al Decreto 2.670 de fecha 1º de diciembre de 2015 y sus modificatorios, 2 bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional, el primero vinculado al CIE 0600044052/2 en jurisdicción del Instituto Nacional del Agua ubicado en el Partido Ezeiza; y el segundo vinculado al CIE Nº 6600000363/4 en jurisdicción del INTA ubicado en la Localidad y Departamento Cerrillos, Provincia de Salta”, dispone la Resolución que -es evidente- intenta justificar tardíamente actos administrativos que ya se realizaron.
Son curiosos los fundamentos que utiliza Pakgojz para blindar sus decisiones. En el caso del terreno en Ezeiza, dice que el 30 de mayo de 2025, el señor subsecretario de Recursos Hídricos “manifestó que el inmueble resulta innecesario para la gestión específica del organismo”. Y que el 26 de agosto pasado, “la referida Subsecretaría” manifestó que “su falta de uso no afecta ninguna política pública en curso de ejecución”.
Pero en el caso de Cerrillos todo resulta demasiado vidrioso. El titular de la AABE hace referencia a dos notas “de fechas 16 de agosto y 10 de diciembre de 2024, respectivamente”, en las que “las autoridades del INTA no manifestaron objeción a la presente tramitación”.
Más claro échale agua: “No manifestaron objeción” está muy lejos de querer decir que “aprobaron” aquella cesión firmada por el ministro Caputo.
Peor todavía, para cubrirse legalmente, Pakgojz cita otra nota más reciente (Nota NO-2025-72430327-APN-SSGAP#MEC de fecha 4 de julio de 2025) de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción del Ministerio de Economía (un área dominada exclusivamente por Caputo y Pazo), que afirma que ese campo salteño de 41 hectáreas “resulta innecesario para la gestión específica del organismo”.
“El inmueble vinculado al CIE Nº 6600000363/4, se trata de una fracción de terreno con sectores sembrados con soja y maíz, sin construcciones edilicias y delimitado en su totalidad por alambrado”, describe sobre el terreno que se “desafecta” más de un año después de haber sido entregado a sus nuevos dueños por orden directa de Economía.
