Por Matías Longoni.-
No será un seguro multirriesgo como aquel que prometió alguna vez Cristina Fernández de Kirchner. La alternativa de contratar para el campo un seguro como el de los autos resulta prohibitiva por lo cara. En los despachos del Ministerio de Agroindustria se calculó que tener un seguro agropecuario que incluya a la sequía y la inundación tendría un costo de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos soplo de prima. En tiempos de emergencia fiscal, imposible destinar tanto dinero.
Cuando en 2012 Cristina advirtió que su anuncio sobre el seguro obligatorio iba a salirle tanta plata sencillamente reculó y no habló más del asunto: violín en bolsa y a otra cosa. Pero la realidad se empeña en mostrar que la Argentina no puede seguir atendiendo las emergencias agroclimáticas sin contar con mecanismos más efectivos y modernos que la Ley de Emergencia Agropecuaria, que solo ofrece paliativos.
Desde hace mucho se analiza la posibilidad de implementar un seguro multirriesgo, pero siempre la pared a chocar fue la misma: por el alto grado de siniestralidad, la prima iba a salir carísima y las empresas aseguradoras no venderían ni una póliza salvo que hubiera un significativo subsidio estatal que bajara los costos. Esa excusa se repetía como latiguillo. Durante años, décadas, no hubo avances.
En Agroindustria hay dos funcionarios empecinados en torcer esta historia, o al menos intentarlo. Son el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, quien tiene a su cargo la administración de la Emergencia Agropecuaria. Dice uno de ellos: “Después de tantos fracasos repetir la misma fórmula sería de necios, por eso estamos pensando en otra cosa”.
¿En qué piensan? Para empezar a definirlo habría que dejar de hablar de un seguro y empezar a llamar las cosas por su nuevo nombre: el Estado Nacional trabaja en una “cobertura” que incluiría los daños provocados a los cultivos y las pasturas por los excesos hídricos y su feroz contracara, la sequía. ¿Para cuándo? En esta misma campaña 2017/18 habrá un ensayo a gran escala para cubrir a los productores más chicos de maíz en 30 distritos cuidadosamente seleccionados de varias provincias que producen ese cultivo. La idea es probar el sistema y hacerle todas las correcciones que hagan falta. Dar los primeros pasos y comenzar a generar un mercado.
Lo de la denominación, seguro o cobertura, parece una tontería pero no lo es. Si uno dice “seguro” marcha preso, porque cae inevitablemente en los términos de la actual legislación en la materia. Esa normativa instala de inmediato una serie de ítems (como el IVA, los impuestos internos, las comisiones de las aseguradoras, una tasa para la Superintendencia del Seguro, etcétera) que de inmediato colocarían el proyecto de nuevo por delante de este plan piloto a la muralla de los costos prohibitivos. Un seguro multirriesgo tradicional tiene un 10 o 12% de costos más los impuestos, explican.
La figura de cobertura por índices, en cambio, le permitirá a Agroindustria destinar el presupuesto acotado que tiene, de unos 50 millones de pesos, para este plan piloto, evitando que la prima sea excesivamente onerosa. La fórmula será firmar un acuerdo con el Banco Mundial, para que con ese dinero sea ese organismo el que licite una cobertura entre las reaseguradoras internacionales. Así la plata rendirá muchísimo más en caso de que la sequía o la inundación vuelva a ensañarse con los productores de maíz. Para empezar, no será necesario en este esquema que un inspector de la aseguradora vaya a inspeccionar los daños a cada campo. Nada más lejos que eso.
El sistema funcionaría de la siguiente manera: en base a información climática y de rendimientos disponible desde 2000, se fijará un índice de siniestralidad para cada partido que será de público conocimiento. Previamente a la próxima cosecha de maíz, en febrero de 2018, en ciertas fechas se tomarán imágenes satélites para medir el índice verde (y diagnosticar sequía) o los espejos de agua (y diagnosticar inundación) en cada uno de los 30 partidos testigo.
Si el umbral de daño detectado por los satélites supera al del índice promedio determinado para ese distrito, entonces se “disparará” la cobertura y se harán efectivos los desembolsos a los productores afectados. Pero si esos fenómenos climáticos no sucedieron y los cultivos no sufrieron daño, simplemente sucederá que el Estado habrá perdido el dinero invertido en la cobertura. Como sucede con un automóvil que no sufre robos ni accidentes.
¿Todos los productores serán beneficiados? En principio no, sería imposible. La idea es cubrir parte (cerca de la mitad) de los costos de implantación de una hectárea de maíz, poniendo el acento las primeras 50 hectáreas por pequeño productor y luego decreciendo en los porcentajes cubiertos hasta las 150 o 200 hectáreas implantadas. “Con esto se alcanza cerca del 80% de los productores, los más pequeños. Porque la idea es favorecer el arraigo”, dicen los funcionarios a cargo.
Como no se trata de un seguro individual, los productores de cada partido serán incluidos en el sistema sin poner un peso, salvo que quieran asegurar la totalidad de sus sembradíos y no solo la fracción contemplada. En ese caso deberán pagar por su cuenta la cobertura adicional. La idea en Agroindustria es “crear un mercado” que eche raíces sólidas. En ese sentido, se aclaró que las aseguradoras locales podrán sumarse al operativo luego de esta experiencia inicial, o complementándola. En una segunda etapa se incluirá además al cultivo de la soja y también a las pasturas, de modo de incorporar a los ganaderos.
Un esquema definitivo debería quedar plasmado en el proyecto de ley sobre Seguros Agropecuarios que prepara el Ejecutivo y que el Congreso debería tratar en sus sesiones de 2018 (al menos esa es la aspiración oficial), para poder contar con una nueva tanda de recursos en el Presupuesto 2019. La aspiración es que, por ejemplo, se rebaje el IVA y otros costos de este tipo de coberturas, para hacerlo más accesible.
La norma, además, crearía una comisión mixta semejante a la que hoy funciona para la Emergencia Agropecuaria, que sería la encargada de definir un plan plurianual de seguros y administrar un fideicomiso específico. Según el plan oficial, esto no significaría la eliminación del actual régimen de Emergencia y Desastre Agropecuario, pero los recursos que allí se administran se orientarían sobre todo a atender las necesidades de los productores familiares en caso de contingencias climáticas, ya que los de extensiones más grandes tendrían acceso a esta cobertura de mínima.
