Si bien el momento más álgido del acto de San Nicolás fue el cierre realizado por los cuatro integrantes de la Comisión de Enlace, quienes le pusieron “voz” al reclamo de los productores autoconvocados que organizaron el evento masivo, lo cierto es que muchos de los presentes –incluso entre los oradores– no eran del sector agropecuario, pero comparten las mismas penurias y preocupaciones.
Los organizadores tuvieron la lucidez de permitir que en el evento hablaran personas de diferentes ámbitos, para dejar en evidencia que la política contraria al agro impulsada por el gobierno de Alberto Fernández es en realidad un factor común que atraviesa a muchas actividades.
Ese fue el caso de Eugenia Villata, dueña de una lavandería de Pergamino, quien explicó que padece un problema en el corazón y debe tomar un medicamente antiarrítmico (propafenona) que no se produce en la Argentina.
“Ustedes producen las divisas para comprar la propafenona que yo necesito para el corazón y si no la tengo me enfermo”, relató, para mostrar que el “cepo cambiario”, además de generar múltiples problemas al agro, también afecta, de múltiples maneras, la vida cotidiana de millones de argentinos.
También tuvo la oportunidad de hablar Francisco Vaccaro, vocero del C20, una agrupación que nuclea a pequeños y medianos empresarios cordobeses de diferentes rubros, desde los seguros y supermercados hasta las ferreterías y panaderías.
“Queremos que nos dejen vivir libremente. Nos es posible que día a día nos estén limitando las libertades”, solicitó Vaccaro, para luego agregar que “entre todos podemos llegar a frenar este avasallamiento a nuestras libertades”.
El empresario rosarino Marcelo Méndez aseguró que en los 28 años que se dedica a la actividad turística “jamás he visto en todo ese tiempo tal avasallamiento de los derechos individuales para poder ejercer nuestra profesión”.
Y recordó que, mientras que el ex ministro de Salud Ginés González García pudo retornar a la Argentina sin inconvenientes, otros argentinos que se encuentran en el exterior no pueden hacer uso del derecho de ingresar a su país porque el gobierno se los impide.
Nerina Infante, madre de un alumno e integrante de la agrupación “Padres por la educación”, dijo que no es posible que el gobierno –con la excusa de la pandemia– no haya asegurado la educación de todos los estudiantes argentinos en el último año y medio. “Era lo más fácil para ellos (por el gobierno) porque los chicos no tienen voz ni voto”, apuntó.
El pedido fue acompañado por María Sánchez Maurino, estudiante secundaria de El Trébol, Santa Fe, quien se animó a subir al escenario para pedir que no se interrumpan las clases.
Cuando le llegó el turno de hablar a Fabián Acerbo del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofevi), lo primero que hizo fue recordar que en muchas regiones del país la actividad inmobiliaria depende del nivel de ingresos del agro.
“En el sector inmobiliario venimos peleando desde hace algún tiempo porque nos estamos defendiendo del avasallamiento a la propiedad privada, con la expropiación de tierras –que es un tema que se nos viene– y una Ley de Alquileres que es nefasta”, indicó.
En tanto, Marcelo Correa, comerciante de Cipolleti, aseguró que “dependemos mucho del campo y tenemos que combatir estas medidas restrictivas que atacan a la producción”.
En todos los casos, los testimonios en primera persona, sin intermediarios, fueron parte del acto para mostrar que –tal como sucedió en 2008– la protesta va mucho más allá de un reclamo sectorial, sino que se trata de canalizar el descontento de una proporción considerable de la ciudadanía argentina contra el gobierno de Alberto Fernández y, probablemente también, contra toda la corporación política en su conjunto.
