El gobierno argentino está usando el maíz 2022/23 –que ni siquiera comenzó a sembrarse– para hacerse de recursos y eso representa un eventual riesgo comercial para el cereal de la próxima campaña.
La normativa vigente establece que, una vez declarado un embarque, el 90% del derecho de exportación (12% en el caso del maíz) debe abonarse por adelantado.
La cuestión es que este año el gobierno habilitó –de manera muy temprana– un cupo de exportación de maíz 2022/23 de 10 millones de toneladas, el cual, en función de la normativa vigente, comprende una cuota de libre disponibilidad de 9,0 millones, dado que el 10% opera como margen de seguridad.
Hasta el momento se registraron embarques de maíz 2022/23 por 6,04 millones de toneladas, una cifra, suponiendo una oferta exportable similar a la del ciclo 2021/22, que representaría alrededor del 15% del volumen total.
No parece mucho, ¿no? Pero la cuestión es que, al ritmo actual y teniendo en cuenta las urgencias financieras y cambiarias del gobierno, no puede descartarse que al momento del inicio de la cosecha de maíz temprano (abril de 2023) la mayor parte del cupo de exportación haya sido ya completado.
Por el momento, las compras no acompañan a las declaraciones de ventas realizadas por los exportadores, lo que brinda cierto “oxígeno” comercial al mercado interno del cereal.
Según el último dato oficial, correspondiente al pasado 20 de julio, los exportadores habían comprado 3,27 millones de toneladas de maíz 2022/23, lo que implica que deben seguir originando mercadería para “empalmar” los embarques declarados, aunque no están apurados, por el momento, para encarar esa tarea.
Sin embargo, es de vital importancia seguir la evolución de los datos de declaraciones de exportaciones de maíz 2022/23, junto con las compras del mismo, dado que ambos datos son centrales para la formación de precios del cereal en el mercado interno.
