Este jueves, el Ministerio de Hacienda, a través de su Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles, aumentó el precio del biodiésel para el corte obligatorio del 10% en el gasoil que deben realizar las petroleras, según la ley vigente desde 2006. El incremento, de solo 6%, queda muy por debajo de lo que necesitan cobrar las plantas (en especial las Pymes) para cubrir sus costos, aunque habría otros mecanismos de compensación que tampoco prometen corregir esta distorsión.
En este contexto, Bichos de Campo le pidió a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y uno de los que más sabe sobre el negocio del biodiésel, que intente explicarnos cómo quedará el sistema en un marco donde el gobierno decidió además congelar nuevos aumentos en los combustibles. Antes de que se comenzaran a producirse los cambios de esta semana, el propio Molina nos había dicho que en biodiésel, con el tipo de cambio actual, el precio de las Pymes debería subir entre 20 y 30% respecto de los 31.549 pesos por tonelada publicados en agosto pasado. Solo para hacer sustentable el negocio.
“Con el congelamiento de precios que se hizo extensivo arbitrariamente a los biocombustibles, las Pymes y grandes productores no integradas (que son las que deben comprar el aceite de soja como materia prima para producir el biodiésel) pararon las entregas, y los grandes exportadores comenzaron a entregar a las petroleras a precios muy por encima de los 31.549 pesos publicados como precio para agosto”, nos explicó Molina ante el nuevo escenario.
La semana pasada, frente a la parálisis y el desplazamiento de los actores naturales de este negocio, intervinieron ante Gustavo Lopetegui, el mandamás de Energía, el senador y candidato a presidente, Miguel Angel Pichetto; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Molina contó que tras estas negociaciones, Lopetegui accedió a dar un 6% de subsidio -vía transferencia a los productores, libre de Impuesto a las Ganancias- y aumentar el precio a 33.618 pesos por tonelada. Esto implica otro 6% adicional de aumento. Como se ve, en el acumulado no se llega a cubrir el desfasaje que se había creado.
Explicó Molina: “Sumando este precio más la transferencia se llega a un valor similar al que correspondería a la Disposición 23/19 que tuvo vigencia en abril pasado), la que por otra parte había cambiado la fórmula de la Resolución 83/18 d efines de 2018), dejando la estructura lejos de las posibilidades de varias Pymes, por los niveles de eficiencia requeridos”.
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Además, dada la gran devaluación que se produjo desde abril a la fecha, “el precio de fórmula quedó rezagado, ya que computa un tipo de cambio cercano a 49 pesos y recién se arreglará en octubre, si no salta nuevamente el dólar”.
“Es un verdadero lío normativo, ni en épocas de Moreno y Kicillof fue así”, recordó el especialista.
Una diferencia sustancial, que marcaron a Bichos de Campo tanto el propio Molina como la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, es que el nuevo valor dictado por el gobierno para septiembre no será un valor fijo sino un valor “mínimo”. Es decir que el gobierno habilita una negociación entre las Pymes proveedores y las petroleras para levantar el precio final. Según el directivo de la Asociación de Biocombustibles, esta parece ser “una innovación que generará conflictos”.
Molina evaluó que “en setiembre, las pymes y grandes integradas negociarán con las petroleras un precio por encima de ese mínimo, a sabiendas que las petroleras vienen comprando a los grandes exportadores por encima del precio publicado. También negociarán un plazo corto, dado que el normal es insostenible en este contexto. Lo que va a ocurrir en setiembre es que parte del cupo lo cubrirán las pymes y grandes no integradas, y parte los exportadores. Esto, tarde o temprano, traerá conflictos, porque no fue desregulado ni el cupo ni el precio”, explicó.
En este escenario, justo cuando el gobierno de Mauricio Macri parece estar entrando en sus tramos finales salvo un milagro electoral que de vuelta el resultado de las PASO, Molina remarcó que “la responsabilidad del cumplimiento del corte obligatorio es exclusivo de las compañías petroleras, tanto en cuanto a los volúmenes de biocombustibles que agregan a los combustibles minerales como en cuanto a la elección de sus proveedores de biocombustibles”.
“Del mismo modo la Secretaría de Energía debe controlar, como lo establece la legislación vigente, que los sujetos que tengan cupo coloquen toda su producción asociada al mismo, a un precio razonable en términos de costos y rentabilidad razonable”, indicó el especialista, para quien está muy claro a esta altura que “los precios publicados por Energía no cumplen con esta exigencia y han estado muy por debajo de los costos de producción”.
Los únicos que parecen estar en regla en este entuerto son las grandes fábricas integradas que antes dedicaban el biodiésel al mercado de exportación y ahora han hecho colocaciones también en el mercado local, aún a pesar de no tener el cupo. Molina explicó si estas firmas tienen sus plantas habilitadas por Energía, “tienen libertad para vender biocombustibles en el mercado interno, ya que para ellos implica atender una demanda voluntaria. En tal caso, corresponderá a la compañía petrolera demostrar que cumplió con sus obligaciones”.
