La aprobación de la Ley de Financiamiento, que le permitirá al gobierno de Axel Kicillof tomar deuda por más de 3.600 millones de dólares, generó repudió dentro del sector agropecuario, en un contexto de grandes reclamos por obra pública y asistencia ante la emergencia ocasionada por las inundaciones.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue una de las que mostró su rechazo, denunciando en un comunicado que la maniobra no apunta a más que a generar “beneficios para la política”
“No se sustentó en un plan claro, transparente, ni orientado al desarrollo provincial, sino en una negociación centrada en cargos. En una provincia donde los bonaerenses conviven con rutas destruidas, falta de obras hídricas, escuelas y hospitales en emergencia y servicios públicos colapsados, es inadmisible que los acuerdos legislativos hayan priorizado acomodar nombres antes que resolver problemas estructurales”, indicó la entidad ruralista, que apunto contra el aval que dieron distinto sectores de la oposición.
“Endeudar a la provincia solo es sostenible cuando esos recursos se destinan a obras estratégicas, infraestructura y desarrollos que perduren en el tiempo, fácilmente auditables, pero nunca para gastos corrientes ni para ampliar estructuras políticas que no aportan al futuro de la provincia ni a la calidad de vida de su gente”, señalaron a continuación.
Además de las 4 líneas de endeudamiento que, señala la gobernación, evitarían el default provincial (una para la administración, otra para el Ejecutivo, la tercera para las obras viales de AUBASA y una cuarta solicitada por Buenos Aires Energía), el proyecto aprobado contempla la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que será distribuido entre las administraciones locales y se destinará a infraestructura, ambiente y transporte.
