Cuando algún político jujeño ose decir que esta nota es falsa, recuerden que cualquier error o desvío podría haberse evitado si las autoridades hubieran respondido a las repetidas consultas de Bichos de Campo o si hubiera información contable disponible, como correspondería.
Cannabis Avatara SE, más conocida como Cannava, es una empresa estatal jujeña que se dedica, según informa su página web, a la producción de derivados de cannabis para fines científicos y medicinales. La provincia de Jujuy es la única accionista en esta Sociedad del Estado sin contar con la participación de capital privado.
Cannava es el mayor complejo biotecnológico de cannabis medicinal de América Latina, según publicita en su sitio oficial. Producen bajo 29 mil metros cuadrados de invernaderos tecnificados y supuestamente en 35 hectáreas de cultivo exterior. Las inflorescencias producidas son procesadas en una planta de 4000 metros cuadrados, bajo estándares GMP. Posee un espacio dedicado a la farmacéutica industrial, donde puede obtener extractos crudos, purificados y aislados de CBD (perfil fitoquímico cannabinoide), demandado por la medicina y la investigación científica. A esto suma un laboratorio para el control de calidad y un complejo para el fitomejoramiento genético y la producción de semillas.
Actualmente, dice la propia empresa, “somos la única empresa argentina que participa en el mercado internacional de cannabis medicinal, abasteciendo a empresas farmacéuticas, biotecnológicas y distribuidoras de distintos países, brindando soluciones efectivas”.
Frente a semejante despliegue, sorprendió que este último 1 de octubre se publicara en el Boletín Oficial de Jujuy el Decreto 2302/2024, donde se oficializa, nuevamente, el traspaso de recursos públicos provinciales a la empresa Cannava por un monto que alcanza los 2.610 millones de pesos, en concepto de “aportes de capital”. Un dato curioso resulta al observar la fecha de firma del actual gobernador Carlos Sadir, que data del 16 de diciembre de 2024, y del tiempo transcurrido para su publicación. Pero finalmente es un detalle que no llama la atención en el “estado de excepción” que vive la provincia, según opinan algunos letrados y legisladores.
Lo cierto es que la publicación de este decreto reanimó las críticas en torno a la legalidad de la empresa, al modelo económico, a la transparencia e incluso al verdadero objetivo productivo, sobre todo desde el arco opositor, ya que, desde Cannava y el propio gobierno el ostracismo es cada vez mayor.
Bichos de Campo publicó, a mediados de 2023, una investigación que explicaba los claroscuros legales en el origen de este emprendimiento, los vínculos con capitales extranjeros (algunos en quiebra) relacionados con la producción y distribución de Cannabis recreativo, los reiterados aportes provinciales para el sostenimiento de la empresa, y las dificultades para acceder a información oficial que pudiera dar cuenta de sus acciones y alcances.
Sobre esto último, en los últimos meses este medio volvió a contactarse con Cannava para conocer sobre la actualidad de sus proyectos. “Dejame que consulte con Gastón, el presidente y vuelvo con vos…”. Esa fue la última respuesta que recibimos. Gastón hace referencia al presidente de la sociedad, el hijo del político jujeño que mayor impulso dio a esta firma estatal.
Algunas fuentes aseguran que Gastón Morales (primogénito del ex gobernador Gerardo Morales), ya no sería el presidente de Cannava, dejando ese cargo en agosto de este año. Otros informantes más perspicaces sospechan que la empresa está alistándose para ser vendida, otorgando una salida elegante al berenjenal legal y ético en el que se encuentra. “No sería raro que terminen vendiéndosela a él (por Gastón), desde Estados Unidos, de modo encubierto”, aseguran fuentes consultadas.
Según se constata en aquella nota de Bichos de Campo, figuran en Rentas de Jujuy desembolsos cercanos a los 16 millones de dólares, solamente entre 2019 y 2021. A esto se suman créditos por 200 millones de dólares en dos presupuestos, 2021 y 2022, junto a otros desembolsos del erario para cubrir gastos operativos.
Ahora debe sumarse el último desembolso de finales de 2024, lo que motivó este nuevo intento de Bichos de Campo por entender qué pasa puertas adentro de la empresa, cómo es su producción, su comercialización y finanzas, sobre todo intentando saber si genera recursos propios o es un barril sin fondo que se carga a las cuentas de todos los jujeños. Pero la información oficial es nula. En las últimas horas antes de publicar este nota volvimos a llamar a voceros de la firma, sin obtener respuesta.
¿Porqué Cannava sigue necesitando ayuda estatal si el aceite de cannabis medicinal era un negocio tan prometedor? La primera respuesta a esta pregunta la ensayó el docente universitario especialista en estructura económica argentina y abogado, Juan Giusti.
Vale recordar que este profesional sampedreño fue demandado por el ex gobernador Morales a partir de revelar ante la opinión pública las supuestas “ilegalidades” en las que habría incurrido el gobierno provincial para el montaje de esta empresa, junto con otros temas que evidenciaban serios desmanejos. Tiempo después, la jueza Elba Rita Cabezas, de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial de Jujuy, absolvió a Giusti, en un fallo algo contradictorio, supuestamente confirmando “la falsedad de sus afirmaciones” pero entendiendo que las expresiones del abogado “no constituyen más que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, opinión y petición”.
Fallo Morales c Giusti (1)
“Es un proyecto inviable”, comienza diciendo ahora Giusti, que no retrocede un palmo de su posición. “Cannava es un pésimo negocio financiero por su génesis y pretensiones”.
Aquel proceso comenzó a tomar estado público cuando la Securities and Exchange Commision (SEC), organismo que controla las sociedades en Estados Unidos, publicó los contratos entre Cannava SE y Amber Metrics que tenía como subsidiaria a la empresa Green Leaf, la que además era socia administrativa de Players Network. “De hecho, Green Leaf había firmado una carta de intención con la empresa Amber Metrics para exportar marihuana a granel”, completa este docente universitario.
Prosigue diciendo que “el primer objetivo de Cannava era exportar marihuana recreativa a granel con estos yanquis (Players Network) que se dedicaban a la distribución de cannabis para consumo adulto. Con esta empresa que presentaba estado de quiebra en los EE.UU. (déficit acumulado de 50.241.952 dólares), se firmó un contrato en nuestra provincia, ante escribanos públicos, en inglés, donde se ponían a disposición, o sea gratis, 10 mil hectáreas para cultivo de marihuana para uso recreativo en la Finca el Pongo. Todo eso figura en el contrato, además de las condiciones sobre la distribución de las ganancias que no eran para nada beneficiosas para los jujeños”.
“Además, Player Network informó, el día 31 de enero de 2019, en un comunicado a sus inversionistas, que deja su emprendimiento en California para trasladarse a su finca de 33.600 Acres en Jujuy (14 mil hectáreas), cuya ubicación es la Finca El Pongo”.
El cultivo de marihuana para fines científicos y terapéuticos en Argentina fue reglamentado por la ley 27.350 del año 2017, que estableció un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor de la planta de cannabis (marihuana) y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud. La producción para uso recreativo, de todos modos, sigue estando limitada.
La provincia de Jujuy adhirió a la norma nacional con la Ley 6.012 “de investigación científica y uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados”. Pero, también dice esa norma, y lo ratifica su reglamentación, que las únicas entidades para llevar adelante esas investigaciones y plantaciones, son el Conicet, el INTA y los laboratorios públicos mencionados en el art. 4 de la ley 26.688, aclarando que terceras partes están exentas de ser partícipes.
Aquel convenio desmiente que eso se haya respetado:
convenio cannaba y players CON APENDICES (COMPLETO)
“En total desentendimiento de las leyes, Gerardo Morales crea la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Ley 6.088), con el objeto de realizar estas las actividades que estaban consignadas solamente el INTA, el Conicet y los laboratorios de producción pública”, explica ahora Giusti. “A través de la ley 6.088, lo que intenta es saltar el cerco legal impuesto por las leyes 23.737, 27.350 y normas concordantes y reglamentarias, Con esta ley pretenden autopermitirse todo lo que está prohibido desde Nación”.
“Ellos”, completa Giusti, “no lo lograron hacer porque cambió el gobierno nacional en el medio y Gines González García (el ex ministro de Salud de Alberto Fernández) estaba en contra de la legalización del uso recreativo de la marihuana. Entonces nos dijeron a los jujeños: ´Nosotros vamos a producir y exportar marihuana medicinal´. De todos modos, pusieron una variedad que se llama Blueberry que es rica en THC (Tetraclorocanabidol, que es la sustancia alucinógena) y no en CBD, que tiene comprobados usos científicos y medicinales”.
Continúa diciendo Giusti que “además en Cannava no daban con el manejo agropecuario y lo que tienen es un alto nivel en gastos de funcionamiento, porque necesitaban mucha gente. Hoy creo que tienen 237 empleados, pero no hay consumo de aceite que explique semejante inversión. Hicieron algunas exportaciones de aceite, de otros concentrados, pero también de marihuana a granel, flores empaquetadas, como si fuese medicinal, a Australia, a Alemania y a Portugal”, denunció.
Por su parte, la abogada Alejandra Cejas, ex diputada provincial que fue separada de su cargo por ser partícipe de varias denuncias judiciales por Cannava, opina que “esta no es una empresa destinada a ganar recursos económicos para la provincia. Es una empresa que ha nacido bajo la impronta del hijo de Morales y que es para que blanqueen la verdadera situación, que es la venta de marihuana a granel y para uso recreativo”.
“La única empresa a nivel internacional que trabaja efectivamente con el cannabis medicinal es Aphira, la canadiense, y que provee a todo el mundo. Por ejemplo, el Garrahan se provee con ese cannabis, que está modificado genéticamente para no tener THC”, explica.
La superficie en producción es también algo que no se pudo develar todavía. Las fuentes mencionan que van desde 10 hasta 90 hectáreas en uno de los enclaves agrícolas de la provincia. La Finca El Pongo fue donada a la provincia en 1965 por el Doctor Plinio Zabala, para que sea utilizada en beneficio de la comunidad, junto a la instalación y sostenimiento de un hospital local, situación lejana de su deseo póstumo.
“Apenas asumió, Morales nos dijo que aquí se iba a hacer todo como él dice sino nos teníamos que ir de la finca. Son 14 mil hectáreas las que cuidamos hace muchas generaciones. Tenemos denuncias de desalojo, pero nos seguimos defendiendo”, comenta una productora de El Pongo sobre el manejo discrecional de esas tierras fiscales.
Alejandra Cejas agrega sobre este punto: “Además de que se apropiaron de una finca estatal que fue donada para la producción de frutas y hortalizas de Jujuy, empezaron a desalojar de manera furiosa, furibunda, a los agricultores, a nuestros pequeños campesinos, para plantar marihuana”.
“Mucho cannabis, mucho litio y cero pesos en el bolsillo”, dice una de las consignas que los docentes jujeños cantan en cada manifestación.
Mercedes Sosa, secretaria gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior Jujuy (CEDEMS), comenta indignada sobre el último traspaso de fondos a la firma Cannava: “Esto es, al menos, contradictorio. Es desesperante la situación de los docentes en la provincia, cuando los sueldos son cercanos a la mitad del valor de la canasta básica y más del 70% de nuestros ingresos son en negro. Recién logramos que se abran las paritarias, pero seguro que nos van a ofrecer un aumento insignificante. En este contexto, enterarnos de los millonarios traspasos de fondos nos parece una afrenta al pueblo jujeño. ¿Qué beneficios nos trae Cannava?, la verdad es que no lo sabemos porque no hay información de cómo se administra la empresa”.
“Si hay una característica fundamental de la sociedad estatal que yo presido es la trasparencia y el acceso a la información pública”, sostenía Gastón Morales en una entrevista a un medio local. Pero Cejas lo contradice diciendo “no hay información pública porque no pueden justificar los gastos que tienen ni el destino que tiene la marihuana”.
“No es una asociación o una empresa con fines lícitos. Ese es el problema. Si informan, aparecen los problemas”, razona.
Por su parte Giusti opina: “Morales jodió mucho con la Ley de Acceso (a la Información, sancionada en diciembre de 2015 y reglamentada en 2016), porque al gobierno de Fellner había que sacarle la información con tirabuzones. Morales hizo un cambio, una plataforma de gobierno abierto, de acceso a la información pública, pero te contestan lo que quieren, cuando quieren. Ellos ocultan la información, le rinden a la hoy Auditoría General de la Provincia, a destiempo y con balances dudosos, un dibujo. La AGP está completamente manejada por estos tipos”.
A ciegas intentamos hacer números. Gerardo Morales, unos meses antes de dejar la gobernación, calculaba frente a un medio televisivo local que, “con este programa para atender a la enfermedad de epilepsia refractaria en tantos pacientes, de forma gratuita en nuestro hospital de Perico, tenemos a nivel industrial, 35 hectáreas, 85 mil plantas y 25 mil kilogramos de flor que vamos a obtener. Este proyecto tiene que escalar a 600 hectáreas”.
De ser ciertos los números de Morales, cada hectárea produce 2500 plantas y de cada planta se cosechan 30 gramos de flor o cogollo. Estos datos están muy por debajo de la información que provee el INTA Bariloche, presentados en un Congreso en 2025: “Para las plantas que crecieron en contenedores con sustrato o en suelo la densidad de plantación fue de 1,36 +/- 0,77 plantas/m2, la duración total del ciclo fue de 108 +/- 29 días, la altura de planta fue de 120 +/- 41 cm, el rendimiento de biomasa floral fue de 83,25 +/- 31 gramos por planta (en contenedor) y de 435,24 +/- 226,74 gramos por planta (en suelo). El porcentaje de CBD fue de 11,73% +/- 2,02% y el de THC de 0,54% +/- 0,092%”, lo que se resume en un promedio de 13.600 plantas por hectárea y rendimientos por planta cercamos a los 400 gramos”.
Los datos que difunde el abogado Alberto Nallar, otro letrado que viene denunciando los manejos gubernamentales y fue perseguido judicialmente, incluso condenado a más de tres años de prisión por “Instigación a cometer delitos, Incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”, durante las jornadas conocidas como El Jujeñazo de mediados de 2023, son mucho más parecidos a los que difunde el INTA que a los que comentaba Morales.
“En el 2019 se comienza la plantación y tenemos muchas cosechas. ¿Alguien tuvo la curiosidad de saber a dónde están esas cosechas? Lo voy a decir así de modo vulgar, este verso del cannabis medicinal no existe”, concluye Nallar, en una de sus intervenciones públicas.
Alejandra Cejas agrega que “esto cada día es más complejo, hay plantaciones detectadas y denunciadas de marihuana en la zona de los valles de Jujuy, hay muchos productores tabacaleros que, a través de acuerdos con la empresa, están produciendo cannabis. Un caso emblemático es gente asociada al Poder Judicial, como una jueza que ahora salió en los medios por encubrir a un cura acusado de abuso. Ella es productora agropecuaria, accionista de la Cámara de Tabaco, el sector del poder está vinculado ahí, y ellos firmaron para plantar marihuana”.
Concluye Cejas, “Cannava trata de darle legitimidad a lo que está expresamente prohibido por la ley de estupefacientes, que es la plantación y exportación de cultivos como la marihuana”.
La verdad es que esta investigación no puede determinar si esta y otras denunciantes tienen fundamento o no. Pero todas estas versiones crecen de la mano del abrumador silencio instalado desde la empresa y la falta de transparencia desde el gobierno provincial.
