“Aún están pendientes de resolución o, en su caso, de pago, varias actuaciones administrativas por las que los interesados solicitaron, oportunamente, el pago de compensaciones o subsidios al consumo interno.”, escribió la Secretaría de Agricultura en la Resolución 21/2019, que fue dictada el 5 de febrero de ese año.
Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.
Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.
La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.
Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.
Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.
Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.
En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:
- El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
- Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.
Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.
En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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