En el año 2014, un grupo de productores se agrupan en Prodeco “Consenso Tucumán”, una asociación orientada a defender la propiedad privada, temerosos de las usurpaciones de tierras rurales. La presidente de esa ONG es Dora Griselda Pérez, una productora ganadera de la zona de Nogalito, un pueblo a 70 kilómetros de la capital tucumana.
Los años pasan, las denuncias se acumulan y la justicia no resuelve. Esto provoca que cada tanto cualquier chispa rompa una muy tensa calma. El pasado lunes 16 de octubre Dora denunció que fue agredida nuevamente por gente que se ha instalado en una porción de las 700 hectáreas que posee.
“Somos muchísima gente afectada que nos juntamos al ver el abandono del Estado y la justicia. No teníamos respuestas a tantos atropellos a la propiedad privada, no se respeta el título de propiedad”, explicó Dora a Bichos de Campo. Dijo luego que son cerca de 400 miembros en la asociación. Y completó: “Este calvario comenzó en el segundo gobierno del kirchnerismo, allá por el año 2008”.
Según la presidenta de Prodeco, la mayoría de los títulos de propiedad sobre las tierras en litigio datan del siglo XIX y “ni una sola hectárea se contemple como territorio fiscal”. Sin embargo, desde el año 2020 Dora y su familia tuvieron que abrir una causa judicial, donde se denuncia a un grupo de intrusos que les impide desarrollar cualquier actividad productiva en su propio campo, luego de matarle gran número de equinos.
“No podemos desarrollar ninguna actividad en lo que es de nosotros porque todo lo destruyen. Si sembrás algo te lo dañan, si pones alambres te lo rompen. O sea cualquier actividad de desarrollo de campo que quieras emprender, ellos la destruyen”, remarcó Dora.
La bronca de los productores tucumanos, más allá del daño a la producción y la usurpación de sus tierras, radica en la ilegitimidad de estas comunidades que se definen como “originarias”, y que contarían con el apoyo ciego de instituciones gubernamentales que se ocupan de los asuntos indígenas. Aseguran que en realidad en estos grupos no hay ningún linaje indígena, que no son más que grupo que se autoproclama como parte de los pueblos originarios.
“No solo en Tucumán, sino en varios lugares de Salta y Santiago del Estero. Estas han sido las provincias que más comunidades indígenas han creado. Y todos estos años los gobiernos han seguido dándole personería jurídica a esta gente ya que la Ley 26.160 los ampara. Mientras, nosotros nos sentimos desprotegidos”, argumentó la productora.
-¿Cuantas hectáreas dentro de tu predio están ocupadas por estas comunidades?
-En mi caso, existen 3 o 4 familias que son de hermanos del cacique y agresor José Manuel Pérez, instalado en mi propiedad. Ellos vienen viviendo acá hace bastante tiempo, porque mi abuelo les arrendaba una hectárea de tierra para que vivieran y pudieran sembrar verduras. Yo tengo recibos y documentos donde consta que ellos pagaban un arriendo. Hoy están desplegados en casi toda la parte que no tengo cerrada. Me es imposible abarcar toda la extensión, menos si no puedo desarrollar ninguna actividad.
Dora no es la única productora que vive esta realidad y a un poco más de 100 kilómetros de su finca otros propietarios de tierra tienen que lidiar con los supuestos usurpadores. “A un productor recientemente le robaron las mangueras con la que realiza su sistema de riego por goteo, porque ha intentado desalojarlos dos veces”, comentó.
-¿Cuál es la posición de la justicia ante esta situación?
-Desgraciadamente la ley que nosotros manejamos los desaloja y pasan dos días y nuevamente toman la tierra. Entonces tenés que iniciar un juicio. Eso nos afecta a nosotros mucho y les da más fuerza a ellos. Hace mucho nosotros venimos denunciando, pero ellos recurren al INADI (Instituto nacional contra la discriminación) y nos acusan de que los discriminamos por ser tribus indígenas.
Dora Pérez asegura que ante las acusaciones por daños, el cacique ha sido declarado culpable por la justicia penal. Sin embargo de los 4 años de sentencia no ha cumplido ninguno. “Es la justicia la que dice que este tipo es culpable, no lo culpo yo”, argumentó.
-¿Cuantas causas y denuncias están registradas en la justicia sobre estas comunidades?
-Tienen muchas causas pendientes, son muchas las denuncias por daños materiales, robos, amenazas y persecución. Desde abril de 2020 yo le hice una denuncia por agresiones y esa la causa que está pendiente para elevación a juicio. Existen muchas pruebas y testigos de ese día, por eso hemos abierto otra causa porque trataron de matarme a mí y a mi hijo.
Pese a estas denuncias, Dora dice sentirse abandonada por las instituciones estatales. “Yo he denunciado públicamente que me he sentido abandonada. Hice la denuncia por violencia de género y me han dicho que los hechos no encuadran dentro de una violencia hacia la mujer y no me han querido tomar la denuncia”, relató.
-¿Los integrantes de Prodeco tienen alguna denuncia en el INADI?
-Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia en el INADI, sí en la comisaria. Pero hemos concurrido con la denuncia policial radicada a la institución y refieren que los únicos discriminados son los pueblos originarios y que es odio lo que nosotros sentimos hacia ellos.
La agresion a la propiedad privada está libre de culpa y cargo porque el gobierno asi lo quiere. Sucede en todas partes. Cada cual debe defender lo propio con lo que sea. El estado no sólo está ausente, sino que es cómplice.
Estos gobiernos populistas de mierda con el verso de los derechos ancestrales sobre la tierra le están complicando la vida a mucha gente, no solo a productores y la justicia cómplice mira para otro lado. Se cagan en la propiedad privada y creen que por qué uno tiene unas hectáreas tiene la obligación de regalarle a estos truchos lo que costó tanto esfuerzo. Son una basura estos peronchos corruptos inescrupulosos.
Dicen que no tienen”linaje originario” pero si les haces un adn 100% seguro que sale positivo. Basta mirar las fotos.
El estado debería mediar para que esa comunidad tenga sus tierras demarcadas y sin conflicto, aunque eso implique una reducción del tamaño del campo. Y seguramente la propietaria ha desmontado bosque nativo para su actividad.
A mí me usurparon el jardín de mi casa en yerba buena vivo adentro de mi casa con todos los títulos perfectos y anotada en el registro de la propiedad y la justicia penal los deja en mi jardín! Hace unos días me pusieron un alambrado perimetral separando mi jardín en 2, porq además los fiscales penales q me archivan todas mis denuncias están ACUSADOS ellos mismos de usurpar terrenos busque en Google fiscal Mariana Rivadeneira acusada de usurpar terrenos y ella misma se ocupa de las usurpaciónes
Estos casos no los resuelve el poder ejecutivo, no esta facultado para eso, esto depende del poder judicial que es independiente de poder ejecutivo y legislativo.
El poder judicial lo puede resolver en cinco minutos con solo pedir el titulo de propiedad, comprobar que sea legal, luego mandar a desalojar a los intrusos.
Esto pasa porque el poder judicial comenzando por la Corte Suprema no es independiente, responde a intereses ajenos a la justicia por dinero o extorsion.
ASI DE SIMPLE ES LA SOLUCION, PERO PARA MUCHOS ES CULPA DEL PODER EJECUTIVO DE TURNO