Siguiendo los pasos de Santa Fe, la provincia de Córdoba también solicitó al gobierno nacional que no renueve la política crediticia discriminatoria contra productores de soja.
El ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, solicitó a las autoridades del Banco Central (BCRA) que no prorroguen la Comunicación “A” 7931 que vence el 30 de este mes.
A fines del año pasado, el BCRA –ya con el nuevo gobierno presidido por Javier Milei– decidió prorrogar el régimen que penaliza a los productores de soja creado por funcionarios kirchneristas con el propósito de forzar ventas de soja y así recomponer las escasas reservas internacionales del BCRA.
La medida establece que aquellos productores que no hayan vendido al menos el 95% de su cosecha de soja deberán ser castigados con una tasa de interés superior al del resto de las empresas que integran las distintas actividades de la economía argentina.
La norma especifica que “la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos –cualquiera sea la forma de instrumentación– a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de productor con acopio de su producción de soja será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada” en caso de tener en stock más del 5% de su última cosecha de la oleaginosa.
“Esta medida significa un mayor costo financiero y atenta contra el crecimiento del sector. El gobierno (nacional) tiene la posibilidad de aliviar a los productores, de sacar una parte de la presión que el campo soporta desde años”, dijo Busso, para luego añadir que “sería una clara señal para el campo y ofrecería alivio a los productores”.
Busso insistió en la necesidad de que los productores accedan libremente a los créditos disponibles en iguales condiciones que otras actividades económicas. “El campo necesita un gesto. Si se avanza con sacar esta medida, se incentiva a los productores. El próximo paso tiene que ser la quita de todas las retenciones”, sostuvo.
Las autoridades de la Comisión de Enlace de Córdoba avalaron el pedido de la cartera. “Necesitamos tasas competitivas para incrementar la producción. Es un cepo financiero que castiga a la producción y la decisión de no prorrogarla sería positiva”, coincidieron en afirmar José Luis Careggio, Vanesa Padulles, Patricio Kilmurray y Albina Capellán, de la Comisión de Enlace provincial.
