Buena parte de los productores y acopios que forman parte de la lista de acreedores del concurso preventivo de Vicentin vendieron en su momento granos “a fijar” a la compañía santafesina tentados por condiciones comerciales que en su momento fueron juzgadas como atractivas. Pero ahora saben que cometieron un error.
El “affaire” Vicentin debe servir como caso escuela para redimir a todos los analistas y consultores que, durante décadas, insistieron en el hecho de que las ventas de granos a fijar debían ser erradicadas del portafolio de opciones comerciales del empresario agrícola.
La mayor parte de los productores ignoraron siempre esa recomendación, imaginando que, al entregar los granos, podían desatenderse de la cuestión logística sin mayores riesgos y dejar una posición abierta que, en algunos casos, tenía incluso un “premio” de algunos dólares más por toneladas respecto del valor de referencia de fijación.
La gestión profesional del comercio granario debería sustentarse en el uso sistemático de mercados de futuros agrícolas combinado con el empleo de silobolsas o el uso del servicio de acopio, el cual tendría que contar con una regulación específica que garantice la no realización de negocios sin autorización del propietario de los granos. La hipótesis del fiscal Miguel Moreno, precisamente, es que el directorio de Vicentin SAIC se valió de ese déficit de regulación para engañar a los bancos.
Hoy muchos de los productores que tienen mercadería “adentro” de la concursada e intervenida Vicentin deberían haber aprendido –suponemos– la lección: entregar granos a fijar es una operación riesgosa en un país inestable como la Argentina. Especialmente cuando existen alternativas disponibles para evitarlo.
Pero los números, lamentablemente, dicen otra cosa: de las 36,5 millones de toneladas de soja 2019/20 comercializadas hasta la fecha, el 40% se hizo con la modalidad “a fijar”. Y un increíble número de 5,75 millones de toneladas permanece abierto (sin fijar) a pesar de que la soja Rosario disponible tiene un valor superior a 300 u$s/tonelada desde octubre pasado.
La comodidad y la ley del menor esfuerzo son siempre la solución fácil. Pero en el comercio de granos aplicar tales preceptos implica asumir un riesgo enorme, el cual, lamentablemente, se evidencia cuando ya es demasiado tarde.