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Ante la crisis hídrica, en San Juan quieren modificar las tarifas a regantes y comenzar a cobrar el agua de pozo

Sofia Selasco por Sofia Selasco
8 septiembre, 2021

Hace cuatro años que San Juan enfrenta una sequía inusitada que, sumada a la escasez de nevadas, ha dejado a la provincia con una importante crisis hídrica. En ese marco, el Instituto del Agua, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo, propuso avanzar hacia un programa para los regantes que equipare las tarifas que se pagan por el agua superficial y el agua subterránea, de manera tal de implementar un modelo donde sólo se pague por el volumen usado. Pero eso fue fuertemente rechazado por viñateros y chacareros.

Parte del problema reside en que el Código de Aguas de la provincia estipula que se debe mantener la gratuidad del agua y que está prohibido el pago de tasas extras para aguas subterráneas. Además, según los artículos 162 y 164 de dicho Código, el agua debe ser de distribución igualitaria entre regantes, por lo que su entrega por volumen se contrapone a la legislación.

¿Cómo se distribuye el agua en San Juan? Una parte proviene del agua de deshielo de la Cordillera, que es la que se conoce como agua superficial y alimenta los diques y canales. Otra parte se obtiene de perforaciones subterráneas de las cuencas, que también se suma al caudal de agua que obtienen los regantes, sobre todo en esta época de seca.

El agua superficial es gratuita, solo se debe abonar una tasa retributiva del servicio, que contempla el mantenimiento de los canales generales, ramos y cunetas, para que la misma llegue a destino. Esa tasa está en promedio de 1500 pesos por hectárea por año.

En cuanto a las perforaciones, el Estado tiene algunas con las que alimenta la red pública, pero no son suficientes. Esto ha llevado a que algunos productores costeen desde su bolsillo instalaciones de extracción propias, que son muy costosas, ya que se sostienen por motores alimentados con biodiésel o bien por electricidad.

 

“Para extraer 50 litros por segundo, tenés que tener una bomba de 50 Hp que consume 40.000 o 50.000 pesos mensuales de energía como mínimo. A eso hay que sumarle impuestos. De la perforación que yo pongo a funcionar, me hago cargo yo de la tarifa”, señaló a Bichos de Campo Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan.

Como la seca ha diezmado el volumen de agua superficial, se debe complementar el volumen con agua de pozo. “Yo pago para regar diez hectáreas y me viene agua para apenas cinco. Las otras cinco tengo que suplirlas con el agua subterránea y para eso el Estado no me da la plata: yo debo pagar la energía. Entonces si no me da la plata, ¿cómo me van a querer cobrar un derecho por esa agua que yo extraje?”, sostuvo Garcés.

“Son propuestas de personas que son muy respetadas, que saben mucho, pero que no tienen experiencia de estar bajo un parral como quien les habla, que llevo 52 años bajo uno”, agregó.

A diferencia de lo que sucede con la agricultura extensiva, las producciones intensivas requieren un riego continuo porque, de lo contrario, se pierde el capital productivo. “Lo primordial es mantener ese parral con el riego mínimo para que no se seque, aunque la producción caiga. Ya vendrán años mejores donde elevaremos la producción”, aseguró el productor.

Basterra llevó algo de plata del Fondo de Emergencia a San Juan, pero volvió con un pedido serio para impulsar una Ley de Sequía

En relación a la optimización de los recursos, las asociaciones de productores vienen pidiendo desde hace tiempo la instalación de cañerías que permitan presurizar el agua. Como los diques se encuentran a 100 ó 200 metros sobre el nivel de las quintas, el desnivel permitiría que el agua obtenga mayor presión por la altura y mejoraría así el sistema de riego.

“Ahorraríamos con eso un 70% del agua, porque un riego presurizado por goteo solo requiere un 30% del agua que se utiliza en forma manual. Con ese sistema sí estaríamos dispuestos a pagar por volumen usado; caso contrario seguiremos defendiendo la gratuidad del agua. La ley asegura que se debe hacer un reparto igualitario bajo un determinado coeficiente para toda la provincia. No hay excepciones entre quienes tienen más o menos plata, todos reciben lo mismo. Es una de las cosas buenas de esa ley”, consideró Garcés.

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