Uno de los grandes temas pendientes del sector agropecuarios que nunca pudo ver luz al final del túnel es la necesidad de sancionar una nueva Ley de Semillas. Así, continúa vigente la que data de 1973, mucho antes de que se dieran enormes cambios en innovación tecnológica y las semillas transgénicas fueran adoptadas rápidamente por los agricultores.
“Creemos que Argentina se merece tener una nueva ley acorde a lo que es la investigación, desarrollo e innovación tecnológica para poder aprovechar el conocimiento de base. Hoy estamos hablando de edición génica que es la tercer revolución en términos de mejoramiento luego de lo que fue el mejoramiento básico del germoplasma, luego la biotecnología, y mientras tanto seguimos con una ley de 1973”, dijo a Bichos de Campo Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
En 2019, el sector agrícola y Gobierno de Mauricio Macri habían puesto muchas fichas en que finalmente pudiera haber una actualización de la ley. Pero no. ¿Qué trabó el debate? “Lo que faltó fue política. Al anterior gobierno de Cambiemos le faltaron votos para obtener el quórum y la mayoría necesaria para que el dictamen que había obtenido la Comisión de Agricultura finalmente pudiera ser tratado en Diputados y Senadores”, respondió Paseyro.
En cuanto a si estaban de acuerdo con el contenido de ese proyecto de ley, Paseyro comentó que “trabajamos previamente en una mesa con el sector privado, con instituciones de productores, CREA y Aapresid. Eso se elevó en un acta de entendimiento que elevamos al entonces ministro Luis Miguel Etchevehere cuando apenas asumió. Queríamos que ese fuese el insumo sobre el cual se trabajase en el texto del proyecto de ley, pero finalmente no fue una iniciativa del Ejecutivo sino que la Comisión de Agricultura trabajó otro texto. En líneas generales estábamos igual de acuerdo, pero había cuestiones que queríamos corregir. Igualmente, al no tratarse el proyecto, nada de eso ocurrió”, relató el empresario.
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Las cuestiones que querían corregir desde ASA, según Paseyro, “tenían que ver con el control y las facultades del Instituto Nacional de Semillas (Inase) de establecer acuerdos con el sector privado, y luego había zonas grises en la redacción y en el articulado de algunas cosas, y queríamos que fuese claro para todas las partes. El Estado es una de ellas, pero también los productores y desarrolladores”.
El dictamen perdió estado parlamentario a fines de 2019, pero Paseyro se mostró expectante de que se reanude el debate en el Congreso. “Creemos que cuando se retome, el punto de partida no será cero sino que partiremos de acuerdos básicos”, respondió, pero remarcó que “quizás no sea prioridad en el arranque legislativo”.
“Creemos que hay otras prioridades y lo estamos viendo en estos días a nivel nacional, donde se corrió una carrera maratónica por obtener una ley de Solidaridad de parte del Gobierno. Y lo mismo está pasando en provincias como Santa Fe y Buenos Aires”, agregó el presidente de ASA.
“Habrá que ver cómo reaccionará la economía a partir de estas medidas. Luego la prioridad seguirá en las negociaciones con los acreedores y con el FMI, pero para nosotros como sector semillero, este es un tema prioritario y tendremos que trabajarlo dentro del contexto. Habrá que ver quién presida la comisión de Agricultura y cuáles son los temas que querrá tratar”, concluyó.
