El gobierno, luego del fallido intento de intervenir en 2020 a la concursada Vicentin SAIC, reflotó el proyecto para hacerse con el control de la compañía agroindustrial.
“En su momento, la alternativa Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina”, dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista publicad hoy por el diario Página 12.
“En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido, se podría dar la posibilidad del ‘cram down’; yo dije ‘estudiémoslo, porque es posible’. Lo que no es posible es esta lógica de ‘expropiemos empresas de cualquier modo’ porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”, apuntó Fernández (con un mensaje destinado al sector kirchnerista de la coalición gobernante).
Esta semana la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino el concurso de Vicentin SAIC para suspender todos los procesos legales vigentes desde el inicio del concurso en febrero de 2020.
Inédito: La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino el concurso de Vicentin
El “cram down” al que se refiere el presidente consiste en la apertura de un registro –que debería ser instrumentado por la Corte Suprema de Santa Fe– para la inscripción de propuestas de rescate la Vicentin por parte de cualquier interesado.
El proceso de “cram down” contempla la necesidad de valuar los activos de la empresa concursada, luego de lo cual debe realizarse una audiencia para que todos los interesados –de manera abierta– presenten su propuesta de rescate. Los acreedores, conocidas las diferentes alternativas, pueden votar por uno o varias, de manera tal que aquella que tenga las mayorías necesarias será la ganadora. ¿Y si ninguna obtiene la mayoría? En ese caso, se dicta la quiebra de la empresa concursada.
Entonces, el presidente estaría evaluando la posibilidad de presentar una propuesta de rescate en el eventual proceso de “cram down” que instrumentaría la Corte Suprema de Santa Fe. Pero, ¿cómo lo haría? Es muy probable que lo instrumente a través de YPF Agro, la división de la compañía petrolera que se encarga de comercializar agroinsumos y también de procesar a fazón y exportar granos recibidos en canjes de insumos.
“A mí me parece que la Argentina tiene que repensar su estructura en materia alimentaria, así como en el tema de comercialización de cereales. Les doy un ejemplo: el gas en boca de pozo lo estamos pagando 3,40 dólares (el millón de BTU), y en EE.UU. está a 6,50. Eso es el resultado, en gran medida, de que esté YPF en manos del Estado. Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor”, indicó Fernández.
El ejemplo de YPF como “ordenador” del mercado quizás no sea el más feliz en un contexto en el cual existe desabastecimiento de gasoil en la mayor parte del territorio argentino y el precio de ese combustible en el segmento mayorista está desregulado de facto. Adicionalmente, vale recordar que, si bien cuenta con los recursos necesarios para ser un país independiente en materia energética, Argentina debe emplear grandes cantidades de divisas para importar combustibles y gas porque no existen incentivos que propicien inversiones internas.
“Lo que tendríamos que estar trabajando, y lo estamos intentando, es en un proceso que empiece a romper esas lógicas oligopólicas. Ahora, no por justificarme, sino por poner el tema en contexto, es muy difícil hacer eso con dos años de pandemia y una guerra como la que se desató que afecta precisamente el mundo de los alimentos. Muy difícil. Yo, lo que siento es que tenemos que empezar a hacerlo”, apuntó el presidente.
“Ahora, nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas . No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas”, agregó.
La posibilidad de obtener una propuesta que sea aprobaba en un “cram down” por la mayoría de los acreedores depende en buena medida de la decisión que tomen las entidades financieras internacionales que integran el concurso (International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, ING Bank, Natixis New York Branch y Coöperatieve Rabobank), dado que cuentan con deudas dolarizadas que representan un volumen muy significativo del capital concursal.
Si bien el proceso concursal del caso Vicentin es por demás complejo, en el gobierno de Alberto Fernández muchos vienen soñando hace rato con la posibilidad de contar con una compañía agroindustrial estatal, pues, al tener el monopolio de la emisión de pesos, el Estado podría ofrecer valores superiores a los de mercado para originar mercadería y hacerse así de granos, es decir, de divisas, aunque las experiencias argentinas de empresas gestionadas por funcionarios estatales son deplorables.
