Luego de que el juez del concurso de Vicentin SAIC, Fabián Lorenzini, ordenara a los síndicos que verifiquen la capacidad de pago de servicios y salarios de la compañía agroindustrial, el directorio de la empresa indicó que estaría en condiciones de reiniciar actividades luego de la sorpresiva interrupción de la operatoria una semana atrás.
Ayer viernes Lorenzini organizó en la ciudad santafesina de Reconquista una audiencia que se propuso evaluar la situación económica, financiera y operativa de Vicentin, además de escuchar a los actores relacionados con el proceso concursal.
En la audiencia, representantes de la Union Agrícola Avellaneda y de Bioenergías SA propusieron continuar con los fazones de girasol y de bioetanol en las plantas de Ricardone y Avellaneda, respectivamente, tal como venían haciendo hasta la interrupción de operaciones decidida por el directorio de Vicentin.
Luego del evento, Lorenzini ordenó a los síndicos concursales “controlar el destino del dinero existente en cajas, cuentas bancarias y todo otro tipo de dinero liquido o liquidable en cuentas en el país o el exterior; asimismo, controlar y auditar el dinero que recibirán como adelanto de fazón por parte de la Union Agrícola Avellaneda y de Bioenergías SA, dado que deberán priorizar el uso de todos los fondos disponibles para el pago de salarios y servicios esenciales”.
documento-3También dispuso “verificar los movimientos de dinero en todas las cuentas bancarias o de toda índole en el exterior” de Vicentin, así como “obtener a la mayor brevedad posible el organigrama de la concursada y los poderes otorgados y vigentes a la fecha desde mandos medios, gerenciales y de toda índole, esenciales para el funcionamiento de las estructuras contractuales y financieras de la empresa”.
Los síndicos, además de indicar que la empresa tiene pasivos postconsursales importantes, señalaron que “no solo no tiene caja, sino que además no cuenta con disponibilidades para afrontar los pagos de sueldos, cargas sociales, energía, gas y demás proveedores críticos”.
Para sostener a la empresa en marcha, mensualmente sólo en concepto de salarios y cargas sociales requiere 4085 millones de pesos, los cuales “traducidos a ingresos por fazones de soja a un valor de 20 dólares por tonelada, representa la molienda de alrededor de 200.000 toneladas mensuales, sin contar los demás costos que genera el proceso (principalmente energía y gas)”. El total de la nómina de personal asciende a 1067 empleados, de los cuáles 226 son ocupados en la planta industrial de Ricardone y 183 en el complejo de Avellaneda
En ese marco, el directorio de Vicentin indicó, por medio de un comunicado, que “habiendo recibido en forma verbal de la Union Agrícola Avellaneda y de Bioenergías la propuesta concreta de adelantar el 50% del precio de sus respectivos fazones, de ser ratificadas estas propuestas por las vías correspondientes, Vicentin estaría en condiciones de poner en marcha nuevamente ambas plantas y abonar la semana que viene un adelanto del 25% de los salarios de todo el personal correspondiente al mes de marzo, y de regularizar además los compromisos comerciales más urgentes como transporte, energía consumida en este proceso, insumos de producción, aportes y contribuciones”.
“Eso debería permitir el giro de la empresa durante lo que resta del mes de abril, comprometiendo además otro adelanto de aproximadamente 25% de los salarios a fin de este mes, en la comprensión de que los servicios de electricidad y gas no serán interrumpidos durante ese período”, añadió.
De todas maneras, la situación de la empresa está al borde la quiebra. “Me encantaría pensar que con nuestra sola presencia o alguna decisión que podamos adoptar todo este cuadro que acabamos de vivenciar se transformaría en algo mejor; que podríamos evitar una quiebra, conminar la desaparición de fuentes de trabajo, y de unidades productivas y cuidar el crédito de los acreedores y de los inversores que han esperando durante años una respuesta”, señaló Lorenzini al finalizar la audiencia. “Pero sería irresponsable y desconsiderado con el momento difícil que todos estamos atravesando prometerles ese resultado”, sentenció.
En febrero pasado la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado el año pasado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi y se desactivó así la homologación del concurso de acreedores de Vicentin SAIC.
La resolución de la Corte Suprema ordenó remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda, el cual sería la Cámara Civil y Comercial de Rafaela, “a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo”.
El acuerdo de rescate del concurso de Vicentin –proceso que se inició en febrero de 2020– contaba con las mayorías necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, ahora con la decisión de la Corte Suprema la causa regresará al tribunal subrogante para que éste inicie un proceso de “cram down”, el cual contempla la apertura de un registro para la inscripción de diferentes propuestas, de manera tal que, una vez realizada la valuación de los activos comprendidos en el concurso, los acreedores puedan votar por la alternativa que consideran más viable o acorde a sus intereses.
El directorio de Vicentin presentó un recurso extraordinario federal para intentar desactivar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el cual aún no tuvo respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
