Casi un año atrás Bichos de Campo entrevistó a Pío Silveyra, uno de los consultores especializados en gestión de arrendamientos agrícolas con más experiencia de la Argentina, para intentar entender qué podría haber detrás del desenfrenado interés por arrendar campos agrícolas ante un panorama que no lucía favorable para el negocio.
Silveyra proyectó entonces que la principal hipótesis detrás de esa movida era que el gobierno de Javier Milei iba a reducir o eliminar los derechos de exportación durante la cosecha gruesa 2024/25. Y no se equivocó.
Sin embargo, debido a la caída de los precios internacionales de la soja, esa reducción tributaria sigue resultando insuficiente y, aun considerando rendimientos normales, muchos perderán dinero con la oleaginosa en la presente campaña 2024/25.
La novedad es que este año se está registrando un cambio sustancial en el negocio de los arrendamientos agrícolas, el cual resulta clave ya que se trata del principal costo de la “industria” responsable de generar la mayor fuente genuina de divisas del país.
“Los mayores grupos agrícolas del país –con excepción de uno solo– este año se propusieron reducir el valor de los arrendamientos entre uno y dos quintales de soja por hectárea con respecto a los valores pagados en 2024, aunque eso implique perder grandes superficies de siembra”, remarcó Silveyra.
Las razones de tal estrategia no son un misterio para nadie que conozca el negocio agrícola: si los resultados de la campaña de soja 2024/25 son nulos a magros, los márgenes proyectados para 2025/26 resultan espeluznantes.
Dante Romano: “No deberíamos convalidar estos niveles de precios de soja”
¿Se podría considerar, tal como sucedió este año, en una nueva rebaja de los derechos de exportación para 2026? “Si Milei resulta victorioso en las elecciones legislativas nacionales de octubre, no tenga dudas de que tendrá margen político suficiente para seguir realizando muchas de las reformas pendientes, entre las cuales se incluye la reducción de los derechos de exportación al campo”, apuntó el consultor.
El problema –siguiendo esa tesis– es que resulta por demás temerario diseñar un negocio a partir del resultado de una elección legislativa, especialmente considerando que los costos de producción medidos en dólares se vienen incrementando fuerte a causa de la apreciación cambiaria.
Los principales operadores vienen realizando grandes esfuerzos por mantener campos en la zona núcleo pampeana, lo que representa, en la mayor parte de los casos, validar los valores en qq/ha de soja negociados en 2024.
Sin embargo, por fuera de la zona núcleo pampeana las negociaciones están abiertas o directamente cerradas –en algunas casos– ante la reticencia de los propietarios por realizar ajustes a los valores acordados el año pasado.
“El concurso de Los Grobo Agropecuaria claramente encendió una alarma porque muestra que el negocio agrícola está atravesando una crisis de competitividad; en ese marco, grandes grupos prefieren reducir superficie de siembra antes que asumir un riesgo desproporcionado a las inversiones requeridas”, afirmó.
Por otra parte, las empresas maniceras, que hasta el año pasado eran una “locomotora” imposible de alcanzar si se ponían un campo en la mira, este año están con la “billetera” mucho menos holgada
“Vale tener en cuenta que este año, con la implementación del nuevo esquema cambiario, la ‘moneda’ de los propietarios –la soja– se revalorizó mucho en dólares y eso es un aspecto importante por considerar”, resaltó.
La única excepción a la regla este año es Cresud, la compañía agropecuaria de la familia Elsztain, que está muy agresiva en el mercado de alquileres de campos y tiene planes para sumar una gran cantidad de superficie agrícola.
En 2024 Cresud –según el último balance trimestral presentado–sembró 119.549 hectáreas agrícolas en la Argentina, de las cuales 56.613 fueron arrendadas a terceros. Este año quiere llegar a las 141.000 hectáreas en la Argentina de la mano de un aumento del área arrendada.
La compañía –junto con su controlada IRSA– muestra una situación económica y financiera sólida, razón por la cual la agencia calificadora FIX en febrero pasado subió la calificación de emisor de largo plazo de Cresud a la categoría AAA(arg) desde AA+(arg) con perspectiva estable.
El otro factor de demanda es la informalidad, dado que existe un grupo de propietarios que, si bien en los “papeles” negocian un determinado valor, reciben otro tanto por “izquierda” para reducir la carga impositiva.
“Para los que trabajamos en la formalidad, la competencia desleal de los que ofrecen abonar parte del arrendamiento en ‘negro’ representa un problema porque es imposible competir contra eso en muchas circunstancias”, indicó.
