Los funcionarios del gobierno de Javier Milei, al igual de lo que sucedía con los del gobierno de Cristina Kirchner, no se caracterizan por contestar preguntas ni por manifestar abiertamente sus opiniones: en ambos casos suele dominarlos el miedo a ser sancionados por sus jefes políticos en caso de expresar una convicción inconveniente con los intereses del oficialismo de turno. Por eso callan sobre temas fundamentales. Desaparecen de escena durante largos períodos de tiempo en los que “la mejor opinión es el silencio”.
Llamó la atención entonces que, luego de ignorar por completo el asunto controvertido de las regalías que reclaman desde hace años los obtentores de nuevas semillas, hubiera un desfile de funcionarios de La Libertad Avanza frente a las empresas nucleadas en al Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que se reunieron en la sede de GDM en Chacabuco para realizar un balance y cierre de año.
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Por el lugar, nunca visto, hubo casi asistencia perfecta de los funcionarios libertarios de la Secretaría de Agricultura. Aunque faltó su titular, Sergio Iraeta, estuvieron reunidos con los semilleros el jefe de Gabinete Martín Fernández (delegado personal de Juan Pazo y quizás con mayor poder que el propio secretario); el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe; el presidente de INASE, Martín Famulari; la presidenta del Senasa, María Beatriz “Pilu” Giraudo; su par del INTA, Nicolás Bronzovich.
Ya quisieran las entidades de la Mesa de Enlace, que agrupan a los productores, lograr semejante atención de este plana mayor a sus problemas.
Se entiende, sin embargo, por qué los funcionarios de Agricultura rompieron el largo silencio que se impusieron sobre el tema semillas luego del primer y estrepitoso fracaso que tuvo el gobierno de Milei: cuando intentó sancionar la Ley Bases a principio de su mandato, el Congreso borró de un plumazo un artículo muy breve pero clave, que pretendía la inclusión de Argentina al sistema UPOV 91, que es el que permitiría poner límites al “uso propio” en semillas para asegurar de alpún modo a los obtentores que cobrarán un retorno justo por sus innovaciones.
Luego de ese primer fracaso, nadie en Agricultura volvió a mencionar el asunto -y mucho menos dar la cara ante la comunidad semillera- hasta ahora. ¿Qué sucedió de distinto? Una realidad es que el gobierno se impuso en las elecciones de medio término, y por lo tanto hay funcionarios -en especial Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. envalentonados con avanzar en reformas más estructurales que habían quedado pendientes. La de reformar la vieja ley de semillas sería una de ellas.
Pero mucho más definitorio a que los funcionarios de Agricultura hubiesen perdido el “miedo” es que en el acuerdo comercial secreto que se negocia con los Estados Unidos habría una exigencia insoslayable para que el país adhiera finalmente al sistema UPOV 91, para beneplácito de la mayor parte de la industria semillera. En este escenario, y con Donald Trump como soporte, hasta el más huidizo salió de abajo de la cama.
Como sea, el evidente interés de la industria semillera fue mostrar que existió semejante convocatoria de funcionarios a su reunión, por si acaso el día de mañana quieren volver a esconderse debajo de la cama y se olvidan nuevamente de un asunto considerado crítico para el desarrollo de la agricultura en la Argentina: el respeto a la propiedad intelectual en el rubro semillas.
Por eso un comunicado de ASA es claro en subrayar que en la reunión de Chacabuco, junto a esos funcionarios, “se destacaron los avances normativos y regulatorios que permiten una industria más competitiva, así como también se plantearon los desafíos para el 2026”.
“Nuevas tecnologías y Sembra Evolucion (un régimen privado para tratar de subsanar lo que la legislación argentina no brindaría a los obtentores) también tuvieron su capítulo como eslabones claves para incentivar las mejoras continuas, la captura de valor y la inversión en el negocio”, añadió la información.
Que remarcó: “Toda la jornada fue acompañada por funcionarios de diferentes niveles, reforzando la centralidad de la articulación con el sector público para garantizar un marco propicio para producir más y mejores semillas”.
Ricardo Pancelli, gerente de Relaciones Gubernamentales y Registro de BASF, fue presentado a los funcionarios como nuevo presidente de ASA, mientras que el histórico director ejecutivo de la cámara, Alfredo Paseyro destacó que “es sumamente valioso contar con representantes de la Secretaría de Agricultura, el INTA, el Inase y Senasa”.
