“Créase en el ámbito del Ministerio de Agroindustria el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria denominado Fondagro, que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de las acciones que se consideren más eficientes, el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las diversas zonas del país”.
Eso decía el artículo 72 de la Ley 27.341, con la que el gobierno de Mauricio Macri sancionó su Presupuesto Anual en 2017. Amparándose en anuncios realizados en febrero pasado por Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo decidió esta medianoche revocar el contrato de ese Fideicomiso y con esa decisión disolvió de hecho el mencionado Fondagro, una herramienta para intentar hacer al menos alguito de política agropecuaria que fuera creada en la gestión presidencial de Mauricio Macri, cuando el ministro a cargo de Agricultura era el formoseño Ricardo Buryaile.
Casi que estaba cantado, pues poco queda de política agropecuaria activa dentro del gobierno de un país agropecuario como la Argentina: El Fondagro fue creado cuando ese área de gobierno era considerada Ministerio de Agricultura, básicamente con el objetivo de abaratar el acceso a créditos por parte de los productores. Con Milei al mando del barco del sector público, y Caputo lanzado a realizar un drástico ajuste del gasto, de aquel ministerio queda apenas la mueca de la Secretaría de Bioeconomía a cargo de Fernando Vilella, quien ni siquiera cuenta con autorización para manejar sus recursos presupuestarios. El Fondagro era parte de ellos.
“Revócase el Contrato de Fideicomiso suscripto el 10 de abril de 2017 entre el ex Ministerio de Agroindustria y Nación Fideicomisos SA (actual BICE Fideicomisos SA), cuyo modelo de contrato fuera aprobado en virtud de lo dispuesto en la resolución 20 del 10 de febrero de 2017 del ex Ministerio de Agroindustria”, dice ahora la Resolución 333/2024 firmada por el ministro de Economía y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El Fondagro era uno de los fideicomisos mencionados en el primer texto de la Ley Bases que no pasó por el filtro del Congreso, y de los cuales el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en febrero que iban a ser eliminados porque “entendemos que carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política”. En realidad, se trataba de un recurso administrativo ideado por la gestión de Cambiemos para poder acelerar y disponer de partidas presupuestarias de la propia ex Secretaría de Agricultura para apoyar determinadas políticas activas vinculadas con el sector rural. En un primer momento llegó a contar con un presupuesto de 1.000 millones de pesos, que provenía de la propia cartera agropecuaria.
Al disponer el fin del contrato con el banco estatal BICE, que actuaba como fiduciario, Caputo apeló a ese argumento. Primero recordó que la resolución 200 del 16 de abril de 2024 del Ministerio de Economía delegó en la Secretaría Legal y Administrativa las facultades sobre los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes del Estado Nacional. Y luego aclaró que el Fondagro “cumple con los recaudos antes mencionados en virtud de tratarse de un fondo fiduciario integrado con fondos del Estado Nacional”.
Por lo tanto es falaz que aquí se vaya a producir un ahorro de gasto público, ya que el Estado diluye un fideicomiso que se conformaba de fondos públicos, y que por lo tanto deberían ser reintegrados al área correspondiente, la actual Secretaria de Bioeconomía.
Pero eso no sucederá, porque el artículo 3° de la resolución nueva dispone: “Decláranse transferidas, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Fideicomiso, las acreencias que tuviese a su favor el Fondagro al Estado Nacional -Ministerio de Economía-, quien resulta el destinatario final de los fondos integrantes del Fideicomiso”. Agricultura, minga.
Tampoco es cierto en esta caso que el Fondo Agropecuario haya sido una caja de la política, por cuanto su administración siempre estuvo a cargo de las sucesivas gestiones del ex Ministerio o Secretaría de Agricultura (en sus diversas denominaciones). Ahora la gestión del fideicomiso supuestamente había sido encomendada a un comité de cinco personas, de las cuales la mayoría había sido sugerida por el propio Ministerio de Economía.
“Atento al contexto económico actual y vista la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de propender a la mayor transparencia y eficiencia de la Administración Pública Nacional, resulta oportuno proceder a la revocación del mencionado Contrato de Fideicomiso y, por ende, a la extinción del fideicomiso Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria”, dice la Resolución de Caputo, sin mayor explicación ni balance sobre lo realizado -bien o mal- por ese fideicomiso. Tampoco se define ninguna continuidad de las políticas públicas que ese fondo debía llevar a cabo.
Al cierre del ejercicio 2022, según el último balance disponible, el Fondo para hacer política agropecuaria contaba con un activo de 2.802.109.535 pesos.
En su página oficial, el fondo disuelto enumera algunas de las acciones que llevó a cabo durante estos años de gestión, de 2017 a esta parte.
- Reducción de costo financiero en 10 puntos de la tasa de interés a productores afectados por el Cambio Climático con el BNA
- Programa a Productores afectados por heladas tardías con aporte de la SAGYP DE 1000 millones de pesos.
- Reducción del costo financiero en 5 puntos de la tasa de interés, de la Cosecha y Acarreo para Provincias Vitivinícolas.
- Programa Nacional de Apoyo a Universidades Nacionales.
- Programa Nacional Biodesarrollo Argentino – BIODESARROLLAR.
- Créditos para MIPYMES agroalimentarias para inversiones y capital de trabajo.
- Reducción del costo financiero, para Tambos con el Banco de La Nación Argentina.
- Reducción del costo financiero, para la compra de maquinaria de fabricación nacional del Banco de La Nación Argentina.
