La Fundación Barbechando, que se ocupa de seguir los temas de la agenda agropecuaria en el Congreso, publicó su clásico balance legislativo semestral y los resultados encendieron las alarmas: a pesar de no ser un año electoral, la actividad parlamentaria descendió considerablemente en lo que va de 2022, con menos sesiones y leyes sancionadas, comisiones aún sin constituir –cuyo plazo general es entre marzo y abril- y una agenda que poco tuvo que ver con el sector agroindustrial.
¿Cuáles fueron los motivos para esto? Según la ONG, el empate técnico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio –los dos principales bloques con casi idéntica cantidad de diputados y senadores- no permitió que haya lugar para los acuerdos.
“Las negociaciones se frustraron más de una vez, y, también, las diferencias en los propios espacios obligaron a repensar estrategias internas y evitar fugas o quiebres en las coaliciones”, sostuvieron los analistas de Barbechando.
Esto se vio reforzado por el casi nulo trabajo en comisiones, que de forma histórica no terminaron de constituirse. En la Cámara Baja, las comisiones de Agricultura y Ambiente realizaron algunas reuniones informativas y otras para emitir dictámenes sobre proyectos ya consensuados, pero la de Economías Regionales, al igual que en 2021, no se reunió ni una sola vez.
En Senado la comisión de Ambiente tuvo un promedio de reuniones similares al periodo anterior, pero las de Economías Regionales y Agricultura no tuvieron actividad.
En cuanto a la agenda vinculada al sector, Barbechando indicó: “Sólo se sancionaron tres leyes: la promoción del cannabis medicinal y cáñamo industrial, la prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos para humanos y animales; y la prórroga y modificación a la ley de biotecnología que amplió el alcance a la nanotecnología. Con respecto a la autoría de esas leyes, la agenda del oficialismo logró imponerse, donde dos de los tres proyectos impulsado fueron par parte del Poder Ejecutivo y, el restante, del Socialismo”.
En suspenso y a la espera de tratamiento quedaron los proyectos de Fomento de Exportaciones Agroindustriales (CAA) y la modificación a la Ley de Emergencia Agropecuaria.
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Dentro de las iniciativas de ley que impulsan los legisladores, las categorías que concentran el 60% de las propuestas son ambiente, economías regionales y emergencia agropecuaria.
“En la primera categoría, proyectos sobre humedales, incendios y penalizaciones por daño ambiental son las de mayor presencia. En el caso de las economías regionales, se encuentra una proporcionalidad de cultivos regionales, donde la uva, el tabaco, la yerba mate, frutas y verduras y leche son las principales propuestas de promoción. Por último, el tema emergencia agropecuaria, por exceso hídrico o sequías, reúne el tercer eje de propuestas”, detalló la Fundación.
En cuanto al trabajo del segundo semestre, se espera que no difiera mucho del primero en tanto la paridad de fuerzas continuará. “Las fuerzas empatadas buscarán mínimas negociaciones que no generen inclemencias internas, es decir, no abrir a debate temas que dividan a los propios frentes”, determinó Barbechando.
