Productores citrícolas de la zona norte de la provincia de Entre Ríos realizarán este miércoles un tractorazo en Chajarí, para denunciar el hostigamiento que reciben de parte de algunos abogados laborales locales. El reclamo se enmarca en un contexto de aumento de demandas y juicios laborales de parte de trabajadores golondrina, que según indicaron son “inventados” y forman parte de una “industria del juicio”.
“Acá en la zona hay demasiadas demandas laborales de trabajadores golondrina o trabajadores de la zona que no son constantes. Algunos abogados vieron que es fácil hacer demandas y sacar dinero en la zona, a través de las intimaciones previas al juicio, y la zona se ha transformado en una joda”, explicó a Bichos de Campo Elvio Calgaro, miembro de Federación Agraria y ex titular de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER).
Este es el comunicado de los productores y otros sectores económicos que han decidido salir a denunciar a los abogados “caranchos”:
“Nosotros ya le planteamos a algunos legisladores que es necesario que se cambie la legislación laboral. En este caso vamos a tratar de de dejarle un mensaje al Colegio de Abogados para que se pare con todo esto”, indicó el productor.
Los puntos de encuentro de los manifestantes serán en Santa Ana, San Roque, Villa del Rosario, San Ramón y San Pedro, entre otros.
“El problema de la ley laboral en la parte de mano de obra intensiva viene reventando en todos lados. Tanto en la manzana como aquí en la zona nuestra, donde se necesita mucha mano de obra, hay problemas. Y acá se pasaron de vivos algunos profesionales, por eso explota. Pero es un problema de fondo a solucionar”, indicó Elvio.
La manifestación se decidió como medida de apoyo a las declaraciones del abogado local Juan Manuel Labriola, quien días atrás reconoció la existencia denuncias falsas en materia laboral para acorralar a los productores y obligarlos a llegar a un acuerdo económico.
Estas declaraciones incluso llevaron al Colegio de Abogados Seccional Chajarí y Federación a hacer pública una desmentida. “Nuestra actividad se encuentra regulada por la ley 10855 y el reglamento de Ética Profesional que impone a los colegiados el deber de actuar con probidad, lealtad, buena fe y veracidad, no aconsejar o realizar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad”, aclararon sus directivos.
