Ya informamos que el Municipio de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense, le pidió a las autoridades nacionales que le cedan 100 hectáreas de campos del INTA Castelar para construir allí un parque industrial. Pero el ministro Juan Zabaleta, jefe político en ese distrito, no es el único interesado en tan cotizados terrenos. También la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una organización agropecuaria cercana al gobierno, viene negociando la posible cesión de otras 50 o 60 hectáreas, para crear allí una nueva colonia agroecológica de pequeños productores. La diferencia es que no sería un traspaso de la propiedad sino un comodato a largo plazo.
El predio de Castelar, lugar donde tienen su sede varios de los principales institutos de investigación del INTA, donde existe capacidad científica de clonar animales o de hacer cultivos transgénicos, dispone de un total de 600 hectáreas en una zona clave de la región metropolitana. Las dos iniciativas para que parte de esas tierras cambien de manos implicaría en conjunto una pérdida de 150 hectáreas, el 25% del total disponible.
Quizás no resulte tan grave ceder tierras ociosas para mejores emprendimientos, pero aquí nadie parece tener en cuenta las necesidades de los investigadores y técnicos del aparato científico estatal que debe ocuparse de generar nuevas tecnologías para el agro argentino, con todo lo que eso significa. Con investigadores que migran al sector privado, trabajadores mal pagos y serios problemas financieros para sostener sus investigaciones, el INTA aparece aquí solo como un banco de tierras que puede ser sometido a una constante rapiña. Y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, parece ser un convidado de piedra en esta discusión.
La existencia de un proyecto de la UTT en ese lugar fue confirmado a Bichos de Campo por dirigentes de esa organización, que tiene una buena representatividad entre las comunidades de horticultores de los cinturones verdes de La Plata y Buenos Aires, y que ya ha creado varias colonias de pequeños productores. La primera fue hace cinco años en Jáuregui, cerca de Luján. Luego siguieron otras en Mercedes, Castelli, Máximo Paz y San Vicente (Buenos Aires); en Puerto Piray (Misiones); en Gualeguaychú (Entre Ríos).
En marzo pasado, la UTT presentó una de sus últimas colonias en terrenos cedidos por el Municipio de Tapalqué, en el interior provincial. En ese acto participaron representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quienes prometieron luego en un comunicado “facilitar terrenos fiscales en desuso para el desarrollo de colonias agropecuarias que produzcan hortalizas para el consumo comunitario, constituyendo un modelo de trabajo genuino y con eje en la inclusión social”. Se sentían envalentonados por los discursos del presidente Alberto Fernández, que varias veces propuso detectar tierras ociosas de Estado para impulsar este tipo de proyectos.
“Nosotros venimos hace rato trabajando con esta propuesta de colonias agroecológicas. Se la venimos presentando a distintos estamentos del Estado, sea un municipio o distintos organismos, o el mismo INTA, que tiene tierras que están por ahí sin usar, y que incluso han sufrido tomas como sucedió en El Bolsón (el último verano se usurpó un parque forestal del organismo en esa localidad)”, explicó un dirigente de la UTT que participó de las negociaciones por las tierras del INTA Castelar.
En ese caso, confirmó la fuente, “hicimos la propuesta porque ahí hay varias hectáreas que están sin uso. Estamos hablando de 50 o 60 hectáreas. La propuesta es armar una colonia productiva”, explicó. En el caso de Jáuregui y otras colonias semejantes, por 30 años se cede un lote de una hectárea a cada familia campesina que formará la nueva colonia, que de no ser así está condenada a pagar altos alquileres en los cinturones hortícolas. Allí hay que producir verduras sin agroquímicos ni fertilizantes químicos, que se venden luego en el circuito de almacenes que tiene la propia organización.
En este caso del INTA Castelar, no se plantea una cesión definitiva de los terrenos sino un préstamo o comodato a largo plazo. La mejor prueba es que usualmente la hectárea que asigna la UTT a sus productores adheridos viene acompañada de una vivienda. No será esto lo que suceda si prospera esta iniciativa, pues al analizar la factibilidad del proyecto el propio INTA exigió que no hubiera nuevas construcciones dentro de su predio. La gente de la UTT solo produciría allí las verduras pero viviría fuera, cerca de esa zona. “Con el municipio se puede ver la posibilidad de ubicar las viviendas en otro lado”, reconoció la fuente.
La UTT, que acompañó a Alberto y Cristina Kirchner durante la campaña electoral y se hizo bastante reconocida por sus “verdurazos” en contra de las políticas de Mauricio Macri, tiene un pie dentro del gobierno: su principal referente es Nahuel Levaggi, que ocupa la presidencia del Mercado Central de Buenos Aires. De todos modos, no sintoniza bien con otras organizaciones de pequeños productores, como el Movimiento Evita de Emillio Pérsico o el MTE-Rural de Juan Grabois. Por eso negocia esta cesión directamente con la conducción del INTA y sin participación de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, que fue copada por dirigentes de estas otras organizaciones.
“Nuestra propuesta de conformar colonias es exitosa y ha sido probada en otras cosas situaciones. La venimos llevando adelante hace años”, enfatizó el dirigente consultado, dando a entender que esta negociación no parte de una relación política sino del reclamo genuino de los pequeños productores hortícolas para acceder a un pedazo de tierras para producir sin tener que pagar arrendamientos leoninos.
Fuentes del propio INTA confirmaron las diferencias de esta iniciativa de la UTT con el proyecto que impulsa el actual ministro de Desarrollo Social. Zabaleta, quien como intendente de Hurlingham, pidió a la AABE la cesión de 100 hectáreas de campo del INTA Castelar para montar allí un nuevo parque industrial, que permita relocalizar en ese cotizado predio a industrias y empresas de su distrito. “En este caso de la UTT, el proyecto es de producción de alimentos en el periurbano. Está dentro de las funciones del INTA investigar sobre eso. La convivencia sería compatible y beneficiosa para nuestro trabajo”, razonó un funcionario consultado.
En trámite iniciado por Zabaleta para instalar industrias en un predio dedicado desde siempre a la investigación agropecuaria luce mucho más avanzado que el de la organización campesina. A fin de julio, unos días antes de que el político sea convocado para asumir en la cartera de Desarrollo Rural, la AABE dio curso a una consulta al INTA sobre la situación de las 100 hectáreas que se pensaban destinar al nuevo parque industrial Hurlingham.
La tibia respuesta de la conducción del organismo, a cargo de la técnica Susana MIrassou, fue que en esos lotes funcionaban dos sedes de dos institutos de investigación y campos ganaderos donde se alimentaban diversos animales utilizados en diferentes experimentos de vanguardia.
Pero además la respuesta del INTA a la AABE consigna que en los terrenos reclamados por Hurlingham existen una serie de instalaciones de Bioseguridad, que incluyen “una planta de tratamiento de efluentes indispensable para el tratamiento de residuos patogénicos derivados de instalaciones de Boxes y Bioterios de Experimentación del CICVyA (Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas) e institutos dependientes, así como un depósito de residuos especiales del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que se verían comprometidas en caso de afectarse el predio”.
